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Este jueves la oficina del alto comisionado y el secretario general de las Naciones Unidas, presentaron en Bogotá el informe de la situación de derechos humanos que vivió el país en 2018. En un documento de 17 páginas, están consignados los desafíos específicos que plantean la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la corrupción, el incremento de la violencia y la necesidad de reducir la brecha de desigualdad particularmente en zonas rurales.
Igualmente, se presentó un capítulo especial por segundo año consecutivo, respecto a la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc. Desde el análisis a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hasta los detalles más destacados respecto de la violencia en medio de la tensa paz que vive el país.
Según el informe, en 2018 el número de masacres aumentó en un 164 % respecto a 2017, al pasar de 11 a 29 casos. El mayor número de casos ocurrieron en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. En los tres primeros departamentos, la oficina del alto comisionado ha observado una mayor incidencia de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos. Igualmente, el 49,5 % de los municipios registró un aumento de la tasa de homicidios con respecto a 2017. Como ejemplo de lo anterior están los municipios de San José de Uré (Córdoba) y Barrancas (La Guajira), donde la tasa de homicidios creció un 1.473 % y un 880 %, respectivamente.
Por eso, una de las principales recomendaciones al gobierno hace un llamado a garantizar los derechos humanos para lograr una paz sostenible. En ese sentido, la Alta Comisionada instó al Estado colombiano a acelerar el ritmo de implementación de los puntos 1 (Reforma Rural Integral), 3 (Fin del conflicto y reincorporación de las Farc) y 4 (Solución al problema de las drogas ilicítas) del Acuerdo de Paz, “a fin de propiciar cambios positivos e impulsar soluciones duraderas para el desarrollo y la reducción de la pobreza, lo que puede incidir en una reducción sostenible de la violencia”.
El informe también registró que durante el 2018 fueron asesinados 110 defensores de derechos humanos. El 27 % de los casos registrados afectaron a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (18 casos) o afrocolombianas (12 casos), lo que demuestra que algunas comunidades étnicas se ven más afectadas que otras, dice el documento. Asimismo, se registró un aumento de otros tipos de agresiones, tales como amenazas, intentos de asesinato y violaciones de los derechos a la intimidad y a la propiedad.
De acuerdo a la información recopilada sobre las posibles motivaciones de estos asesinatos, el 66 % estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, los efectos de la violencia que afecta a la población en general o el apoyo a la implementación del Acuerdo, y más concretamente la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último motivo en el Cauca y Putumayo. Dichos asesinatos ocurrieron en 24 departamentos del país, concentrándose principalmente en Antioquia, Cauca y Norte de Santander con el 37 % del total de casos registrados en 2018.
Y en este punto, la Alta Comisionada también recomienda al gobierno, a dar seguimiento a la visita oficial del Relator Especial sobre la situación de los defensores, Michel Forst, a través de la implementación de sus recomendaciones principales.