En la JEP: las revelaciones de Blanco Maya sobre carboneras y paramilitares en Cesar

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360-grados.co conoció en exclusiva las primeras declaraciones del empresario, condenado por concierto para delinquir con grupos paramilitares y homicidio, ante el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El capítulo de la promoción y la financiación de grupos ilegales es una de las verdades pendientes sobre el conflicto armado colombiano. De este eslabón del que muchos saben, pero pocos hablan, hizo parte el empresario Jaime Blanco Maya, medio hermano del excontralor y exprocurador Edgardo Maya Villazón.

Lo que Blanco tiene para contar es importante porque fue protagonista de las relaciones con varias empresas que participaron en la construcción de obras de infraestructura en la Costa Caribe, como la línea férrea y el puerto carbonífero de Santa Marta, quienes pagaban dinero a grupos paramilitares y guerrilleros.

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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional creado con la firma en 2016 del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla FARC-EP, han mostrado interés en conocer los testimonios de los civiles que jugaron un rol preponderante en el conflicto, desde sus posiciones sociales y económicas.

360-grados.co conoció en exclusiva que, en una comparecencia privada rendida esta semana ante la JEP, Blanco Maya contó las intimidades y el rol de sus exsocios Jorge Gnecco Cerchar y Hugues Rodríguez Fuentes en la financiación y el arribo del paramilitarismo al departamento del Cesar.

También el de empresas constructoras y carboneras que financiaron de manera subterránea a los paramilitares desde comienzos de la década de los noventa, como forma de contener los ataques de la guerrilla a obras de infraestructura, el secuestro y el boleteo.

Blanco, preso en la cárcel La Picota (Bogotá), está condenado a 37 años de prisión por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado OIT de Bogotá, por concierto para delinquir con grupos paramilitares y los homicidios en 2001 de dos sindicalistas que trabajaban para la multinacional Drummond (EE.UU.) en el Cesar.

La JEP aceptó el año pasado su sometimiento como tercero civil no combatiente porque su plan de verdad, reparación y garantías de no repetición incluye esclarecer “la relación (de financiamiento) entre las Autodefensas Unidas de Colombia y la Drummond en la que cumplió un rol de intermediario y cómo se dio la victimización a los grupos sindicales”.

En su expediente en la JEP, Blanco incluyó una declaración que detalla además la supuesta presión del desaparecido exjefe paramilitar Vicente Castaño Gil en la venta de acciones de la empresa Emcarbón y ofrece una nueva teoría sobre el asesinato de Jorge Gnecco.

De contratista a intermediario

Blanco sostuvo ante la JEP que en 1993 ya se pagaba dinero a las guerrillas del ELN y las FARC, primero, y los ‘paras’ después, cuando su empresa Industrial de Servicios y Alimentos (ISA Limitada) obtuvo el contrato de suministro de alimentación y agua para los obreros de una empresa brasileña que trabajaba en la construcción del puerto de Drummond, gracias a sus conexiones con el gerente de relaciones con la comunidad, Alfredo Araújo Castro.

En esa época eran frecuentes los ataques de grupos guerrilleros como el ELN a las empresas, en especial a los buses que transportaban a los trabajadores que realizaban las obras entre Santa Marta y Ciénaga, en el departamento del Magdalena, por lo que Araújo le habría presentado al político magdalenense Edgardo Vives para que este le sirviera de enlace con los paramilitares. “El era cercano a ‘Los Chamizos’, al mando de Hernán Giraldo Serna en la Sierra Nevada”, dijo Blanco.

Vives también le habría presentado a un testaferro de Giraldo y a través de él empezó a pagarles mensualidades en efectivo que, aseguró Blanco, salían de las arcas de las firmas constructoras con la intención de que les brindaran seguridad, y atacaran a los guerrilleros y sus posibles cómplices. Antes de pagarle a los paramilitares, dijo Blanco Maya, la empresa brasileña pasaba dinero a los grupos guerrilleros. “Pero hastiados del boleteo decidieron buscar a los paramilitares”.

También confesó que no hay rastro del dinero para los paramilitares porque este se pagaba en efectivo. “Drummond debía saber que se pagaba porque Araújo fue el que se encargó de presentarme a Vives para contactarme con ellos”.

Producto de este viraje, el grupo de ‘Los Chamizos’ asesinó en agosto de 1997 al abogado cienaguero José García Antequera, quien era reconocido en la región por prestar sus servicios a varios miembros de la subversión y al que señalaban de ser el puente con uno de los frentes de las FARC que operaban en la región. “Al abogado lo matan porque lo relacionan con la guerrilla que los está extorsionando”, afirmó en su comparecencia en la JEP.

Este asesinato, según lo contado por Blanco Maya, provocó que la guerrilla lo amenazara por lo que le tocó abandonar el contrato que tenía con la empresa brasilera. No obstante, al poco tiempo, firmó un nuevo contrato de suministro de alimentos con el consorcio conformado por dos empresas(una local y otra extranjera) que participaron en la construcción del puerto y la rehabilitación de la red férrea de Drummond, que rehabilitó la línea de trenes desde las minas ubicadas en el centro del Cesar hasta el puerto carbonero en Magdalena.

En ese contrato Blanco asegura que se continuó el pago a los paramilitares. 360-grados.co omite los nombres de las compañías porque no respondieron a las preguntas que se les enviaron por correo electrónico, pero sus nombres ya hacen parte de un expediente en la JEP.

En esa coyuntura dice que conoció a James Lee Atkins, exfuncionario de la CIA que era vicepresidente mundial de Seguridad de la multinacional y con quien tuvo “un gran lazo de amistad” que le facilitó la confianza “de todos los altos ejecutivos” nacionales y norteamericanos. “La amistad con este grupo de personas me permitió posicionarme como un contratista de mucha confianza, con unas condiciones especiales”, agregó.

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Blanco catalogó a Atkins como su mentor en Drummond y una de las personas clave en la presunta financiación de paramilitares en el Cesar. Para demostrarlo, entregó a la JEP copia de un memo que Atkins envió el 13 de noviembre de 1995 a Mike Tracey, en ese momento funcionario de la multinacional y quien asumió en 2016 la presidencia ejecutiva de la multinacional, tras el fallecimiento de Gary Drummond.

En el memo, Atkins dio cuenta de la conformación de los grupos Convivir en Colombia, aunque si bien descarta una colaboración con las autoridades y las Convivir, se nota que está enterado de lo que está ocurriendo. “(…) El gobierno ha decidido hacer un esfuerzo serio para organizar a los grupos paramilitares en la región en un grupo paraguas controlado por el ejército. La legislación reciente permite la formación de estos grupos bajo un plan denominado “Operación Convivir”. (…) El plan es similar a un enfoque utilizado en Perú para acabar con el MRTA y debilitar seriamente al Sendero Luminoso”, explicó a Tracey.

En respuesta a estos nuevos señalamientos la multinacional ratifica que “no tiene ni ha tenido vínculo alguno con organizaciones al margen de la ley, independientemente de su origen. Desde el inicio de sus operaciones en Colombia, a finales de la década de los 80, la compañía se ha ceñido a las leyes que rigen el país, y ha adoptado los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, así como los Principios Rectores de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y Empresas”, dice la empresa en una respuesta (ver comunicado de Drummond) a las declaraciones de Blanco, quien se ratificó en que varios directivos de esa empresa sabían de su rol con los paras.

El excontratista de Drummond dijo que la “alianza de protección” se financió por medio de un sobrecosto del 10% al contrato de alimentación. “Según dictamen de la Fiscalía, correspondió a la cantidad de un millón quinientos mil dólares (US$1.500.000) durante el desarrollo del contrato”, comentó.

En respuesta a 360-grados.co, Blanco Maya precisó que el sobrecosto se hizo de la siguiente manera: los contratistas anteriores a él cobraban a $6.000 las tres raciones diarias ($2.000 cada una). En 1996, cuando comienza a operar ISA con Drummond, el monto se eleva a $9.514. Así facturó 54.054 comidas en 1996, 181.130 en 1997, 329.334 en 1998, 417.429 en 1999, 536.749 en 2000 y 437.000 en 2001.

Sobre estos señalamientos de su excontratista, Drummond sostuvo que se ha demostrado que Blanco recibió “pagos” por parte de abogados en Estados Unidos para que “cambiara su testimonio” en contra de la empresa.

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Blanco también se ratificó que para obtener este contrato el fue el responsable de la muerte de Hugo Guerra Cabrera, dueño de un restaurante que le proveía comidas a los empleados de la multinacional, y que asesinado por paramilitares al mando de John Jairo Esquivel, alias El Tigre, condenado a 40 años de prisión por este crimen. A Guerra lo secuestraron el 8 de mayo de 2000 en Becerril (Cesar) y su cadáver fue hallado días después en una fosa, en la finca La Chiquita.

Emcarbón: ¿un negocio bajo presiones?

Otro episodio referido por Blanco Maya, que resulta revelador, es el supuesto complot que rodeó la venta de la Empresa Promotora y Explotadora de Carbón del Cesar y La Guajira (Emcarbón), de la que era socio con Jorge Gnecco Cerchar, Hugues Rodríguez, Fuentes y la Gobernación del Cesar, entre otros particulares y sociedades inversionistas.

El libro ‘Tierra y Carbón: en la vorágine del gran Magdalena’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, pormenoriza que Emcarbón recibió para explotar la mina El Hatillo (10.000 hectáreas) durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), sin que mediara una licitación.

Entre los promotores de esa concesión estuvieron el exgobernador del Cesar, Lucas Gnecco Cerchar; su hermano, Jorge; el exministro de Minas y excongresista por La Guajira, Amilkar Acosta Medina; y el presidente de Ferrovías en 1996 y exviceministro de Transporte, Alfonso Campo Soto, entre otros.

En diversas sentencias contra desmovilizados de las AUC, Hugues Rodríguez es referenciado como uno de los ganaderos y empresarios del Cesar que promovieron, financiaron y lideraron el arribo y la consolidación del movimiento paramilitar en ese departamento. En 2012, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme un fallo del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar que lo condenó a 9 años de cárcel por concierto para delinquir agravado por promover grupos de autodefensas.

Rodríguez y Gnecco fueron los promotores del proyecto paramilitar de los Castaño en el Cesar y el Magdalena. Jugaron un mayor papel, incluso, que el mismo ‘Jorge 40’ porque entonces eran empresarios con músculo económico y político.

En una indagatoria que rindió en 2007 ante la Fiscalía, ‘Jorge 40’ admitió conocerlo “como uno de los empresarios más importantes del Cesar, dirigente conservador del mismo departamento”, aunque no se refirió a su ascendencia en el paramilitarismo en la región Caribe.

“La entrada de los ‘paracos’ (al Cesar) fue obra de Jorge Gnecco, lo que llenó la copa fue el secuestro y muerte de (una hermana de) Hugues Rodríguez. La primera reunión se hizo en la casa de Nelson Gnecco. No había nadie que comandara, a la tercera se propuso a Tovar”, le contó Blanco Maya a 360-grados.co.

En 1996, al igual que ocurrió en otras regiones del país, Gnecco creó la Convivir Guaymaral Ltda. y Rodríguez la Convivir Salgero Ltda., amparados por el Decreto 365 de 1994 firmado en la presidencia de Ernesto Samper. En diferentes de desmovilizados ante la justicia han contado que estas dos convivir sirvieron para amparar armas y hombres que entraron a sangre y fuego a los departamentos de Cesar y La Guajira.

Rodríguez y Blanco Maya eran socios de confianza en muchos proyectos. En 1998, cuando el decreto fue demandado y la Corte Constitucional ordenó a todas las Convivir entregar armas en diciembre de 1997, la empresa Salguero Ltda. pasó a ser Constructora Las Vegas, cuya gerencia pasó de Rodríguez a Blanco.

Según lo contado por Blanco a magistrados de la JEP, en 2002 los accionistas de Emcarbón vendieron “bajo presión” sus participaciones a varias empresas del Grupo Caribe, dirigido entonces por Juan Manuel Ruiseco, entre ellas Pinehill International, filial en Panamá del grupo Argos.

Sator- antes grupo Caribe- respondió que su entrada a Emcarbón se dio inicialmente porque sus accionistas les pidieron que les prestara servicios de exploración, ya que estaban incumpliendo el contrato que tenían con el estado para explotar la mina de El Hatillo. “Ante la falta de pago de Emcarbón por los servicios de exploración que prestó oportunamente Carbones del Caribe, se acordó entre las dos empresas como alternativa que el pago se realizara en especie con acciones emitidas por Emcarbón”, lo que los convirtió en accionistas minoritarios de la empresa, dice Sator en un correo a www.360-grados.co.

Después, sigue el comunicado, por invitación de la Junta Directiva de Emcarbón, “Carbones del Caribe empieza a incrementar su participación accionaria en dicha compañía, respetando siempre el derecho de preferencia de los accionistas, los estatutos de la sociedad y la ley”, descartando que hubiera ejercido presión a sus accionistas para que vendieran.

No obstante, de acuerdo con Blanco, la negociación de las acciones, se dio por un valor menor en perjuicio de sus dueños: a 240.000 cada una, que multiplicadas por 53.457 acciones totaliza una venta de $412.829 millones de pesos. A precio de la época, en dólares fueron USD 5,6 millones.

Años después, en 2008, el GEA vendió Emcarbón a la brasilera Vale Dos Ríos: Blanco sostiene que el acuerdo se tasó en USD 407 millones y noticias de la época reportaron un valor de USD 300 millones. Después la empresa brasilera le vendió a la multinacional Murray, de propiedad del fondo de inversión Goldman Sachs. El mayor valor de venta, lo justifica Sator, porque incluyeron otros activos de la compañía, como títulos mineros, el derecho a uso de la línea férrea y el puerto carbonífero en el Magdalena, entre otros.

Sator SAS indicó que la venta de acciones se dieron en distintos periodos entre los años 1998 y 2009 con un valor pagado por acción que correspondió al justo precio para el momento, de acuerdo con las condiciones de los activos de la sociedad y las proyecciones del negocio. “Las conversaciones de venta se dieron sin inconvenientes o presiones de ninguna índole y sin participación de terceros. Los gerentes de Carbones del Caribe y Emcarbón, ambos para las distintas épocas, participaron en esas negociaciones con los antiguos accionistas de Emcarbón”.

Frente a los señalamientos, Sator manifestó que desconoce las versiones dadas por el excontratista la JEP. “Entendemos que son reservadas. No obstante, rechazamos cualquier afirmación que pretenda señalar actuaciones irregulares por parte de Carbones del Caribe, cuyo marco de actuación corporativo ha sido siempre apegado a la ley”. (Ver comunicado de Sator SAS)

El asesinato de Jorge Gnecco Blanco Maya entregó a los magistrados de la JEP un documento titulado ‘Historia compañía Emcarbón S.A.’, en el que presenta como evidencia de su teoría de que les compraron presionados y a un menor valor el caso del “accionista Javier Gómez Rojas”, quien “por cosas del destino dejó de vender (6) seis acciones que, al poco tiempo, termina vendiéndolas cada una por valor de 11.200.000, obteniendo una ganancia de 470%, o sea, 47 veces más sobre el valor inicial”.

Según su relato, la “presión a los accionistas” fue ejercida por Vicente Castaño Gil, alias ‘El Profe’, creador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) junto con su hermano Carlos y Salvatore Mancuso.

Blanco recordó que “en una de las muchas reuniones” que tuvieron en Tierralta (Córdoba) en el primer semestre de 2001, en la finca ‘La Capilla’ del ‘Mono’ Mancuso, Vicente Castaño mostró su interés en el tema y le preguntó si era accionista de Emcarbón.

“Me exigió que debía ejercer presión sobre los socios, a los cuales yo tenía acceso, para que vendieran sus acciones; le contesté que la empresa Carbomar, de Jorge Gnecco, tenía muchas más acciones que yo, por lo que me parecía que la persona indicada para liderar esta gestión, propuesta que ‘El Profe’ Castaño acogió”, contó.

En esta parte de su testimonio, Blanco entregó una versión diferente del asesinato de Gnecco, el cual se ha atribuido a una disputa con los Castaño y Mancuso por cuentas pendientes de narcotráfico.

Al poco tiempo de esa reunión, visitó a Gnecco en su casa de Santa Marta, pero al narco no le interesaba vender sus acciones “por ninguna plata”. Blanco también transmitió “el mensaje que enviaba ‘El Profe’ a los demás accionistas”: Jorge Luis Oñate y su grupo económico, Javier Gómez, Hugues Rodríguez y su grupo económico, pero al igual que Gnecco se negaron.

“Vicente Castaño me respondió tajantemente que no era un favor, era una orden que tenían que cumplir”, declaró Blanco.

Según el relato ante la JEP, posterior a la negativa de los socios de Emcarbón, Gnecco fue asesinado en agosto de 2001, en zona rural de Bosconia (Cesar). Había salido de Santa Marta junto con cinco escoltas y su cadáver, junto con el de uno de sus guardaespaldas, fue localizado cerca de la hacienda El Trebol. “Los herederos de Jorge Gnecco (su viuda e hijos) fueron los últimos en negociar con Carbones del Caribe, empresa del Sindicato Antioqueño(sic), por cuanto se vieron obligados a vender”, aseguró Blanco Maya.

La muerte de Gnecco conllevó a los demás socios a sentarse a negociar con Pinehill. “Presionados y bajo y sus condiciones económicas a través de Edgardo Percy Diazgranados; la negociación culminó en abril de 2002, por cuanto todos nos sentimos intimidados porque pensamos que podíamos correr la misma suerte”, agregó.

Percy Diazgranados fue capturado a principios de 2018 en Barranquilla, en un retén policial donde uniformados fueron alertados por el sistema de informaciones judiciales que la Fiscalía Quinta Especializada de Valledupar había ordenado su detención por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y hurto.

Por estos hechos, la gobernación de Cesar presentó una acción popular el 7 de diciembre de 2016, en la que se dice que “las empresas del grupo Carbones del Caribe adquirieron con la ayuda de los denominados paramilitares y concretamente del grupo de Jorge 40, la totalidad de la empresa y sus derechos”. En esta demanda, varios de los accionistas, que coadyudaron este recurso, se declararon víctimas por la venta forzada de Emcarbón.

Blanco Maya advirtió a la JEP que en el primer semestre de 2018 dio a conocer a la Fiscalía 247 de la Unidad de Compulsa de Copias de Justicia Transicional que vendió sus acciones de Emcarbón por presión de las AUC. Más de dos años después, la Fiscalía no ha informado si hay una investigación por estos hechos y si esta ha arrojado resultado alguno.

*Este artículo es publicado en alianza entre Colombia2020 de El Espectador y el portal 360-grados.co

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