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En el suroccidente del país, a la violencia no la detiene ni la pandemia

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En medio de la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19, en departamentos como Cauca y Nariño han aumentado los ataques contra líderes sociales y amenazas a la población. Pese a los esfuerzos del Gobierno, los grupos ilegales controlan la cuarentena, la movilidad y hasta el abastecimiento de víveres.

En Tumaco (Nariño), por ejemplo, el pasado 23 de abril fueron asesinadas cinco personas en el corregimiento de San Juan de la Costa, y seis días después, en Mercaderes (Cauca), fue asesinado el líder social Álvaro Narváez Daza, junto con su esposa, María Delia Daza, su hijo Cristian Narváez Daza y su nieta, Yenni Catherine López Narváez. El miedo reina en estas poblaciones que han sido epicentro del conflicto armado colombiano y que por décadas han tenido que acostumbrarse a convivir con el accionar de bandas ilegales. Un escenario que se ha complejizado, sobre todo si se tiene en cuenta que la proliferación de grupos armados ha hecho que para los pobladores sea más difícil reconocer de dónde vienen las amenazas o a quién atribuirle los panfletos que circulan por las calles de las veredas y los municipios, en los que grupos armados se declaran abiertamente la guerra entre sí.

“La violencia no ha mermado por aquí, hace unos días me tocó asistir al entierro de estos muchachos que asesinaron, luego hubo otros en Barbacoas y una persona que falleció por mina antipersonal en Llorente. Acá el tema principal es un afán por la plata, por el hecho de que ahora es más difícil la movilidad por el tema del coronavirus. La Guerrilla Unida del Pacífico, por ejemplo, prohibió que la gente se moviera hacia Ecuador, aunque ellos mismos ponen la ley, pero no la cumplen”, refiere Daniel Zarantonello, un misionero que desde hace diez años trabaja con las comunidades de Tumaco.

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Explica que en medio de la contingencia por la pandemia, los líderes comunales han intentado hacer jornadas de ayuda para los más vulnerables, pero que incluso esa es una labor de riesgo, porque “los actores armados en los barrios siempre buscan meter las manos sobre cualquier tipo de ayuda; el hecho de buscar o mover recursos expone a las personas”. En el municipio nariñense las medidas de cuarentena tienen en serios aprietos a la mayoría de los pobladores, cuya economía se basa en las ventas ambulantes o en las actividades ligadas a la frontera con Ecuador, que permanece cerrada por orden del Gobierno nacional.

Lo que sí está claro es que en muchas veredas y municipios, son estas estructuras las que imponen el control. “Hay algunos pueblos que están sufriendo confinamiento porque esta gente no los deja salir, y han hecho controles extremos en medio de la pandemia. Solo salen quienes ellos autorizan. Esto está pasando en zonas como Candelilla del Mira, en donde se les metieron a la casa a las personas y les quitaron los teléfonos y hasta las llaves de los carros a quienes manejan vehículos de servicio público. En las veredas se hace lo que ellos dicen, son los que ponen las condiciones, y quienes tienen las armas tienen el control”, revela el padre Arnulfo Mina, delegado de la Gobernación de Nariño en Tumaco, al insistir en que lo que preocupa en estos casos es que el control en medio de la pandemia lo estén ejerciendo los grupos ilegales y no las autoridades competentes.

Un panorama no muy distinto al que se vive en el Cauca, donde la sensación generalizada es que han aumentado los ataques, amenazas y presencia de los grupos que operan en la zona. “Pareciera que ahora andan más libremente, parece que la cuarentena les ha dado unos espacios, pues ya no está todo tan militarizado y como que tienen más formas de comunicarse y moverse, sobre todo acá, donde la geografía es muy quebrada y montañosa. Eso sí, amenazas por acá siempre ha habido; pero, en últimas, uno no sabe quiénes son”, cuenta un campesino de la región.

De acuerdo con Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, estos fenómenos se han agudizado debido a los cambios de las estructuras armadas en las zonas: “Hace cinco años había unos grupos muy jerárquicos en el territorio y era fácil identificar cuál era el frente, el bloque o la estructura que hacía presencia. Pero con las distintas transformaciones que han tenido estos grupos, por ejemplo, con la aparición de las disidencias, venimos en un proceso de aproximadamente cuatro años de un reacomodo constante. Si uno toma la foto de los grupos armados en el territorio más o menos cada seis meses o un año, siempre hay un cambio”, señala.

Ejemplo de ello, explica Prada, es que mientras en 2018 el grupo denominado Los de Sábalo jugaba un papel clave en la disputa de poderes en Nariño, hoy en día dicha estructura ya no existe: “En agosto pasado ya nos estaban hablando del Frente Stiven González que tenía su raíz en Los de Sábalo, hay una evolución y un proceso de organización constante de los grupos que se mantienen. Las comunidades no saben bien quién es quién porque son grupos sin una unidad específica que solo se organizan alrededor de las economías ilícitas.”

En Cauca el tema pasa, además, por el hecho de que muchas de estas estructuras no están de acuerdo con que, en medio de la pandemia y como medidas preventivas para evitar que la gente se movilice entre municipios y corregimientos, las guardias campesinas, indígenas y afro -guardia cimarrona- hayan establecido puntos de control. “Eso se hace en las entradas a los cascos urbanos y a las cabeceras de los corregimientos para que la gente no salga todo el tiempo a la calle o en multitudes a comprar. Eso no lo está haciendo el Estado, lo están haciendo las organizaciones sociales”, detalla un líder de la zona.

De acuerdo con Temístocles Ortega, senador y exgobernador del Cauca, ante el confinamiento los grupos delincuenciales aprovechan la pandemia para arremeter y defender sus negocios criminales: “En el Cauca estas estructuras están ejerciendo control territorial y social casi total. Hay municipios como El Tambo en el que en tres meses ha habido un incremento de un 800 % de los homicidios y varias masacres en distintas zonas del departamento. En algunas partes ellos son los que hacen los retenes y permiten o no el paso de los organismos o la gente que está llegando con ayudas humanitarias”.

El congresista sostiene que si bien es cierto que el Gobierno nacional ha hecho esfuerzos para combatir la criminalidad en el departamento y ha aumentado el pie de fuerza y la presencia militar en la zona, “la situación es de tal gravedad que aun con esos esfuerzos no es suficiente. Los actores armados acá están muy fuertemente posicionados y por eso se requiere una estrategia mucho más integral para enfrentarlos, por la vía de la acción de la fuerza pública, y de que haya inversión social, carreteras, escuelas, acueductos y proyectos productivos, para que la gente pueda dedicarse a actividades distintas al cultivo de la coca y la marihuana”.

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Los casos de Cauca y Nariño no son los únicos en el país. Según una alerta temprana emitida el pasado 30 de abril por la Defensoría del Pueblo, hay más de cuarenta registros de información sobre acciones de actores armados en el marco de las medidas adoptadas para prevenir la propagación del virus —como el aislamiento preventivo obligatorio—, incluyendo amenazas, restricciones a la movilidad y homicidios selectivos.

“Durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 27 de abril de 2020, la Defensoría del Pueblo ha registrado en el territorio nacional 72 hechos o actividades que infieren la existencia de riesgos para la vida, integridad, libertad y seguridad, así como para la observancia del derecho internacional humanitario. De ellas, 41 situaciones serían desencadenantes de expresiones de violencia, justificadas en la emergencia ambiental y sanitaria, concentrándose el 57.5% de en áreas rurales del país, a pesar de que la propagación del virus ha tenido una mayor incidencia en contextos urbanos”, detalla el documento que señala a las facciones disidentes de las Farc, el Eln y los grupos posdesmovilización de las AUC como los responsables de la mayoría de los hechos.

La Defensoría sostiene que durante el período de implementación de las medidas de prevención de la propagación del Covid-19, los actores armados han acudido en su mayoría a emitir amenazas sobre todo en zonas en donde tienen un control hegemónico: “En departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Guaviare, entre otros, han hecho públicos sus mensajes, principalmente, mediante la circulación de comunicados y panfletos entre los cuales es común el respaldo al aislamiento con imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio”.

“Durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 27 de abril de 2020, la Defensoría del Pueblo ha registrado en el territorio nacional 72 hechos o actividades que infieren la existencia de riesgos para la vida, integridad, libertad y seguridad, así como para la observancia del derecho internacional humanitario. De ellas, 41 situaciones serían desencadenantes de expresiones de violencia, justificadas en la emergencia ambiental y sanitaria, concentrándose el 57,5 % en áreas rurales del país, a pesar de que la propagación del virus ha tenido una mayor incidencia en contextos urbanos”, detalla el documento que señala a las facciones disidentes de las Farc, el Eln y los grupos posdesmovilización de las Auc como los responsables de la mayoría de los hechos.

La Defensoría sostiene que durante el periodo de implementación de las medidas de prevención de la propagación del COVID-19, los actores armados han acudido en su mayoría a emitir amenazas, sobre todo en zonas en donde tienen un control hegemónico: “En departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca y Guaviare, entre otros, han hecho públicos sus mensajes, principalmente, mediante la circulación de comunicados y panfletos, entre los cuales es común el respaldo al aislamiento con imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio”.

Lo que preocupa precisamente en los territorios es que estas estructuras han aprovechado los espacios y la crisis provocada por la pandemia para ejercer mayor control sobre las dinámicas de las comunidades, imponiendo reglas de convivencia, sanciones a los infractores, regulando el acceso a alimentos en momentos en que muchas comunidades se encuentran confinadas y posicionándose como autoridades en zonas en las que la presencia estatal es deficiente o nula. Un tema nada menor, que también fue alertado por la Defensoría, que documentó ocho casos. Los grupos han hecho control de precios sobre víveres y elementos de salubridad, como alcohol, además de bloqueos en vías de acceso, como estrategia para restringir el flujo de personas, alimentos y medicamentos.

 

*Este contenido hace parte de la alianza entre El Espectador y la Friedrich Ebert Stiftung, Fescol, sobre cómo están viviendo las poblaciones más vulnerables del país en  medio de la pandemia y qué les espera.  Encuentre un informe especial todos los martes en nuestras plataformas y redes sociales.

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