En Bogotá también persiguen a excombatientes y militantes del partido Comunes

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La colectividad denuncia que en los últimos meses se han recrudecido las amenazas y la persecución a sus miembros en la capital, donde viven al menos 750 firmantes de la paz. Buscan que la ciudad sea pionera en declarar un pacto político por la no violencia.

Desde que se posesionó como la primera edilesa del Partido Comunes (antes FARC) en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, el 1° de enero de 2020, Luceris Segura ha estado en la mira de los armados. Dos meses después de asumir el cargo, mientras impartía un taller de danza a jóvenes del barrio el 5 de marzo, casi una decena de hombres vestidos de negro rodearon el salón comunal en el que se encontraba. Vecinos de la comunidad la alertaron y permaneció en el sitio mientras llamaban a la Policía. Como nunca llegó, fueron los vecinos de la zona quienes acudieron a acompañarla hasta que los desconocidos se retiraron del lugar.

Apenas unas semanas después de ese hecho, otra intimidación similar ocurrió en una escuela de fútbol que periódicamente Luceris Segura acompaña. En esa ocasión, con la llegada de la Policía y el equipo de Derechos Humanos del Partido Comunes, los hombres se esfumaron. “La Junta de Acción Comunal se volvió esclava cambiando vidrios cada semana, porque vuelven y los rompen a piedra”, dice para resumir un sinnúmero de hostigamientos que ha recibido en los últimos meses.

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Su caso no es el único en que miembros del partido de la exguerilla en Bogotá vienen siendo víctimas de agresiones o persecución. En la primera semana de marzo, en medio de los tres homicidios que se cometieron en 24 horas en Sumapaz, un excombatiente de las Farc tuvo que salir desplazado de esa localidad. Hombres desconocidos fueron a buscarlo a la casa de familiares suyos y, según supo, su nombre estaba en una “lista negra”, en la que al parecer también estarían algunos de los asesinados por esos días. Junto con su familia salió desplazado hacia otra localidad más urbana de la capital.

Ambos casos fueron expuestos ante las autoridades distritales y nacionales en una reunión que ocurrió el pasado 25 de marzo en Bogotá, precisamente para analizar la situación de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz y militantes de ese partido en la capital, donde residen alrededor de 750 excombatientes. Encuentro que se citó en seguimiento a los acuerdos a los que se llegó a finales del año pasado luego de la peregrinación de los excombatientes hasta Bogotá. Allí, los representantes de la extinta guerrilla pusieron sobre la mesa el diagnóstico, entre los que se encuentran tres homicidios de exguerrilleros, dos atentados y nueve amenazas contra la vida de firmantes o militantes del Partido Comunes.

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Entre los atentados, el partido denuncia el de Fanny Castellanos, dirigente nacional de la colectividad, que fue atacada en febrero junto con su esquema de seguridad en Usme. Tanto ella como Luceris Segura forman parte de los miembros del partido que en los últimos días han denunciado que desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) han restringido la movilidad de sus escoltas. A eso se suma otra denuncia: “Además de quienes vivimos en Bogotá, están llegando permanentemente personas en reincorporación y militantes en calidad de desplazados, y, más grave aún, familias enteras de quienes han sido asesinados o amenazados”, sostiene Manuela Marín, de la dirección distrital del Partido Comunes y de la Asociación Nuevo Agrupamiento por la Paz Distrito Capital (Ana DC). Actualmente tienen conocimiento de cinco casos de desplazamiento a Bogotá, aunque dice que la cifra es mayor, solo que algunos de ellos prefieren no denunciar.

Una de las principales exigencias que hace la colectividad en Bogotá es que se diseñe y ponga en marcha una ruta distrital de atención a casos de riesgos y amenazas contra sus miembros, pues los caminos que existen hoy, sostienen, han resultado insuficientes. En el caso del excombatiente que tuvo que salir del Sumapaz, el partido buscó acceder a una ruta de extracción segura del territorio a través de las autoridades, pero no fue posible y fue evacuado con sus propios medios. El caso de la edilesa de Ciudad Bolívar fue peor: presentó solicitud de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), le hicieron análisis de riesgo, pero para conocer su resultado tuvo que interponer una tutela contra esa entidad. Le fue decretado un esquema de seguridad de un vehículo blindado y tres escoltas, pero para que se lo implementaran tuvo que interponer una segunda tutela contra la UNP.

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Vladimir Rodríguez, alto consejero distrital para las Víctimas, ha resaltado que la apuesta es hacer de Bogotá una ciudad segura para la reincorporación de los excombatientes y estuvo presente en el encuentro de la semana pasada. “El Distrito viene haciendo el diseño de una ruta especial de atención, pero esa es una ruta complementaria, porque no podemos quitarle la responsabilidad al Gobierno Nacional frente a la protección, seguridad y prevención de riesgos de los excombatientes; la del Distrito es por iniciativa propia y se está haciendo de la mano con miembros del componente Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación”, aseguró.

Según expresó, a la familia del excombatiente que salió del Sumapaz a raíz de los homicidios se le viene brindando toda la atención y la ayuda humanitaria inmediata. “Aquí lo que hemos visto es poca agilidad e incluso negligencia de entidades nacionales; no es posible que aún hoy la Fiscalía no haya hecho presencia en donde sucedieron los hechos”, denunció el alto consejero. “En Bogotá creemos que el mejor mecanismo de prevención, protección y seguridad que les podemos brindar a los excombatientes es la reincorporación integral en todos sus aspectos sociales, económicos, laborales y en la desestigmatización a los excombatientes”, añadió.

Precisamente es en el tema de la desestigmatización en el que más insisten hoy los excombatientes en la capital. Entre las propuestas que dejaron sobre la mesa a las autoridades está que Bogotá sea pionera en realizar un pacto político por el no uso de la violencia, un aspecto que se estipuló en el tercer punto del Acuerdo de La Habana, pero que no ha tenido avances. “El no usar la violencia en la política significa no solamente no amenazarnos sino no estigmatizar nuestras campañas, el no uso del juego sucio, de los señalamientos que por ejemplo desde el partido de gobierno venimos sufriendo, los ataques sistemáticos a la JEP, los cuestionamientos de las versiones y aportes que nosotros damos de la reparación a las víctimas. El pacto busca que humanicemos la política, que la transformemos. Le propusimos a la Alcaldía, al Mininterior, que Bogotá fuera pionera en el pacto político, porque en su plan de desarrollo distrital una de sus metas es que Bogotá sea epicentro de paz y reconciliación”, dijo Manuela Marín.

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Sobre ese punto, el consejero distrital para las Víctimas confirmó que sacar adelante ese pacto está en la ruta de trabajo del Consejo Distrital de Paz, cuya reactivación sancionó la alcaldesa Claudia López hace una semana y que tendrá su presentación pública a finales de abril. Allí, dijo, también tendrán asiento los excombatientes y se elaborará la hoja de ruta del pacto con viabilidad técnica, jurídica y fiscal.

Aun en medio de los ataques y persecuciones a excombatientes que se han venido presentando, en la capital se vienen dando pasos importantes hacia la reconciliación con los miembros de la antigua guerrilla. Desde hace meses, entre el distrito, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y los integrantes del hoy partido Comunes se ha coordinado la realización de un acto de reparación en el Sumapaz, localidad que sufrió con fuerza el accionar de las Farc en su conexión con sus históricos campamentos en el Meta, a través del cañón del Duda. Si bien aún no tiene fecha asegurada, se espera que pueda realizarse en el mes de abril. De otro lado, se viene avanzando en la construcción de propuestas para los Trabajos, Obras y Acciones Reparadoras, o los TOAR, que realizarán los exintegrantes de la guerrilla en el marco de las sanciones propias que les imponga la JEP y que se ha planteado puedan ejecutarse en las dos zonas PDET que impulsó la alcaldía de Bogotá: una en Sumapaz y la otra en Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha.

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