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Poco más de un mes falta para que llegue la fecha que ha sido considerada desde distintos sectores como clave para la reincorporación de los excombatientes de las Farc. El próximo 15 de agosto vence el plazo como figura jurídica de los 24 espacios de reincorporación pactados en el Acuerdo de La Habana. Igualmente, beneficios como la renta básica mensual o la asistencia alimentaria también culminan, o por lo menos se transforman. Los retos que vienen por delante son de enormes dimensiones.
Con esa fecha en el horizonte, representantes del Gobierno Nacional, del partido FARC, de la comunidad internacional y de la sociedad civil se juntaron en el encuentro “Avances y retos en la Reincorporación de Excombatientes de las Farc”, organizado por Colombia2020 de El Espectador, en asocio con la embajada de la Unión Europea en Colombia. Una conversación que arrojó compromisos concretos e identificó los vacíos en este proceso.
Video: Emilio Archila: "Este gobierno no va a modificar los acuerdos"
Justamente uno de esos compromisos, que le apunta a generar certezas tras lo que algunos denominaron la etapa “pos-agosto”, vino del alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien fue enfático en resaltar que “este gobierno no va a modificar los acuerdos en lo que tiene que ver con las garantías legales para los excombatientes”. Ello haciendo referencia a que desde el gobierno se plantea que los delitos sexuales, el secuestro y el narcotráfico no sean considerados como delitos conexos al conflicto armado y por ende no tengan tratamiento diferenciado, pero a futuro, lo cual no tendría consecuencias para quienes ya están en el proceso.
Asimismo, Archila aseguró que el gobierno apoyará a los excombatientes por todo el tiempo que sea necesario, a pesar, dijo, de que algunos compromisos pactados en el Acuerdo de La Habana tenían fecha de caducidad. Para ese fin, en varios de los predios donde están los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) el gobierno está en negociación con sus dueños para entregarlos a los excombatientes y usarlos en proyectos productivos y de vivienda.
Sin embargo, las dificultades y los retos del proceso también estuvieron sobre la mesa. La principal de ellas, la seguridad física de los excombatientes ante la oleada de asesinatos que ya llega a 135. Así lo expresaron los representantes de la comunidad internacional, empezando por el enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz, Eamon Gilmore, quien abrió la conversación, así como el jefe de verificación de la Misión de Naciones Unidas, Raúl Rosende; o la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart.
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Este sector celebró el compromiso del gobierno con el proceso de reincorporación, aunque reconocieron que es un momento con dificultades. “Sin duda estamos en un momento políticamente sensible y es importante generar confianza para todas las personas que decidieron dejar las armas”, dijo la embajadora Llombart.
Frente a esa oleada de asesinatos, el representante del partido FARC Pastor Alape hizo un llamado para que los esfuerzos apunten a desestructurar las organizaciones armadas e investigar a los autores intelectuales de los homicidios contra los exguerrilleros. Un llamado que escuchó el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, quien aseguró que ese es el principal obstáculo para la protección de los excombatientes. Dijo que es necesario “desvertebrar las organizaciones criminales, llámese autodefensas, bandas criminales, paramilitares, disidencias”.
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Igualmente, González señaló que de cara a las elecciones regionales y locales de octubre de este año ya existe un plan para reforzar la seguridad de los excombatientes, según se ha ordenado desde el Gobierno Nacional.
De todas maneras, Alape recordó que el Pacto Político Nacional, establecido en el Acuerdo para contrarrestar la estigmatización, no se ha venido ejecutando mientras el señalamiento sigue cobrando vidas en el proceso.
En el plano de la reincorporación económica el camino por recorrer parece aún largo. Alape resaltó que hasta el momento solo han sido aprobados 24 proyectos productivos colectivos para los excombatientes y que la inmensa mayoría continúa aún sin alternativas reales.
En ese sentido habló la representante residente del PNUD en Colombia, Jessica Faieta, cuya agencia acompaña los proyectos productivos de los excombatientes en la mayoría de los territorios. Para ella, el principal problema continúa siendo la tierra y eso es algo que debe resolverse. Asimismo, es necesario enfocarse en el desarrollo de los municipios más golpeados por la violencia, aquellos priorizados para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Y es que entre los PDET y los ETCR, dijo Rosende, lo que está sucediendo es que el Estado está llegando a territorios en los que había estado ausente históricamente.
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Es justamente en esa esfera, la de la reincorporación económica, donde el sector privado puede jugar un papel fundamental, y así lo reafirmó Juan Pablo Campos, gerente general de Lohas Beans. Según el empresario, el reto es crear confianza y asumir riesgos a la hora de crear emprendimientos y empresa. “Vender para producir y no producir para ver dónde vamos a ir a vender”, dijo.
Un ejemplo de eso es el café orgánico producido en Tolima exportado de forma rentable y celebrado por los compradores en el exterior. Pero que necesita para ser sostenible de vías de acceso y seguridad que deben ser afrontados.
En esta esfera, recordaron tanto Archila como el empresario, existe una línea de crédito abierta para excombatientes de las Farc en el Banco Agrario, un componente hasta el momento muy poco conocido entre quienes están en su tránsito a la legalidad.