¿En qué quedó la implementación del Acuerdo de Paz y qué esperar para 2019?

Un balance necesario de las cosas que pasaron y de las que no  pasaron en 2018 en relación con los acuerdos entre el Gobierno y las Farc. ¿Qué pasará en 2019 con las reformas, la JEP, la coca, la reincorporación, las disidencias y la paz en las regiones?

Juan Manuel Santos y Timochenko, jefe máximo de la antigua guerrilla de las Farc.

El 2018 fue un año lleno de incertidumbres, de ires y venires y, al mismo tiempo, de cierto progreso en la ejecución o el cumplimiento de los acuerdos suscritos en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Fue un año agridulce para la paz: el uribismo ganó las elecciones presidenciales, se pusieron en marcha algunas partes claves del acuerdo, comenzó la reincorporación de los excombatientes y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido político de la exguerilla, llegó al Congreso de la República. Lo más probable es que 2019 sea un año igual de agridulce en ese sentido: algunas partes del acuerdo seguirán progresando, probablemente lentamente, pero otras serán frustradas.

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No lo han hecho trizas

Las elecciones presidenciales representaron el momento más decisivo para el Acuerdo de Paz este año. Iván Duque y Gustavo Petro se disputaron la Presidencia en segunda vuelta. Duque aspiró por el Centro Democrático, partido que lideró el “no” en el plebiscito de 2016; y Petro es el líder de la Colombia Humana, movimiento que apoyaba su implementación completa.

Duque proponía “modificar” el acuerdo, aunque dentro de su partido las propuestas variaban significativamente, incluyendo “hacerlo trizas”. Sucedía lo mismo con los conservadores, de la corriente de su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. La victoria de Duque creó un ambiente de incertidumbre, pues quedó claro que el balance de poder surgido del plebiscito se había mantenido hasta 2018. El miedo de volver a la guerra surgió en algunos sectores, especialmente en la izquierda.

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Sin embargo, las iniciativas de Duque sobre cambios al acuerdo eran más que todo simbólicas. Por ejemplo, propuso que el narcotráfico no fuera delito conexo con la rebelión política. Su propuesta no afectaría a los líderes de la Farc sino, como él mismo lo dijo, a aquellos miembros de la exguerrilla que cometan crímenes después de firmar el acuerdo y a los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El costo político de desmantelar abiertamente partes del acuerdo era y sigue siendo muy alto, como explicó Crisis Group en un informe de junio del año pasado. Acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ejemplo, no era una opción viable por la presión que ejercieron la comunidad internacional, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, expertos en justicia transicional y gran parte de la sociedad civil colombiana. Por eso Duque ha adoptado posiciones variadas, que por un lado apoyan aspectos del acuerdo, como la reincorporación de los excombatientes, pero por otro lado no respaldan las reformas estructurales, sobre todo las relacionadas con el sector rural.

La justicia transicional y sus mecanismos

Dos importantes mecanismos de justicia transicional empezaron a operar: la JEP y la Comisión de la Verdad. Ambas son partes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición creado por el Acuerdo de La Habana. La primera permitirá castigar los crímenes más graves y sistemáticos, revelar la verdad judicial, darles seguridad jurídica a los excombatientes y miembros de la Fuerza Pública, y contribuir a la reparación de las víctimas. La JEP está en una batalla política por su legitimidad, al tiempo que ha empezado a trabajar casos muy complejos, como el secuestro y las ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, la Comisión de la Verdad buscará contar una verdad histórica y puede jugar un papel fundamental en la reconciliación de la sociedad cuando termine su mandato, en tres años.

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Erradicación forzada y aspersión

El programa de sustitución de cultivos ilícitos empezó a dar resultados en 2018. Miles de familias campesinas firmaron acuerdos con el Gobierno Nacional para sustituir sus cultivos de coca por otros cultivos lícitos. Aunque en algunos departamentos, como Guaviare, los campesinos erradicaron sus cultivos voluntariamente, eso no fue suficiente para compensar el aumento de siembras en 2016 y 2017. En 2018, cerca de 100.000 familias —responsables de un poco más de 51.000 hectáreas de coca— habían firmado acuerdos de sustitución.

Según el sistema de monitoreo de Naciones Unidas, Colombia llegó a la cifra más alta de cultivos de coca en su historia, con 171.000 hectáreas sembradas en 2017. Esto hizo que el nuevo Gobierno disminuyera el énfasis sobre los programas de sustitución y en su lugar haya aumentado la erradicación forzada, incluso volviendo a la política de aspersión aérea, pero ahora con drones.

Una reincorporación accidentada

La reincorporación de la guerrilla, que oficialmente empezó en agosto de 2017, enfrentó varios problemas en 2018. Por ejemplo, la mayoría de excombatientes de las Farc se fueron de los territorios donde habían dejado sus armas y donde iniciarían, en teoría, su proceso de reincorporación. Muchos de los que se han quedado empezaron sus propios proyectos productivos y otros crearon nuevos espacios para reincorporarse. En Bogotá, la FARC y el Gobierno están en desacuerdo sobre el mejor modelo de reincorporación.

Sus choques hicieron que los proyectos que se habían planeado no se ejecutaran bajo el gobierno Santos. Bajo el gobierno Duque, varios proyectos nuevos han sido aprobados y financiados por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR). También fue el comienzo de la vida política legal de los exguerrilleros, pero ese inicio tampoco estuvo exento de obstáculos: Timochenko retiró su candidatura a la Presidencia; la FARC no obtuvo ni el 1 % de los votos en las elecciones legislativas y Jesús Santrich fue detenido antes de posesionarse como congresista.

Aunque ha habido tensión entre la exguerrilla y la bancada del Centro Democrático, el país también ha visto momentos positivos, por ejemplo, cuando alias Marcos Calarcá pidió perdón por los crímenes cometidos por las Farc en Huila. Sin embargo, la FARC está dividida y no hay consenso sobre el camino que debería seguirse, pues sus miembros perciben que el Estado ha incumplido el acuerdo y que el Congreso ha deformado lo que inicialmente se pactó. Por eso, cada vez hay más riesgo de que una parte significativa de la exguerrilla regrese al monte.

El año de las disidencias

El 2018 fue quizás el año con mayor número de disidencias en las regiones. La confrontación entre disidencias en Nariño ha convertido a Tumaco en una de las ciudades más violentas de América Latina; en el oriente, el proyecto de Gentil Duarte de “refundar” la guerrilla ha tomado fuerza, salvo en Putumayo; en Catatumbo, la disidencia del frente 33 ha empeorado la crisis humanitaria desatada por la confrontación entre el Ejército Popular de Liberación (Epl) y el Eln; en el norte de Antioquia, diferentes disidencias siguen enfrentadas con el Clan del Golfo y han llegado incluso hasta el sur de Córdoba; en Cauca, disidentes del frente 30 fueron responsables del secuestro y asesinato de cuatro líderes comunitarios de la zona del río Naya.

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¿Qué podemos esperar para 2019?

Es difícil predecir lo que sucederá, pero hay algunos escenarios que pueden identificarse. La reforma rural integral podría estar en peligro, pues es probable que las leyes que no han sido aprobadas hasta ahora tampoco tengan éxito en 2019. Mientras Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización (antes, Posconflicto), dice tener un interés real en ejecutar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuyo primer borrador se basa en un análisis erróneo sobre la situación actual y los problemas de la implementación del acuerdo. Además, Archila ha salido en los medios a decir que no hay suficiente plata para volver realidad el acuerdo.

La política de seguridad de Duque, orientada a revivir el plan de consolidación territorial que existió bajo los gobiernos de Uribe y de Santos, dará algunos frutos en 2019, sobre todo en cuanto al combate contra diferentes jefes de las disidencias, e incluso contra algunos mandos del Eln.

Lo más probable es que la violencia disminuya por pactos entre grupos armados o por la victoria del uno sobre el otro. Pero el control territorial del Estado no aumentará, pues la política de seguridad de consolidación no apunta adecuadamente a lograrlo y quedará por verse si se puede revertir la tendencia del aumento de cultivos de coca. La erradicación forzada puede dar algunos frutos en el corto plazo, pero seguramente se verán más protestas por parte de los cocaleros en el proceso.

La JEP enfrentará un año decisivo. Aunque las leyes necesarias para asegurar su existencia han sido aprobadas, su legitimidad política sigue en juego. Sin embargo, es probable que la condena de alguno de los líderes de las antiguas Farc sea un primer paso para ganar esa legitimidad. Más aun si también profiere condenas por los casos de ejecuciones extrajudiciales de la Fuerza Pública. Lo que logre frente a la incertidumbre que produce la ausencia de el Paisa e Iván Márquez también será decisivo.

Finalmente habrá que ver los resultados de las elecciones locales. No está del todo claro si las fuerzas políticas a favor de la paz tendrán éxito, pero tampoco es claro que los partidos aliados al Gobierno obtengan victorias, si se tiene en cuenta la baja popularidad del presidente. Además, estas serán las primeras elecciones locales con participación de la FARC como partido político: ¿serán capaces de poner concejales o de obtener alguna Alcaldía? En resumen, el año que viene el Acuerdo de Paz seguirá adelante, aunque siga cojeando.

*Analista sénior de International Crisis Group en Colombia y Razón Pública.

Esta publicación es posible gracias a una alianza entre El Espectador y Razón Pública. Lea el artículo original aquí. 

 

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