“Hay riesgo de resiembra porque el Gobierno está incumpliendo”: Coccam

En momentos en que el gobierno anuncia su política integral contra las drogas y los ataques contra líderes de sustitución siguen en aumento, persisten las inquietudes de las comunidades que no ven el carácter integral en la nueva estrategia.

En el programa de sustitución de cultivos hay 99.096 familias inscritas. / EFE

Más dudas que certezas dejó en las comunidades que viven en territorios sembrados con cultivos de uso ilícito el lanzamiento ¬el pasado 13 de diciembre¬ de la nueva política contra las drogas, denominada “Ruta Futuro”. Aunque durante su presentación el presidente Iván Duque insistió en que se trata de una estrategia integral, en los territorios persiste la incertidumbre respecto a lo que representará para los campesinos cocaleros y lo que pasará con los programas de sustitución voluntaria que se pusieron en marcha como parte de la implementación del Acuerdo Final de Paz.

El enfoque de “Ruta Futuro” apunta básicamente a cinco líneas: la disminución del consumo de drogas, el ataque a la oferta, la desarticulación de las organizaciones criminales, la afectación a las economías del crimen organizado y la transformación de los territorios en tránsito hacia economías lícitas. Sin embargo, para Luz Perly Córdoba, una de las fundadoras de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) – la organización que lidera el proceso de sustitución de cultivos – la estrategia no es tan integral como ha sostenido el Gobierno y le preocupa que promesas como la atención financiera y de asistencia técnica a las comunidades se queden en el plano discursivo, pues en los territorios se vive una realidad muy diferente.

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Las cifras así lo confirman. El avance del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en el que están comprometidas 99.096 familias según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha sido mínimo, entre otras cosas, porque apenas el 33 % de ellas ha recibido apoyo del Estado. Lo que se ha implementado con mayor fuerza han sido las acciones de fumigación de cultivos y erradicación forzada. Pero, además, quienes han liderado el PNIS en los territorios han sido blanco de todo tipo de hechos victimizantes: asesinatos, desplazamiento forzado, amenazas.

Solo entre 2017 y lo que va de 2018 fueron asesinados 47 líderes de sustitución de cultivos, pertenecientes a la Coccam, todos los miembros de la instancia nacional de esta entidad están amenazados y cinco de los doce integrantes de su Comisión Política están en situación de desplazamiento, según el más reciente informe de esta organización.

Córdoba advierte que la implementación del punto 4 del Acuerdo de Paz, sobre solución al problema de las drogas ilícitas, está en riesgo de un eventual fracaso.

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¿Cuál es la lectura que hacen de “Ruta Futuro”, la política integral de drogas del gobierno Duque?

Eso es una bolsa de aire. El problema es que si Duque dice que no hay recursos para atender más familias en el tema de sustitución voluntaria, cómo pretenden hacer una atención integral en el territorio si es que la forma más posible de disminuir los cultivos es precisamente involucrando a los campesinos pobres a los que les ha tocado por necesidad cultivar coca, para que puedan salir de la situación en la que están.

Si eso no sucede, todo va a seguir igual y volvemos a lo mismo: se dan anuncios de gobierno , pero eso cómo se va a materializar en la práctica si se está dinamitando el proceso de paz, sobre todo la implementación del punto 4. Si a las comunidades que sí arrancaron la coca, que sí cumplieron, les incumplió el gobierno, pues va a haber un efecto espejo para los demás campesinos que no van a tener motivos para arrancar las matas.

Desde que llegó el nuevo Gobierno no ha sido posible disipar la incertidumbre alrededor del futuro del PNIS y por el contrario se ha acentuado...

Para nosotros es absolutamente grave, por ejemplo, que digan que se cierra la inscripción de familias al PNIS pues hay mucha gente que no se ha inscrito porque el gobierno no tuvo la capacidad suficiente para atender a todas las familias que estaban en disposición de entrar al programa. Aún falta más de la mitad de los campesinos, pequeños cultivadores, por entrar y el gobierno dice “ya cerramosel broche porque no hay más plata”.

Pero nosotros nos preguntamos por el derecho a la igualdad, porque así como los campesinos que hoy están inscritos en el programa tuvieron derecho a una oportunidad de sustituir de manera voluntaria, de tener el apoyo del Estado – que no ha sido efectivo tampoco, pero por lo menos está el compromiso – así también la deberían tener los campesinos que hoy no están en el programa.

Estamos hablando de Cauca, de lo que falta por inscribir en Nariño, de lo que falta en el Catatumbo que es prácticamente todo y en otras regiones del país. Eso es algo que vemos con mucha preocupación porque entonces a los campesinos que no se inscribieron, ¿les toca simplemente afrontar la erradicación forzada y la fumigación porque eso sería lo que vendría para ellos sin ningún tipo de apoyo?

¿Es preocupante también la situación de las familias que ya firmaron un acuerdo de sustitución de sus cultivos?

Los proyectos productivos han sido un fiasco. En Guaviare, a la gente no le han cumplido con ese tema. Si hablamos del municipio de Miraflores –que prácticamente está aislado del resto del departamento del Guaviare – donde más de mil familias se comprometieron, erradicaron los cultivos de manera voluntaria, y se quedaron sin con qué comer porque allá no se vivía sino de la coca porque no hay vías, todo sale en avión, entonces ¿qué se va a poner a hacer la gente?

En Arauca, por ejemplo, que fue declarada libre de cultivos de coca, donde 400 familias erradicaron el año pasado y ya este mes reciben el último pago (que además está retrasado), no hay un solo proyecto productivo andando.

¿El incumplimiento del Gobierno ha creado las condiciones para que se produzca el fenómeno de la resiembra?

Sería irresponsable decir que la gente ya está resembrando, pero el análisis conlleva a esa conclusión toda vez que la gente no puede vivir de otra cosa y se esperaba que con el proceso de paz no solo se implementara el punto 4 sino que también iniciara la implementación del punto 1 – reforma rural integral – que trae soluciones un poco más de fondo que permitan a esas regiones desbloquearse y poder empezar a articularse a la economía nacional para poder producir otras cosas, pero si el punto 4 no se ha cumplido el 1 está absolutamente en pañales.

En Vichada, en las zonas más apartadas de Nariño, Miraflores en Guaviare o el bajo Guaviare, son zonas completamente aisladas que no tienen vías y la gente no vive de nada más porque nada más les puede generar ingresos, entonces ahí hay un riesgo enorme.

¿La política del gobierno se ha limitado entonces a la erradicación forzada?

Se está haciendo es fumigación con drones. Lo que preocupa es que la fumigación se ha ejecutado en comunidades donde a la gente no se le dio la oportunidad de involucrarse en el programa de sustitución. Y lo que dice el Acuerdo es que primero se le da la oportunidad de estar en el programa y si el campesino se niega o incumple, entonces ahí si vendría la erradicación.

Desde la Coccam y otras organizaciones campesinas han elevado en no pocas ocasiones este reclamo al Gobierno Nacional, ¿cuál ha sido la respuesta?

La respuesta ha sido nula. El 10 de diciembre los senadores y representantes de FARC convocaron una audiencia pública sobre sustitución de cultivos de uso ilícito a la que no asistió el Gobierno, no llegó ningún alto funcionario a responder. Ni siquiera yendo a Bogotá, a realizar un acto pacífico, entrar al Congreso, exponer la situación, lograron que los funcionarios tuvieran un espacio en su agenda para escucharlos y darles alguna respuesta.

Frente a los hechos victimizantes que denuncia la Coccam en su más reciente informe, ¿hay una relación directa entre las zonas con mayor presencia de cultivos de uso ilícito y aquellas con mayor ocurrencia de asesinatos de miembros de la Coccam?

Sí, evidentemente. Por ejemplo, en Cauca han asesinado 17 compañeros; en Nariño, 10, y en Antioquia, siete. En esos departamentos hay una fuerte disputa entre campesinado que ha reclamado el cumplimiento del punto 4 del Acuerdo y que está con la implementación del PNIS, y por el otro lado, los grandes narcotraficantes que se oponen a todo el proceso de sustitución.

Llama la atención en el informe que en el 47% de los casos el autor es desconocido.

Efectivamente los niveles de impunidad son supremamente altos y esto tiene que ver con muchísimos factores, pero fundamentalmente con la incapacidad del Estado de proteger a los líderes, y sobre todo de dar garantías en términos de no repetición, que no los sigan asesinando. Eso genera también que la gente, al no tener garantías, tenga mucho miedo de dar información para ayudar en el esclarecimiento; pero, por otro lado, hay regiones que están tomadas por bandas criminales y esto significa que es muy difícil que, sin el apoyo efectivo del Estado para protección, se pueda hacer esclarecimiento de los hechos.

El pasado primero de julio la Coccam reportó 36 asesinatos desde su fundación en enero de 2017. Hoy esa cifra asciende a 47. ¿La llegada del gobierno Duque no ha significado entonces un cambio en la tendencia?

El fenómeno sigue en aumento. Ninguna de las acciones del Estado ha servido para detener la situación. El presidente Duque ha manifestado de manera directa que está muy comprometido en proteger a los líderes sociales, pero eso no se ve reflejado en la realidad porque nos siguen amenazando, desplazando y nos siguen asesinando.

El tema de la protección se ha quedado solo en el discurso. Una forma realmente de evidenciar la efectividad de la protección es que empiecen a bajar las tasas de homicidio de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y campesinos, lo cual no ha pasado.

El Gobierno lanzó hace menos de un mes el Plan de Acción Oportuna para protección a líderes y defensores de derechos humanos ¿cómo ven la estrategia?

Nosotros vemos una distancia enorme entre lo que se aprueba y se publica en Bogotá y lo que se implementa en las regiones. En lo nacional salen muchos anuncios, voces de buena voluntad y de compromiso. Los delegados del Gobierno vienen al territorio y señalan una cantidad de decretos y resoluciones que se supone se dictaron a fin de proteger a los defensores de derechos humanos, pero el tema es que eso no tiene efectiva aplicación en las regiones.

Si no se comprometen también las Fuerzas Militares en territorio, se comprometen las administraciones locales y las regionales, eso no va a funcionar porque los hechos ocurren es en Cauca, en Nariño, Córdoba, Antioquia.

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Sebastián Forero / @Sebasforeror

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