“Es como si se tratara de una pesadilla que regresa”: representante de las madres de Soacha

Habla Jacqueline Castillo, representante de las madres de Soacha, un grupo de mujeres cuyos hijos y hermanos fueron víctimas de los falsos positivos –asesinatos de civiles cometidos por unos miembros del Ejército– en los años 2008 y 2009. Se refiere a recientes instructivos militares denunciados por The New York Times, que podrían interpretarse como orden de reactivar las ejecuciones extrajudiciales. Se lamenta de la ausencia de justicia en 11 años. Y también se queja de la JEP.

Jacqueline Castillo dice: “no tenemos motivos para estar satisfechas puesto que el sistema judicial (justicia ordinaria) parece estar del lado de los victimarios y en contra nuestra”/ Fotos: Mauricio Alvarado

¿Cuántas madres de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por unos miembros del Ejército hace una década permanecen en la Asociación Mafapo (Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá)?

En este momento hay 14 madres activas en nuestra Asociación. Dos de las 19 madres con que empezamos el movimiento para reclamar justicia y verdad por los asesinatos de nuestros familiares se retiraron del colectivo: una de ellas tuvo que salir del país hace cerca de dos años, por graves amenazas contra su vida. La segunda lo hizo por razones personales que nosotras respetamos. Y las otras tres no dijeron cuáles eran sus motivos. Las demás seguimos adelante y trabajamos como el primer día en que supimos lo que había pasado con nuestros hijos y hermanos.

Hoy, 11 años después de los asesinatos, ¿qué tipo de actividades desarrollan?

Básicamente nos dedicamos a actividades pedagógicas con los jóvenes de colegios y universidades. Nuestro objetivo es que se enteren de que lo que sucedió, para que, cuando oigan hablar de falsos positivos, no crean que se trata de una historia sin fundamento, sino que sepan de una triste realidad, pues muchos piensan que esos crímenes no existieron o que no fueron generalizados. Los talleres también son útiles para advertir a los jóvenes que no caigan en trampas. La mayoría de las madres de Soacha no tienen trabajo estable. Entonces se dedican a participar en los talleres informativos en colegios y universidades visibilizando lo que ocurrió con la intención de fortalecer la garantía social de no repetición.

Su asociación Mafapo, ¿tiene apoyo logístico, económico u otro de parte de organizaciones nacionales o internacionales?

No. No hemos recibido en el pasado ni recibimos en la actualidad apoyo económico de ninguna organización. Para desarrollar los talleres pedagógicos y asistir a los procesos jurídicos hemos tenido acompañamiento del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y, en cierta forma, del Centro de Memoria Paz y Reconciliación. La Unidad para la Atención a las Víctimas nos ayudan algunas veces con ciertos aspectos logísticos. De resto, nada.

Ustedes son personas sin bienes económicos, sin una formación académica sólida y sin poder social o político. Sin ninguna de esas herramientas necesarias a la hora de adelantar una tarea tan difícil como la que se propusieron cuando decidieron no permitir que quedaran impunes las desapariciones y asesinatos de sus familiares, ¿cómo han podido llegar a ser un grupo de presión tan conocido que subsiste y persiste pese a no tener recursos?

Prácticamente hemos trabajado todos estos años con las uñas y con nuestros pocos medios. En una oportunidad, el columnista Daniel Samper Ospina nos hizo una donación y, de vez en cuando, algunas personas nos apoyan. Las redes sociales, los periodistas y unos medios de comunicación han sido fundamentales para nosotras, tanto aquí como en el exterior. Nos defendemos a punta de la realización de los talleres y otras pequeñas tareas, pero aún para poder llegar a los lugares en donde tenemos compromisos debemos hacer colectas para el transporte de las madres, porque no tienen dinero ni siquiera para cubrir este gasto.

Y, ¿cómo hacen para pagar a los abogados que las representan en los procesos contra los militares que están siendo juzgados por lo sucedido en 2008 y 2009?

Los abogados pertenecen a unas ONG que asumen los casos por asignación de sus organizaciones, pero casi no tenemos comunicación ni recibimos mucha información de ellos. Ahora, cuando algunos procesos fueron recibidos en la JEP, tampoco tenemos mucho contacto. Yo, por ejemplo, que siempre he luchado para que avance el caso de mi hermano Jaime Castillo, cuyo cuerpo fue enterrado en una fosa común, al lado de un caño en Ocaña, no he tenido éxito porque, prácticamente, no hay ningún avance. Como usted dice, han pasado ya 11 años y casi nada ha pasado.

Pero, ¿creen que están bien representadas por esos abogados o también se sienten solas en el proceso judicial?

Realmente hemos tenido una representación legal seria. Los abogados adelantan varios casos, no solo los de las madres de Soacha, sino los de otras regiones del país. Lo que pasa es que no tenemos mucho contacto con ellos y no nos dan casi información.

En cuanto a los procesos judiciales, ¿los resultados son satisfactorios?

Lastimosamente, no. No tenemos motivos para estar satisfechas, puesto que el sistema judicial parece estar del lado de los victimarios y en contra nuestra: las audiencias se aplazan una, dos, diez, doce o quince veces; las disculpas de los que deben comparecer como procesados o de sus abogados han sido admitidas siempre en la justicia ordinaria, y hasta hemos sido objeto de burlas e intimidaciones de parte de los uniformados o de quienes los acompañan. Existen muchos otros casos que ni siquiera se han iniciado una década después.

Entonces, en estos once años, ¿la justicia ordinaria no ha sido eficiente para llevar a juicio y condenar a los culpables?

Con la Fiscalía nos ha ido muy mal. En las audiencias no nos permiten hablar. Los aplazamientos por cualquier motivo son seguidos. No llegan los procesados o no llegan sus abogados. Estos mandan toda clase de disculpas y les permiten la suspensión de las diligencias, después de dos o tres horas de estar esperando, con cualquier excusa como la de que la sala es muy pequeña para recibir a los procesados: hemos sido intimidadas, humilladas y revictimizadas sin que nadie tome ninguna medida.

¿Ni siquiera el juez impone el orden?

Pues los jueces parecen muy poco exigentes. Si un abogado de la defensa dice que se siente mal, el juez cede y aplaza. Si un procesado cambia de apoderado veinte veces, no lo llama al orden. Y así...

¿Quiere decir que ustedes sienten que la justicia ordinaria ha sido sesgada y que por acción u omisión protege a los procesados y permite que se violen los derechos de ustedes, las víctimas?

Sí, totalmente.

¿No han tenido acompañamiento jurídico o moral de organismos internacionales de derechos humanos públicos o privados?

No, nada.

Pero, en todo caso, ya hay un número más o menos considerable de militares condenados...

Cierto. Sin embargo, con la nueva Justicia Especial para la Paz y sus tribunales los que estaban encarcelados y pagando penas de prisión quedaron en libertad desde noviembre del año pasado. Para nosotras eso significa impunidad total. Aquí se critica a la JEP por sesgada, pero nadie se refiere a los militares que, habiendo sido condenados por delitos de lesa humanidad, andan en la calle disfrutando de plena libertad.

Sobre los uniformados que quedaron en libertad, ¿saben en dónde están y qué hacen hoy?

Tenemos entendido que continúan activos en el Ejército como si nada hubiera pasado: siguen recibiendo sueldo, siguen portando el uniforme, siguen ascendiendo y acumulan tiempo para pensionarse. Tampoco hay castigo en sus instituciones.

Muchas personas, incluidos los funcionarios más importantes del Gobierno y del partido de Gobierno, critican a la JEP como si fuera un nido guerrillero. Usted es la primera que insiste en que también favorece a los militares que delinquieron.

Cuando se negociaron los Acuerdos en La Habana los colombianos pensábamos que se iba a crear una justicia especial para juzgar a los guerrilleros que dejaran las armas. Al principio también suponíamos que los crímenes de Estado no entrarían a la JEP. Pero cuando los militares condenados o los que estaban siendo investigados por los falsos positivos presentaron sus peticiones, todos o casi todos fueron recibidos por la JEP. En cambio las víctimas no hemos tenido mucha participación en sus decisiones. Solo ahora ha surgido algo favorable: podemos asistir a parte de las audiencias en que ellos y sus abogados actúen. También podemos escuchar, oír si dicen la verdad y tenemos la esperanza de conocer, finalmente, lo que sucedió y los motivos que tuvieron para que hubieran escogido a nuestros familiares, que no tenían nada que ver con la guerra, para asesinarlos.

Me parece entender que para usted, en medio de su dolor de hermana, ¿no es justo que, en un acuerdo de paz, los militares que cometieron crímenes también sean juzgados por un tribunal especial que no aplica tanto castigo, sino que busca verdad y reconciliación?

Para mí, como hermana de una víctima a quien se llevaron engañada un día que estaba trabajando en la calle, en las afueras de un supermercado, sin hacerle daño a nadie, es injusto que estén libres las personas que cometieron ese crimen y los otros; sabemos que esas personas dispararon y que son culpables porque fueron condenadas por la justicia ordinaria. Mínimo, deberían haber sido destituidas del Ejército en lugar de continuar siendo protegidas en los cuarteles; mínimo, han debido ser degradadas en lugar de ser ascendidas o ser tratadas como si merecieran las dignidades que les dan. Los militares responsables de los falsos positivos deberían estar en una cárcel como cualquier otro criminal y no gozando de las ventajas del uniforme.

Es decir, ¿para usted, la JEP es injusta con sus muertos por concederles beneficios a los uniformados implicados en las ejecuciones judiciales?

Sí, porque ni siquiera están entregando la verdad. La decisión de dejarlos en libertad se tomó, según creo, de manera apresurada en cuanto manifestaron su intención de acogerse a la JEP, en lugar de darles ese beneficio después de que dijeran la verdad, confesaran su participación, ofrecieran reparación y se comprometieran a no repetir esos crímenes nunca. Pero no. Apenas dijeron que querían ingresar a la JEP y prometieron asistir a las audiencias, les devolvieron la libertad.

¿Supone que esos militares no van a regresar nunca a la cárcel y que sus crímenes permanecerán impunes?

Aún guardamos la esperanza de que la JEP los procese y les exija confesar y decir la verdad sobre lo que pasó y sobre cómo pasó. O que, si se da cuenta de que la están engañando, devuelva los casos a la justicia ordinaria para que esta los procese con penas más altas. También estamos esperanzadas en que rechace otras solicitudes por considerar que se trata de crímenes de lesa humanidad que no pueden recibir ninguna clase de amnistía o perdón.

¿Cómo recibieron la noticia sobre los instructivos que supuestamente abrirían la puerta a nuevos falsos positivos?

Volvimos a vivir lo que sentimos en esos años. Para nosotras es como si se tratara de una pesadilla que padecimos y que ahora regresa.

¿Las tomó por sorpresa la denuncia del periódico norteamericano “The New York Times”?

Sí, nos sorprendió. Y con la publicación del instructivo del general Nicacio Martínez en que se exigía a los militares doblar los resultados de sus operaciones, consideramos que se pueden poner en riesgo las vidas de muchos civiles, otra vez. De alguna manera, que el Ejército dé resultados bajo presión está de vuelta. Nuestras alarmas se han prendido de nuevo.

¿Han tomado la decisión de actuar al respecto y cómo?

Hemos decidido no quedarnos al margen. Estamos pensando cómo actuar: si con una protesta o con una convocatoria más general para reunir a los familiares de las víctimas de todo el país con el fin de recordar lo que pasó, advertir lo que puede pasar y exigir que no pase nunca más. Ya hemos formulado denuncias penales por la desaparición de algunas personas.

¿Como cuáles?

Le voy a dar un ejemplo, pero no aporto el nombre del desaparecido para no poner en riesgo a su familia: el esposo de una persona que conozco recibió una oferta de trabajo hace poco, supuestamente, en Ibagué. Él viajó y cuando llegó se reportó con su familia y dijo que iba a regresar a Bogotá ese mismo día. De eso hace cuatro meses, pero hasta ahora no se ha vuelto a saber nada sobre su paradero.

¿Cómo así? ¿Qué dicen las personas que le ofrecieron trabajo?

Nadie sabe nada. La esposa ha hecho toda clase de gestiones. Ya puso denuncia penal en la Fiscalía. Fue a Ibagué a indagar: recorrieron, junto con otros familiares, Medicina Legal, hospitales, estaciones de Policía. Ni un solo rastro sobre él. Estamos haciéndole seguimiento al caso porque nos inquieta mucho la similitud con el procedimiento que siguieron los reclutadores de los falsos positivos.

¿Cuál es su opinión y la de sus compañeras de Mafapo sobre el Ejército del año 2019 y sobre su comandante, el general Nicacio Martínez?

La visión que tenemos del Ejército colombiano es muy triste, desolador. La mayoría de nosotras, y me incluyo, pensábamos que los hombres del Ejército eran muy valiosos porque exponían su vida para defender la nuestra. Los recuerdo cuando pasábamos por carretera y estaban ahí, vigilando. Pero después de saber que algunos de ellos fueron los que les quitaron la vida a nuestros familiares, no podemos volver a creerles. No podemos olvidar lo que pasó. En cuanto al general Martínez, seguí parte de la transmisión del debate en el Congreso para su ascenso. Al principio había mucha discusión y él no se veía cómodo. Pero después, cuando le dio las gracias a Dios, yo, desde mi casa, le decía, como si me pudiera oír, que más bien le pidiera perdón porque Él (Dios) y él (el general) saben la verdad sobre los crímenes que se cometieron en 2007 y 2008.

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2019-06-09T09:30:50-05:00

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2019-06-10T08:18:57-05:00

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Cecilia Orozco Tascón

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“Es como si se tratara de una pesadilla que regresa”: representante de las madres de Soacha

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