Gobierno colombiano pide prórroga para eliminar minas antipersonal

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La solicitud la presentó el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para cumplir con la Convención de Ottawa, un tratado global que prohíbe el uso de minas antipersonal. La prórroga sería por un periodo de 4 años y 10 meses.

Por segunda ocasión, el Estado colombiano pidió extender el plazo para la eliminación de las minas antipersonal instaladas en su territorio. Hay más de 12 millones de áreas identificadas con riesgo en 156 municipios donde se realizan operaciones de desminado humanitario, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cabeza actualmente de Miguel Ceballos.

Colombia continúa siendo el segundo país con mayor número de víctimas de minas antipersonal a nivel mundial, solo superado por Afganistán. Desde 1990 hasta el 31 de mayo del 2020, de acuerdo con Descontamina Colombia, se han registrado 11.868 víctimas.

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El funcionario hizo esta solicitud durante la sesión virtual de la reunión intersesional de la Convención de Ottawa, que se realiza del 30 de junio al 2 de julio en Ginebra (Suiza). Entre las razones que presentó está el darle paso al Plan Operativo de Desminado Humanitario 2020-2025, para limpiar esos 156 municipios contaminados.

Según el alto comisionado, de los 720 municipios que presentan algún nivel de contaminación por estos artefactos explosivos, 156 están en intervención y 404 han sido declarados libres de sospecha de minas antipersonal.

El Convenio de Ottawa es un tratado que prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas e insta a los 164 Estados firmantes a destruirlas en su totalidad. A pesar de que la firma del tratado se dio en 1997, en Colombia entró en vigor solo hasta marzo de 2001. Desde esa fecha, el país se comprometió a proteger a las comunidades afectadas por la presencia de minas y a cumplir con el plazo de diez años para liberar los territorios de estos artefactos.

La primera prórroga la hizo el gobierno de Juan Manuel Santos en 2011, la cual fue concedida hasta el 31 de marzo de 2021. En esta ocasión, el alto comisionado señaló la importancia de continuar con una labor que ha impactado en el 30% de la población colombiana. “Estos avances han permitido un despeje acumulado de más de seis millones de metros cuadrados y la destrucción de 3.733 minas antipersonal de naturaleza improvisada”.

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Sin embargo, también resaltó las dificultades para concluir con la eliminación del total de las minas, como la ubicación, las exigencias de las condiciones topográficas y climáticas donde están estos artefactos, los grupos ilegales que continúan instalándolas y la financiación para las operaciones de desminado humanitario.

Con respecto a esto último, Ceballos aseguró que el gobierno tiene proyectado entre 2020 y 2022 invertir más de 146 millones de dólares para el sostenimiento de las operaciones de desminado humanitario que adelanta la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario y la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina.

Esta solicitud será considerada por los demás Estados partes quienes darán su veredicto en noviembre de este año.

 

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