Exmiembros de Fuerza Pública discapacitados piden mayor atención

Desde 1990 hasta julio de este año, 7.151 uniformados fueron víctimas de minas antipersonales. / AP

“Nosotros somos los defensores del Estado y somos los llamados ‘héroes de la patria’, según esa frase que es utilizada supuestamente para exaltar nuestra labor, pero cuando se trata de las necesidades reales con las que quedamos los heridos en combate y nuestras familias, ahí sí el Estado es sordo”. Con esas palabras, Édgar Bermúdez, expolicía, describe su proceso desde que hace 14 años perdió la visión por completo debido al conflicto armado en Colombia.

El 16 de agosto de 2005, en medio de labores de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en la zona de cordillera de Nariño, el entonces subintendente Bermúdez y varios de sus compañeros cayeron en un combate con una estructura de las Farc, el cual se extendió por más de seis horas. La confrontación los llevó a un campo minado donde la detonación de uno de esos artefactos explosivos mató a un compañero y lo dejó ciego.

Dos meses permaneció en el hospital antes de que le dieran de alta. “Ahí es cuando empieza el proceso verdaderamente engorroso, discriminador y estigmatizador para uno y su familia”. Lo que vino entonces, lo resume en falta de atención diferencial para su discapacidad y ausencia total de atención psicosocial, no solo para él, sino para su familia. Según dice, son comunes los casos en los que, a raíz de esa falta de intervención psicosocial las familias se han resquebrajado y usualmente se rompen las relaciones de pareja. Lo dice en calidad de presidente de la Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), que fundó junto con otros compañeros para tratar de suplir esa falta de atención.

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Para este expolicía, la atención recibida luego de ser retirado del servicio se limitó a la pensión por parte de la institución a la que perteneció. Por eso, explica, se hace común que muchos exmiembros de la Fuerza Pública tengan que interponer demandas de reparación directa del Estado para el restablecimiento de sus derechos.

No es una situación que solo ocurra con los exintegrantes de la Policía. Nelson Moreno es un exmilitar que el 20 de noviembre de 2011 cayó en un campo minado en Uribe (Meta) y desde entonces tiene que aferrarse a dos bastones para caminar. En cuanto a su proceso de rehabilitación, coincide con el expolicía Bermúdez en que ha sido revictimizante y falta una ruta clara de atención.

“No hay asistencia ni atención a los sobrevivientes de la Fuerza Pública y mucho menos a nuestras familias, porque deberían abordarlo tanto a uno como a la familia, y eso es responsabilidad del Estado. En el caso mío, yo completé casi 16 años de servicio y salí pensionado con $890.000. Me quitaron el subsidio familiar y para volver a adquirir esos derechos nos toca conseguir un abogado y demandar”, dice Moreno. “La institucionalidad nos ha dado la espalda. Nosotros nos sentimos como un arma que ya no funciona, como que le falta una pieza clave que es irreemplazable”, agrega.

El apoyo para ellos ha venido de organizaciones no gubernamentales, ante las pocas respuestas que han encontrado en las instituciones a las que pertenecieron. Édgar Bermúdez, por ejemplo, a través de la fundación Tejido Humano logró acceder a la Universidad Externado para estudiar su pregrado en psicología. Apoyo para una formación como esa, dice, no podría lograrse de ningún modo con el Estado. Asimismo, poco o nada han visto de planes productivos que les ayuden a reformular sus proyectos de vida en el campo económico.

La poca experiencia en atención a este tipo de población parece contrastar con el elevado número de exmiembros de la Fuerza Pública que pueden estar en esta condición. Hasta noviembre de 2016, Colombia era el primer país en el mundo en número de víctimas de la Fuerza Pública por minas antipersonales, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Desde 1990 hasta el 31 de julio de este año, 7.151 integrantes de las fuerzas del Estado fueron víctimas de este flagelo, según cifras oficiales. Y esto atendiendo únicamente a quienes han sido afectados por las minas antipersonales.

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Pese a la dimensión de esta población, poco se habla de la rehabilitación de los exmiembros de la Fuerza Pública que han sido víctimas del conflicto armado. Así lo sostiene Paola Garzón, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que recientemente participó en la elaboración de un informe que busca precisamente encontrar alternativas para este tipo de población, principalmente a través del sector privado.

“En el posconflicto se habla mucho de las víctimas civiles y de los excombatientes de grupos ilegales en proceso de reincorporación. Pero los exmiembros de la Fuerza Pública, y en particular los que han quedado discapacitados en razón del conflicto armado, no están recibiendo una atención integral”, afirma la investigadora.

De acuerdo con el ordenamiento jurídico en esta materia, que analizó la FIP, los esfuerzos por brindar una atención integral a estas personas son relativamente recientes, comparados, por ejemplo, con aquellos orientados a la reincorporación o reintegración de excombatientes de grupos ilegales. Así, el primer esfuerzo significativo en esta dirección es el Conpes 3591 de 2009, que creó el Sistema de Rehabilitación Integral para los miembros de la Fuerza Pública.

Sin embargo, ese Conpes vino a materializarse apenas en 2013, con la adopción de la política de discapacidad del sector de seguridad y defensa, que a su vez vino a encontrar sustento palpable en la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (DCRI). Esta entidad, adscrita al Ministerio de Defensa, es desde 2016 la encargada de la atención de los miembros de la Fuerza Pública afectados en razón de su servicio y, según Garzón, constituye un avance significativo en esta materia.

Diana Gutiérrez de Piñeres es la directora de la DCRI y coincide en señalar las dificultades existentes en la rehabilitación de los exsoldados y expolicías antes de que se creara este centro. “Antes era un proceso bastante más funcional. Era la fase donde se atienden la discapacidad, la cirugía, la atención en el hospital, cómo manejar la prótesis, aprender a caminar. Nosotros lo que hacemos es acompañar. No es suficiente tener una prótesis para superar lo que sucede cuando alguien pierde uno de sus miembros, o la visión o la audición”.

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Actualmente, el proceso en el Centro de Rehabilitación Inclusiva dura alrededor de cuatro meses en los cuales se enruta a las personas hacia programas de capacitación de nivel técnico, tecnológico o incluso universitario. Su directora resalta que se trata de un proceso completamente distinto, por ejemplo, al de la reincorporación de los excombatientes de las Farc, que toma años.

“Si yo quisiera intervenir a una persona desde la validación de la primaria hasta una formación universitaria, que dura cinco años, y darle especialización, que dura otros tres, pues estaríamos hablando de una inversión de la que nosotros no tenemos los recursos para lograr. Nuestra intención no es tener un modelo asistencialista del cual generemos una dependencia hacia la persona con discapacidad, sino que generemos las condiciones en donde ellos logren autonomía”.Para la directora de la DCRI, lo que hace falta para que más exmiembros de la Fuerza Pública se vinculen a esta estrategia —ya que es un proceso voluntario— es mayor divulgación. Sin embargo, en los casos de Édgar Bermúdez y Nelson Moreno, que conocen este centro, la resistencia se debe a una profunda desconfianza hacia la institucionalidad. “Nosotros perdimos la credibilidad en el Estado, la Fuerza Pública y sobre todo en el Ministerio de Defensa”, sostiene Moreno.

Hoy, el expolicía Bermúdez se apresta a terminar su trabajo de grado de psicología, que consiste en una propuesta de reparación a los miembros de la Fuerza Pública afectados por el conflicto armado y el cual espera sirva de insumo para establecer una ruta clara de atención a otros que están en su misma condición.