Estado retira seguridad a organización que apoya a reclamantes de tierra

Gerardo Vega, director de Forjando Futuros./ Cortesía Forjando Futuros.

Este miércoles cuando los integrantes de la fundación Forjando Futuros llegaron a su oficina se percataron de que el esquema de protección colectivo, que les había asignado la Unidad Nacional de Protección (UNP), no estaba. El Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) decidió retirar el hombre de seguridad que tenían. Ese hecho generó preocupación debido a que los riesgos de acompañar la restitución de tierras en Antioquia, labor que adelanta esa organización, siguen latentes: 23 reclamantes de tierra de la región de Urabá han sido asesinados. Además, la ONG ha recibido amenazas directas.

Hablamos con Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, quien se refirió a los intereses que están tocando con la restitución de tierras, relató las diferentes amenazas que ha recibido y responsabilizó al Gobierno Nacional de cualquier agresión que se dé tras ser retirado el esquema de seguridad. Buscamos a la UNP para conocer su versión, pero cuando se publicó esta entrevista no habían respondido.

¿Cuántos esquemas de seguridad les quitaron?

Ese esquema era para los funcionarios cuando se desplazan a terreno a las reuniones con las víctimas en Urabá, Bajo Cauca y el oriente antioqueño para la restitución de tierras. También nos acompaña cuando hay levantamientos topográficos y mediciones en terreno. Preocupa que esto pase cuando la fundación ha sufrido muchas amenazas y yo también, se han descubierto planes para atentar contra la vida y contra las instalaciones de la fundación.

¿Qué los está poniendo en riesgo?

En este momento se están profiriendo sentencias de restitución de tierras en Urabá, pocas pero muy importantes y los opositores son empresarios bananeros que según el listado que entregó Raúl Emilio Hasbún, excomandante paramilitar, a Justicia y Paz fueron financiadores de los paramilitares.

¿Cuáles empresarios son los opositores de los procesos que ustedes llevan?

Rosalba Zapata, Felipe Echeverry, Ángel Adriano Pino, Jaime Uribe, empresa Todo Tiempo, los Hernández de la Cuesta, Agropecuaria Bonga La Grande, Cuco Vanoy (excomandante paramilitar).

¿Cómo han sido las amenazas?

Cuando vamos a hacer levantamiento topográfico van y se meten personas armadas a caballo y retiran a los topógrafos. Los opositores se presentan con gente armada. Eso no ha sido fácil. Hace dos meses entregando la finca Guacamayas (en Turbo, Antioquia), que ganamos 1000 hectáreas en la Corte Constitucional, se presentaron amenazas contra las personas que habitan allá y contra nosostros. El mismo día que se hizo la restitución llegó gente extraña a filmar y a intimidar en medio de la entrega de la tierra.  

¿Qué consecuencias han tenido las amenazas que han recibido?

Yo he tenido que salir tres veces del país por esa situación, la Policía y diferentes organismos de seguridad me han informado de planes para atentar contra mi vida, la última fue hace ocho meses. Además, han asesinado a 23 reclamantes en Urabá, el ultimo fue el de Porfirio Jaramillo el año pasado. No estamos sobredimesionando la situación. Tenemos 58 sentencias a favor en la que se le ha devuelto tierra a la gente entre el oriente antioqueño y el Urabá, hay gente a la que no le gusta eso y por eso las amenazas.

¿Cómo ha sido el papel de Forjando Futuros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional?

Hemos presentado dos informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y en Jamaica en los que hemos presentado los nombres de los empresarios comprometidos con el despojo de tierras a nivel nacional y las empresas. La Cidh está indagando sobre empresas y el cumplimiento de derechos humanos, la última audiencia fue hace mes y medio. También mandamos un informe previo a la Corte Penal Internacional sobre los mismos hechos.

¿Cómo les comunicaron que les iban a quitar el esquema?

Ayer vinieron y el esquema ya no está hoy.

¿Qué razón les dieron?

Dijeron que el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) había tomado esa decisión y uno entiende que los funcionarios de Medellín solamente implementan las medidas que vienen de Bogotá. 

¿Qué acciones van a tomar ustedes?

Vamos a revisar qué procesos podemos continuar en el tema de restitución. El Gobierno Nacional es el único responsable de cualquier agresión en nuestra contra. Vamos a solicitar el apoyo de los organismos internacionales y le pedimos al Gobierno que reconsidere esas decisiones porque el riesgo hoy es muy alto.  

(Lea también: Las contradicciones de un empresario bananero de Urabá)