“Este año las amenazas se pueden agudizar”: director de la UNP

Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección, cree que las elecciones regionales podrían incrementar las situaciones de riesgo en 2019. Explica que la entidad tiene un déficit de $270 mil millones y dice que ojalá, algún día, la UNP deje de existir porque en el país cesó la violencia.

Pablo Elías González, exdirector del CTI de la Fiscalía, llegó a la UNP en septiembre de 2018.Gustavo Torrijos - El Espectador

Sobre las constantes amenazas y asesinatos a líderes sociales, ¿cómo es el proceso de selección y de priorización de esos casos?

Tenemos dos procedimientos. Uno que es de emergencia y otro que es ordinario. El primero es cuando detectamos que existe un riesgo inminente y próximo y procedemos a decretar medidas de emergencia. Esto lo hace el director y son medidas que pueden durar hasta tres meses de un esquema de carro particular y hombres de protección o ya uno duro, que es con un vehículo blindado y escoltas. Después de esto, se hace una evaluación para revisar si el riesgo sigue existiendo y determinar si la protección brindada debe continuar.

¿Cuánto dura ese proceso?

Es inmediato. De cuestión de horas.

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¿Y qué pasa cuando es ordinario?

Este tiene una ruta de protección, que se inicia con una solicitud a la que se designa un evaluador de riesgo, que es el que va a terreno donde se encuentra la persona que solicita el servicio y, luego de la evaluación, pasa a un grupo de expertos en donde se define si la persona amerita tener una protección o no y qué tipo de riesgo presenta para así definir qué servicios requiere.

¿Cuánto demora esta ruta?

Pueden pasar entre treinta y noventa días. Este tiempo es uno de los problemas que tenemos. Estamos tratando de disminuirlo. El problema es que tenemos muchísimas solicitudes. Solo en enero ya hemos recibido más de 3.500 solicitudes y hay que evacuarla con el personal que tenemos. Tanta demanda nos significa una demora, sobre todo en el tema de la evaluación del riesgo, porque nada es a discreción de los funcionarios. Aquí se siguen protocolos muy serios para determinar los riesgos y de las causas de cada caso. Una cosa muy diferente es una amenaza por una pelea familiar o en el barrio, y una por grupos ilegales a quienes lideran procesos de paz.

¿Cuántas personas atienden esas 3.500 solicitudes?

En este momento tenemos a 200 funcionarios evaluadores de riesgos.

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¿Es suficiente?

No; no es suficiente. Estamos tratando, precisamente, de encontrar maneras de elevar ese número para poder atender de manera mucho más rápida esas solicitudes.

¿Han tenido casos en los que se hace una solicitud de emergencia y, mientras un evaluador determina el riesgo, la amenaza se concreta?

La tasa de homicidios cometidos en contra de líderes sociales que tenían protección es muy baja; son solo dos o tres. Por lo menos en la época de mi administración. Es más, en uno de esos casos, el problema fue que el protegido no cumplió con las normas. A él se le había dado una medida de reubicación, o sea sacarlo del lugar donde existía la amenaza o el riesgo, y se le había trasladado a otro sitio. Tres meses después, el joven incumplió la norma, regresó y fue asesinado. La afectividad de la Unidad ha sido, hasta el momento, muy alta. No digo que no hayamos recibido ataques, pero no han tenido mayor efectividad.

¿Como en el caso de Alfamir Castillo, la madre de un joven ejecutado extrajudicialmente por el Ejército?

Sí. Ella sufrió un ataque en enero de este año y salió ilesa. En Riohacha también hubo un ataque a una líder y salió ilesa. Es que solo el hecho de que tengan un esquema disuade, así como la capacidad de reacción de los escoltas.

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Teniendo en cuenta el número de solicitudes que reciben y el número de personal, ¿considera que la Unidad está colapsada?

No, si estuviera colapsada ya no podríamos atender las solicitudes. Nos demoramos en los procedimientos, pero de todas maneras seguimos recibiendo y atendiéndolas todas. Estoy firmando semanalmente entre 250 y 500 resoluciones de diferentes situaciones. Ahorita lo que estamos haciendo es un proceso de reingeniería y organización para lograr una mayor productividad y utilización del talento humano.

¿Es cierto que la inversión que hizo el Ministerio del Interior al Plan de Acción Oportuna (PAO) le quitó recursos a la UNP?

No es cierto. La situación con respecto a los recursos viene desde el año pasado. El presupuesto nacional que se presentó en 2018 no miró la proyección del crecimiento de la Unidad y de la prestación de sus servicios. Cuando llegué como director, la Unidad ya estaba desfinanciada y no tenía los recursos para responder a esa demanda. Sin embargo, después de un tiempo, se hicieron los ajustes y el Gobierno encontró los recursos para mantenernos vivos hasta comienzos de enero. Ahora estamos frente a un déficit de $270.000 millones que no están dentro del presupuesto. Por eso tenemos que solicitarle al Legislativo la adición presupuestal.

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¿Y si dicen que no?

Es un escenario improbable. Sin embargo, en caso de que sea así, tendríamos que recurrir al Gobierno para que garantice la financiación hasta final de año.

¿Cuál es la solución? ¿Tener más recursos o administrar mejor los que hay?

Es importante tener claro que la protección no es solo obligación de la UNP. Esta unidad realiza una protección complementaria. La Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía tienen que buscar el desmonte y la persecución de los autores de las organizaciones criminales. En la medida en que se logre impactar a estos grupos, tengan la seguridad de que vamos a recibir muchas menos solicitudes de protección. Aquí toca hacer una labor conjunta de Estado porque, si no, el crecimiento de peticiones va a ser desmesurado y va a llegar el momento en que la Unidad no va a poder responder con lo que tiene. La idea es que la Unidad no exista: en un país sin violencia, ¿para qué dedicarle plata a este asunto?

Pero por ahora estamos lejos de estar en un país así...

Ah, claro. Por eso sí necesitamos más funcionarios y analistas. Eso requiere otro trabajo de capacitación, pues el nuestro es muy especializado. Estamos trabajando para organizar la Unidad y que pueda responder mejor ante las demandas que tiene.

¿Qué pasó con los sindicatos que anunciaron un cese de actividades esta semana?

Toda la situación es objeto de evaluación por parte de la Unidad para resolverlas. No existen diferencias cruciales y por eso no hubo cese de actividades. El problema es que los sindicatos se quejan por la lentitud en el proceso de pago. Los trabajadores de las operadoras realizan viajes, se les autorizan viáticos y después deben legalizar lo que gastan. A nosotros nos toca después verificar que esos gastos sí se realizaron y, muchas veces, es un procedimiento demorado. Ya concretamos que en marzo nos vamos a sentar con todos ellos para evaluar cómo podemos mejorar.

También anunciaron el paro por una licitación que abrió la Unidad...

Sí. Este fue el segundo punto de debate. El día de las protestas se vencía el plazo que tenía cualquier ciudadano de presentar sus opiniones y se les dijo a ellos que lo hicieran, pues no podíamos hacerlo diferente por términos legales.

¿Para qué es esa licitación?

La licitación es para contratar los servicios de hombres y mujeres de protección. En este momento tenemos contrato con tres uniones temporales que representan a 5.200 personas. Nos tocó hacer una nueva licitación para renovar contratos solamente durante cinco meses. Eso les molestó, porque querían que fuera durante un año. Pero aquí el tema es sencillo: no tenemos los recursos para más tiempo. No puedo comprometer recursos que no tiene la entidad. Después de estos cinco meses, nos toca volver a convocar una licitación. No hay más remedio.

Lo de esta semana no escaló más que a una protesta de unas 50 personas. En el caso eventual de que los sindicatos cesen sus actividades, ¿cómo se puede garantizar la protección a quienes de verdad la necesitan?

A las empresas les corresponde garantizar ese servicio. Ellos se comprometieron a no ir a paro por eso mismo. Pero en el caso de que eso suceda, nosotros ya conversamos con la Policía para que por lo menos asuman ellos la protección. Dijeron que sí y ese era el plan B. Pero, además, por la naturaleza de este trabajo que desarrollan los escoltas, no está permitido que paralicen el servicio, pues se trata de un servicio público esencial del Estado. Ellos entendieron la situación y no suspendieron nada.

¿Cuántos escoltas hay en total, contando los de planta y los externos?

Más o menos 6.600. Hay un poco más de 5.200 externos, 1.000 que son especializados que responden al Partido Farc y 400 de planta.

¿Eso es suficiente? ¿O cuál sería un número ideal?

Aquí no hay ideales, porque esto depende de la fluctuación de la situación social y política del país. Si crece la demanda de protección, pues subirá el número de escoltas. Si se estabiliza o mejora en materia de paz, pues se va a reducir. La impresión que tenemos es que este año, por las elecciones locales y regionales, las amenazas se pueden agudizar un poco más por las diferencias políticas y, sobre todo, porque hay un nuevo actor en la contienda electoral que es el Partido FARC. Y así como tiene unos adeptos, también hay personas a quienes les disgusta que participen en política.

¿Cuántos protegidos tiene la Unidad en este momento?

Entre 7.300 y 7.400.

Una última pregunta: ¿qué han hecho desde que Marcela González, pareja de Gustavo Rugeles, denunció que los escoltas de la UNP la agredieron por orden de Rugeles?

Hasta donde me han informado, esos escoltas están vinculados a una empresa operadora. Entiendo que los llamaron a descargos y que incluso tomaron pruebas para establecer si estaban bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Me informaron que no estaban comprometidos en nada.

 

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