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El axioma dice que la historia la cuentan los que triunfan. Pero en la confrontación entre el Estado y las Farc ninguno venció y resolvieron moldear un proceso de paz que debe cumplirse. Una de las premisas de esa negociación, punto de partida para la aplicación de la justicia especial de paz, es que la verdad se constituya en un deber ineludible. Una responsabilidad colectiva que desde ayer cuenta con una comisión de once expertos que durante tres años deberán aportarle a la sociedad un relato imparcial sobre lo que le sucedió a Colombia.
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Los once comisionados serán coordinados por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien no sólo presidirá la Comisión de la Verdad, sino que será su vocero autorizado. Un acierto del Comité de Escogencia, porque el padre De Roux es un hombre que ha dedicado su vida a trabajar con las víctimas y a construir paz y reconciliación en los territorios de la Colombia marginada. Nadie puede dudar de la convicción pacífica de este teólogo y filósofo, que le otorga a la presidencia de la Comisión suficiente estatus de confianza pública.
Aunque la Comisión puede extender su exploración histórica hasta hechos anteriores a la guerra entre el Estado y las Farc en busca de insumos básicos y contextos de comprensión sobre sus causas principales, deberá concretar los rangos y escenarios específicos de trabajo. Basada en la visión transversal de la paz territorial, tendrá que multiplicar su evaluación, buscando que ninguna región de Colombia quede por fuera del informe final. En perspectiva de género, el documento y sus componentes tendrán que estar listos en el año 2021.
La Comisión de la Verdad no sustituye a la justicia y quienes acudan a ella no pueden ser judicializados por sus revelaciones. En el propósito de enaltecer el derecho a saber y el deber de recordar, se trata de un ejercicio de memoria histórica colectiva para que las actuales y futuras generaciones encuentren una versión confiable sobre los orígenes, causas y dinámicas de una guerra degradada que dejó millones de víctimas durante más de cinco décadas de confrontación armada, judicial y política. Una versión donde todas las regiones se vean representadas.
Con toda seguridad, la composición de la Comisión de la Verdad será objeto de controversias, pero en beneficio del Comité de Escogencia, todos los elegidos pueden sustentar, en su trayectoria personal y profesional que tienen los méritos suficientes para encarar la misión para la que fueron seleccionados. Unos por su encomiable trabajo en derechos humanos, sin distingo de víctimas; otros por su solidez académica y rigurosidad metodológica; y todos por su decisión de trabajar por las víctimas.
A diferencia de otros tiempos, de los once comisionados escogidos, cinco son mujeres, y las etnias y diversidades de Colombia están representadas. María Ángela Salazar Murillo, víctima directa del conflicto armado, como mujer afrodescendiente, aporta su trabajo activo en defensa de los derechos de los sobrevivientes y las mujeres. María Patricia Tobón Yagerí, de la comunidad embera, ha dejado su rastro en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas como abogada constitucionalista. Lucía González ha puesto todo su conocimiento en función de construir espacios de reconciliación y memoria histórica.
Desde el mundo de la academia aporta su experiencia el médico social Saúl Franco, conocedor al detalle de las comisiones de la memoria de Argentina, Guatemala y El Salvador. Carlos Martín Beristain, también médico, ha asesorado diversos procesos de verdad histórica en el mundo. Lo hizo en Guatemala, Perú y El Salvador. Alejandra Miller es una politóloga con más de una década de trabajo en la Ruta Pacífica de las Mujeres, lo que la llevó a sumergirse en la realidad de las víctimas del sur del país.
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El periodismo también tiene sus representantes. Marta Ruiz es una reconocida editora de la revista Semana que por más de 15 años ha registrado el acontecer noticioso de la guerra y sus procesos de paz. Alfredo Molano Bravo, escritor de una veintena de libros sobre los orígenes del conflicto armado, es uno de los más reconocidos cronistas de la Colombia profunda. Por más de 20 años ha sido columnista de El Espectador , desde donde ha dado a conocer los rincones olvidados del país y sus gentes.
Carlos Guillermo Ospina, abogado y profesional en ciencias militares, fue postulado por su labor en defensa de la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto. Y Alejandro Valencia, un defensor de derechos humanos con una vasta experiencia en comisiones de la verdad, como las de Bolivia, México y Paraguay. Esta selección Colombia de la memoria histórica tendrá en sus manos el más sentido reclamo de quienes sufrieron el conflicto: rescatar la verdad. Una verdad que sea punto de encuentro, una garantía de no repetición, que conduzca a este país dividido por el sendero de la reconciliación.