Antes de finalizar el año, exFarc desplazados en Mutatá tendrán viviendas temporales

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La Agencia para la Reincorporación anunció que el Gobierno comprará los predios donde se asentaron los exguerrilleros que salieron desplazados de Ituango en julio pasado. Igualmente, se arreglarán las vías que los comunican con Turbo y Apartadó.

Este jueves, el Gobierno Nacional, a través del gerente de paz de la Gobernación de Antioquia, Rafael Blanco, y Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), anunció las medidas que se implementarán como solución al desplazamiento de 93 personas, entre excombatientes, sus familiares y miembros de la comunidad que se retiraron del espacio territorial de Santa Lucía, en Ituango (Antioquia) por amenazas de grupos armados.

A casi cuatro meses del desplazamiento y de que los excombatientes denunciaran estar en una zona rural de Mutatá viviendo en carpas y sin servicios públicos básicos, el Gobierno hizo su primer pronunciamiento sobre la situación social y de seguridad en la que han vivido estos meses. El primer compromiso que anunció para mejorar las condiciones de vida de los excombatientes del antiguo espacio territorial de Ituango consiste en comprar el predio de 137 hectáreas donde las personas se asentarán y desde donde reiniciarán los proyectos productivos que, por el desplazamiento, se pausaron. “Tuvimos una reunión en la finca Becuarandó para implantar una solución transitoria que va a permitir el habitat de más de 63 excombatientes, de sus familias y de sus hijos. El objetivo es poder comprar este predio y construir unos módulos habitacionales de carácter transitorio” aseguró el director Stapper.

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Con la compra de este predio se iniciará la instalación de espacios temporales, que consisten en 63 viviendas, 2 aulas educativas, un espacio para la prestación de salud y un espacio comunitario para las 121 personas comprometidas con la implementación del Acuerdo de Paz firmado en la Habana. El compromiso fue comprar el predio y entregar las unidades de vivienda antes de acabar 2020. “De acuerdo con los cronogramas dispuestos, entre noviembre y diciembre se comienzan a entregar las unidades de vivienda”, afirmó Rafael Blanco, gerente de Paz de la Gobernación de Antioquia.

Además, según Blanco, “para que estas personas también puedan llevar a cabo su proceso de reincorporación, hemos venido trabajando en las vías de acceso a esas tierras”. Dicha inversión será de 183 millones para fortalecer la conexión vial del predio con la carretera que lleva a Turbo o a Apartadó, Antioquia.

"Se estima entregar una solución definitiva de vivienda a los excombatientes y sus familiares en dos años. Estamos trabajando conjuntamente el gobierno nacional, departamental y local para apoyar la decisión de trasladar estas personas de Santa lucía (Ituango) a Mutatá (región del Urabá), para poder ejecutar su proyecto de vida en el marco de la reincorporación que llevan a cabo” aseguró Blanco.

El desplazamiento sucedió en junio de este año, cuando se dirigieron hacia el municipio de Mutatá luego de haber pasado más de tres años en esa zona de reincorporación y de haber sobrevivido a amenazas y asesinatos de 11 firmantes del Acuerdo de Paz. Incluso, el primer semestre de este año los excombatientes recibieron una amenaza colectiva en la que les pusieron un plazo para “desalojar” el espacio territorial. El riesgo que tuvieron fue crítico, pues en la zona rural de este municipio tienen presencia las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la disidencia del antiguo Frente 18 de las Farc, al que pertenecieron la mayoría de los excombatientes que hoy están en ese espacio después de la dejación de armas.

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Stapper aseguró que las 30 personas (entre excombatientes y sus familiares) que decidieron no desplazarse a Mutatá y, por el contrario, quedarse en Santa Lucia, Ituango: “Se mantienen en la zona que está siendo garantizada por la ARN, en este momento estamos trabajando con la gobernación de Antioquia para poder hacer la reubicación cerca al casco urbano y que esto tenga todas las garantías de seguridad para ellos y el desarrollo de proyectos productivos que les garantice ingresos".

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