El secretario de ONU para la prevención de genocidios pretende visitar Colombia

Adama Dieng, asesor especial del secretario general de la ONU sobre la Prevención del Genocidio./Naciones Unidas.

Este martes, desde Nueva York, Adama Dieng, asesor especial del secretario general de la ONU sobre la Prevención del Genocidio, envió una carta al movimiento social Defendamos la Paz, con el fin de ofrecer su respaldo para las comunidades que están viviendo días crueles por la violencia en varias regiones del país. “Me complace informarles que he iniciado consultas destinadas a involucrar tanto a las autoridades gubernamentales como a los dirigentes comunitarios en las medidas que podrían adoptarse para prevenir futuros delitos, incluso, de ser posible, mediante una visita al país”, escribió.

Le preocupa sobre manera, los constantes homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en departamentos como el Cauca, donde, en la última semana, fueron asesinados cuatro de ellos. “Estoy particularmente interesado en conocer los desafíos y las oportunidades relacionadas con la labor de los acuerdos de alerta temprana existentes…”, escribió el asesor de la ONU, refiriéndose a qué tan efectivas son las alertas que está emitiendo la Defensoría del Pueblo, pero que el Gobierno, según lo denunciado por organizaciones de la sociedad civil, no está cumpliendo en varias regiones.

Más temprano, el Movimiento Defendamos la Paz, hizo pública una extensa carta que le dirigió al representante de la Misión Especial de la ONU para el proceso de paz, Carlos Ruiz Massieu. Dicha misiva, firmada por exnegociadores del acuerdo de paz; congresistas y representantes de la sociedad civil, dice que la crisis sanitaria por la pandemia “está ocultando la inacción del Gobierno y alimenta la campaña del partido de Gobierno contra la implementación de la paz”. A dicha afirmación, la carta dice que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 108 homicidios contra líderes sociales en 2019 y que ha registrado 56 denuncias hasta el 24 de marzo pasado.

“Si bien todos debemos celebrar las medidas positivas adoptadas por Colombia para poner fin a un prolongado conflicto y construir los cimientos de un futuro en paz, estas preocupaciones son muy graves y requieren toda la atención posible de las autoridades gubernamentales. Además de la persistencia de los niveles de violencia documentados por las Naciones Unidas y por otros agentes del país, entre ellos Defendamos la Paz, me preocupa también el aumento que se ha registrado en la retórica polarizadora y el uso de un lenguaje estigmatizado, que podría constituir un riesgo adicional para las poblaciones vulnerables”, remarca la carta con la que ha respondido el asesor especial del secretario general de la ONU sobre la Prevención del Genocidio, Adama Dieng.

En dicha misiva, Defendamos la Paz también afirmó que el Gobierno y su partido siguen con intenciones de expulsar a los miembros del partido FARC, firmantes del Acuerdo de Paz, del Congreso de la República mientras cumplen con las condenas dictas por la Justicia Especial para la Paz (JEP); los anuncios de reactivar la fumigación aérea con glifosato; la no excarcelación de los miembros de las Farc que continúan detenidos; y las demandas por desfinanciamiento.

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Por el momento, el Gobierno no se ha pronunciado frente a esta misiva, no obstante, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, ha dicho en los territorios que la implementación de la paz debe continuar: “Para los territorios más vulnerables, que son los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, en un trabajo articulado con la Fuerza Pública, las gobernaciones y las alcaldías de estos territorios hemos agilizado la entrega de ayuda humanitaria, consistente en mercado y algunos elementos de bioseguridad; y hasta algunos lugares se ha llevado agua potable en carro tanques”. No obstante, las criticas le siguen lloviendo al ejecutivo, pues el derramamiento de sangre en esos mismos territorios no se detiene. Según el Partido Farc, desde la firma del Acuerdo y hasta la fecha, van 195 exguerrilleros asesinados a manos de sicarios, mientras que, la Defensoría del Pueblo, en el mismo período, registró el homicidio de 506 defensores comunitarios de derechos humanos.