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Un terruño nombrado Aldea de Piedras. Luego, Aldea de Felicina. Y finalmente, Jericó, Antioquia, en 1853, tal como se llama la tierra a la que el pueblo de Israel, según la tradición judeocristiana, llegó entre los años 1.000 y 1.200 a.C. escapando de la esclavitud en Egipto.
Jericó, en Colombia, está encaramado en una montaña desde donde parece posible tocar la barriga de las nubes, y Jericó, en Cisjordania, está en el valle del río Jordán y aparece como una pintura de punticos verdes en medio de un desierto marfil. El Jericó de allá sufrió por lo menos 20 destrucciones. El de acá, por fortuna, ninguna. Al menos no por ahora. Queda la duda hacia futuro por las razones que encontró El Espectador después de hacer un recorrido por la zona. (Lo que ha hecho la Alcaldía de Jericó).
En el año 2005, llegó a la población del suroeste antioqueño AngloGold Ashanti (AGA), una empresa minera cuya sede principal está en Johannesburgo, Sudáfrica. AGA compró seis títulos mineros con una extensión de 7.594 hectáreas en la Provincia de Cartama. El 80 % corresponde a la jurisdicción de Jericó (12.600 habitantes) y el 20 % a Támesis (16.500 habitantes).
El proyecto de la compañía se llama Quebradona y la meta es llegar al depósito denominado Nuevo Chaquiro que está a 400 metros de profundidad, a través de tres túneles cada uno con una longitud aproximada de 6 kilómetros. El proyecto durará cuatro años de construcción, 21 años de operación, tres años de cierre y 10 años de postcierre. La producción está estimada en 3,92 millones de toneladas de cobre, 6,13 millones de onzas de oro y 85 millones de onzas de plata. (La amenaza minera contra la Amazonia).
El presidente de la minera, Felipe Márquez, les entregó a los jericoanos el 18 de julio pasado en un encuentro en el que El Espectador estuvo presente, una carta en la que se comprometió a cumplir asuntos sobre el manejo de aguas, el depósito de relaves secos, el paisaje, temas ambientales y uno que particularmente llama la atención: “el componente socioeconómico y productivo”. Allí, el señor Márquez aseguró unos números de empleos que beneficiarán a la región, y un aumento del “presupuesto de libre inversión que pasaría de $ 1.700 millones a $19.000 millones, entre las regalías que recibiría directamente el municipio, impuesto de industria y comercio y catastro”.
La Ley 685 de 2001 en su artículo 231 dice: “Prohibición: La exploración y explotación mineras, los minerales que se obtengan en boca o al borde de mina, las maquinarias, equipos y demás elementos que se necesiten para dichas actividades y para su acopio y beneficio, no podrán ser gravados con impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos”. Para entender esto en relación con la promesa de AngloGold, Guillermo Rudas, economista y miembro del comité académico del Foro Nacional Ambiental, le explicó a El Espectador lo siguiente:
“Alguna vez un exministro dijo que si se renunciaba a la actividad minera se renunciaba a los impuestos que pagan. Eso es mentira: no pagan impuestos de industria y comercio, predial, vehicular, ninguno de los impuestos territoriales por cuenta de ese artículo”. Para Rudas, es pertinente preguntarse, si la ley es tan clara, “¿miente la minera o en dado caso, el futuro alcalde estaría dispuesto a violar esa ley?”.
“Sí a la minería, pero no así ni aquí”
“Soy jericoano, hijo de agricultor, comimos siempre de lo que sembramos. Jericó nunca ha sido rico, pero nadie se ha muerto de hambre. Hemos vivido en paz y nunca ha habido divisiones por nada. Pero como la minería trabaja con dinero, mucha gente se arrodilla y ya nos han dividido”. Así resumió el ambiente de los últimos tiempos monseñor Nabor Suárez, y remató: “sí a la minería, pero no así ni aquí”.
Con él coincidió un amplio grupo de jericoenses que El Espectador consultó en cuatro veredas del municipio. Cultivadores de café, plátano, cítricos, aguacate Hass; propietarios de restaurantes y hoteles, expresaron miedo, tristeza y rabia. Sustentaron sus emociones en las graves afectaciones a los ecosistemas y las fuentes de agua y a una sospecha de problemas de seguridad que podrían llegar con la presencia de gente ajena a la región. Un punto común entre todos, ya expuesto por monseñor, es la división social.
“Nos están haciendo débiles con el dios dinero”, sostuvo John Wilmar Marín, caficultor y dueño del hotel La Noelia. “No sabemos si nos va a tocar emigrar de la región”, afirmó Luis Fernando Gaviria, productor de café y plátano. “Vandalismo, prostitución, boleteo, secuestro, extorsión son los daños colaterales. Por eso necesitamos que no crean que si les dan una licuadora, les van a resolver sus problemas económicos”, dijo el comerciante Jaime Osorio.
Sobre el temor por el daño a las fuentes hídricas, el caficultor José León Arango explicó que los trabajos de la minera impactarán a la quebrada Quebradona que surte a las veredas Vallecitos, La Soledad, La Hermosa, Palo Cabildo, Quebradona Arriba, Quebradona Abajo. “Sólo con la exploración ya hicieron un daño cuando perforaron unos ojos de agua, que son como un acuífero, en la finca La Mama. Y ellos trataron de taparla con cemento”.
El Espectador preguntó a AngloGold Ashanti: “¿Pueden ustedes asegurar que estas fuentes hídricas no sufrirán daños?”. La respuesta fue: “Sí, lo podemos asegurar. No usaremos el agua que abastece al municipio de Jericó ni a sus veredas. En las labores de construcción y operación, tomaremos menos del 1 % del volumen del río Cauca. Es decir 0,25 m3/s como máximo de un caudal de 770 m3/s que tiene el río. Adicionalmente, recircularemos más del 80 % del agua que usaremos en nuestros procesos”.
¿Injerencias indebidas?
Los campesinos denunciaron también la “injerencia indebida” de empleados de la minera Quebradona en los colegios públicos. El 28 de noviembre de 2016, tres rectores aceptaron una invitación de AngloGold Ashanti al Brasil para conocer allí su mina. Se fueron sin el permiso debido y al regresar, según los habitantes, estaban encantados con la compañía. Tanto que, según relataron, obligan a los estudiantes y sus padres de familia a firmar documentos de apoyo al proyecto minero.
Rodolfo Tobón, presidente de la junta de acción comunal de la vereda la Soledad, contó: “Tengo dos niños que estudian en el colegio de Palo Cabildo y la empresa quiere meterse a como dé lugar ahí. Nosotros no queremos que el colegio reciba plata de esa mina. Un día pusieron a los niños a votar si querían recibir plata o no y hubo profesores que les ponían la mano en la respuesta. Ese día me salí berraco de allá”.
En la vereda Palenquito, Martha Patricia Quiñónez anotó: “Los rectores están completamente comprados. En la escuela de Los Patios ya tengo vetada la entrada y también en La Normal, porque estoy en contra de la minería. No quiero ir a las reuniones que la minera Quebradona hace en los colegios y pedí que no involucraran a mis hijos. Me ofrecieron arreglarme el techo de mi casa si firmaba un documento diciendo que la comunidad está de acuerdo”.
La minera surafricana negó esas denuncias: “Decir que incidimos indebidamente en las decisiones de los padres de familia y alumnos, además de falso, sería una ofensa contra esas personas. Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo informar a través de la socialización del proyecto, para que las personas de la comunidad puedan tomar una posición informada”.
El alcalde de Jericó, Jorge Pérez Hernández, que es otra voz en contra del proyecto de Quebradona, le entregó a El Espectador las cartas que desde abril de este año le ha remitido a la Secretaría de Educación de Antioquia, con quejas sobre la presión que reciben padres de familia y alumnos en los colegios públicos de Jericó. La última comunicación adjunta una misiva firmada por varios papás, y fue trasladada a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y el ICBF.
Minería, = o vs. desarrollo social
La minera aseguró, en las respuestas que pidió este medio, que “cerca de la mitad” de la población de Jericó y Támesis está a favor de su proyecto. El alcalde de Támesis, Alexánder Zuluaga, por el contrario, dijo: “el 100 % de mi población apoya la idea de no canjear la posición social actual con lo que propone AngloGold”. Sin embargo, es comprensible que, ante promesas de un buen mañana, algunos habitantes piensen que hay que apoyar la explotación minera.
Dos datos para el análisis. La Comisión Económica para América y el Caribe –CEPAL– señaló en el informe “Los indicadores sociales en los principales departamentos mineros de Colombia 2002-2011” que en La Guajira, Cesar, Antioquia, Córdoba, Chocó, Boyacá y Bolívar se presentaron índices de pobreza y extrema pobreza superiores al promedio nacional. Y una investigación del economista Guillermo Rudas mostró que el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (INS) y el Índice Multidimensional de Pobreza (IMP) son superiores en los municipios donde hay extracción de carbón y petróleo comparados con los que no tienen esa actividad económica.
Para el profesor emérito de la Universidad de Los Andes Manuel Rodríguez, “abrir la minería en un municipio como Jericó pone en grave riesgo los potenciales para su desarrollo, acorde con su territorio y sus tradiciones: su patrimonio ambiental y paisajístico, su patrimonio arquitectónico, su tejido social y su vocación agrícola”.
El 20 de noviembre de 2018, el Concejo Municipal de Jericó aprobó el acuerdo 010 que proscribe la minería metálica en su jurisdicción y otros 12 territorios. El acuerdo fue demandado y la población está a la espera de la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia. Ante la ausencia de criterios unificados en las Altas Cortes colombianas, es difícil prever cuál podría ser la decisión del Tribunal. Una pista posible está en lo que ocurrió con un acuerdo municipal parecido en Salento, Quindío, que invalidó el Tribunal Administrativo de ese departamento porque “el subsuelo y los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado y no a las entidades territoriales”.
Los estudios de impacto y la licencia ambiental
Mientras tanto, la minera tiene dos asuntos pendientes. La entrega del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la solicitud de licencia ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– para iniciar la fase de explotación.
“El EIA lo elabora una empresa contratada por la minera y no hay proceso de certificación de quienes hacen esos estudios. Luego le entregan eso a la ANLA, una entidad precaria para ese análisis, y el ejemplo está con Hidroituango donde vemos que tenemos una autoridad ambiental incapaz de ejercer sus funciones”, opinó el economista Rudas.
¿Se salvará el Jericó colombiano de la destrucción, o seguirá los pasos del Jericó de los palestinos? ¿Tendrán que esperar los ciudadanos 30 años para probar quién tuvo la razón?
Un resumen del sinsabor lo deja el escritor Héctor Abad Faciolince, autor de La Oculta, novela inspirada en el territorio jericoano: “Jericó, y en general la provincia del Cartama, es un paraíso de biodiversidad. Esta superficie le ha dado una vida digna a cientos de miles de familias campesinas de pequeñas propiedades donde se cultiva café, cacao, aguacate, caña de azúcar, plátano y mil productos más. Ahora nos dicen que nos ganamos la lotería porque también en sus entrañas hay cobre. Lo malo es que para sacar ese cobre se rompería la tierra, se alteraría el paisaje, se afectarían las aguas, y lo que es mucho más grave, todo el tejido social y cultural de la región. Creo que es mejor apegarnos a la maravilla que ya tenemos, sin pedirle más a esa tierra que ya nos lo ha dado todo. La gran minería es como una droga de dinero fácil: el estiércol del diablo”.
* Periodista.