En Bogotá los exguerrilleros podrían cumplir las sanciones propias de la JEP

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Esa es la apuesta de la Alta Consejería distrital para las Víctimas que este jueves, en el marco del lanzamiento de los PDET de la capital del país, anunciará un convenio con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para avanzar con esa propuesta.

Este jueves, la Alcaldía de Bogotá lanzará públicamente su apuesta para implementar el Acuerdo de Paz en la capital del país, que viene construyendo en los últimos meses: sus dos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, conocidos como los PDET, una herramienta pactada en el primer punto del acuerdo para mejorar las condiciones de vida de las zonas más afectadas por la guerra. La Alta Consejería Distrital para las Víctimas ya ha dicho que serán dos: uno para la localidad número 20, Sumapaz, y el otro en el borde suroccidental de la ciudad, entre Bosa, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha.

La premisa del Distrito es que por Bogotá también pasó el conflicto armado y que estas dos zonas se pueden priorizar a través de los PDET, que actualmente se implementan en 170 municipios de regiones como los Montes de María, el Catatumbo, el Magdalena Medio o Urabá. Pero de la mano de ese anuncio vendrá otro crucial para la implementación del acuerdo. El Distrito y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) firmarán un pacto de entendimiento que, entre otras disposiciones, buscaría que en esas zonas PDET de Bogotá se puedan cumplir las sanciones propias que ese tribunal imponga a los responsables de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.

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La JEP puede imponer tres tipos de sanciones: las ordinarias, de quince a veinte años de cárcel, que se impondrán para aquellos que no reconozcan responsabilidad y sean condenados por parte del tribunal de paz; las alternativas, de cinco a ocho años de cárcel, para quienes durante el proceso dijeron que eran inocentes y solo antes del juicio acepten su culpabilidad; y las propias, que no contemplan la cárcel a cambio de la verdad plena, pero tienen unas restricciones por un periodo de entre cinco y ocho años.

De estas últimas se desprenden los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR), que deberán realizar los comparecientes a la JEP para reparar los derechos de las víctimas del conflicto. Según Vladimir Rodríguez, consejero para las víctimas, “Bogotá va a proveer todas las condiciones y va a poner su institucionalidad en función de la Jurisdicción para que cuando salgan las sanciones se puedan aplicar acá en el marco de las afectaciones del conflicto armado en la capital como un territorio ciudad – región”.

Rodríguez aseguró que ello hace parte de la apuesta que tiene el Distrito por territorializar el sistema de justicia transicional, como se ha hecho con la Comisión de la Verdad, con la que firmó un convenio en junio pasado para trabajar en temas de construcción de memoria y verdad extrajudicial. Este nuevo acuerdo con la JEP sería otro paso para avanzar en esa dirección, explicó.

¿Cuáles serían los trabajos y labores que desempeñarían los exguerrilleros para cumplir esas sanciones? De acuerdo con la JEP, si bien en las zonas rurales estos apuntarán a la protección de zonas de reserva, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la mejora de la electrificación y conectividad en zonas agrícolas, en áreas urbanas, como en este caso, las labores podrían ser programas de construcción y reparación de infraestructuras, de acceso a agua potable, construcción de redes y sistemas de saneamiento, de alfabetización y capacitación.

Ese planteamiento de la alcaldía abre la puerta a un debate que aún no ha sido zanjado: la compatibilidad entre el cumplimiento de las sanciones restaurativas de los exguerrilleros y su derecho a la participación política, en particular para quienes la ejercen desde el Congreso de la República, ubicado en la capital del país. Sin embargo, la JEP no se ha pronunciado sobre este punto.

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Igualmente, el acuerdo con la JEP permitiría realizar acompañamiento a los comparecientes ante esta justicia que eventualmente tengan casos territorializados en Bogotá-región, que “si bien no son los más avanzados, no quiere decir que durante este cuatrenio eso no se vaya a dar”, agregó el consejero.

El anuncio del Distrito de este jueves se convierte en un espaldarazo a la implementación del Acuerdo de Paz, en un momento en que la oleada violenta en el país sólo en las dos últimas semanas ha dejado al menos ocho masacres en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Arauca, Antioquia y Norte de Santander, con un saldo de 39 víctimas mortales

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