La FARC, las muertes y las elecciones

La reincorporación de la antigua guerrilla se lleva a cabo en medio de un conflicto que persiste. Hay una disputa de grupos criminales en las zonas que antes fueron de su influencia y de ahí la alarma ante la falta de garantías de seguridad para hacer política.

Buena parte de las amenazas y hechos violentos contra los excombatientes de las Farc se concentran en Cauca, Nariño y sectores específicos de Antioquia. / AFP

Reincorporación en medio de la guerra

La reincorporación política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) está llevándose a cabo en un contexto poco común. Aunque se firmó un acuerdo de paz, Colombia aún se encuentra inmersa en un conflicto armado. En algunas regiones donde antes operaba la ahora desmovilizada guerrilla persiste la presencia de grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Ejército Popular de Liberación (Epl), los Pelusos o las propias disidencias. ¿Cuál es la influencia de estos varios grupos sobre la participación política de los excombatientes de las Farc?

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Los directivos y miembros del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) aseguran que organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas o el Clan del Golfo han amenazado a sus integrantes y atentado contra sus sedes. Pero al analizar la relación entre presencia de agrupaciones armadas y lugares donde el partido FARC obtuvo alguna votación en las legislativas de 2018, se encuentra que las cosas son algo más complicadas.

El Eln y los otros grupos armados

Comenzando por el Eln, en realidad estamos ante dos escenarios distintos: por un lado, se registran varias zonas de influencia, como el Catatumbo, Nariño, Cauca y Chocó, donde el partido FARC logró apoyo electoral a pesar de la presencia de esa agrupación subversiva. Pero, por otro lado, en departamentos como Arauca, Boyacá y Casanare, así como en zonas del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar, se constata la presencia del Eln y también la muy escasa votación por el partido FARC.

En Arauca, la superioridad política del Eln respecto de las Farc fue evidente durante muchos años. Además, la reintegración política de éstas amenaza los intereses financieros del Eln, pues el partido FARC se comprometió a ayudar en la sustitución de cultivos ilícitos. En casos como este es posible inferir que la influencia del Eln habría inhibido el apoyo al partido FARC en las elecciones de marzo de 2018. Pero ese no es el caso de los territorios a donde el Eln ingresó después de la desmovilización de las Farc.

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Aunque el Eln representa una amenaza para la FARC, los directivos del partido denuncian con más intensidad el peligro proveniente de los grupos paramilitares. De hecho, en los escenarios donde actúan el Epl, la Constru, el Clan del Golfo y su disidencia, los Caparrapos, la FARC no obtuvo resultados especialmente desfavorables en los comicios de marzo de 2018.
No obstante, la capacidad de adaptación de estos grupos a economías criminales de diversa índole podría implicar cambios de estrategia que a su vez aumenten el riesgo para los activistas del partido FARC en sus regiones respectivas.

El caso de las disidencias

Buena parte de las amenazas y hechos violentos contra los excombatientes de las Farc se concentran en Cauca, Nariño y sectores específicos de Antioquia, y vienen de múltiples grupos armados, entre los cuales se encuentran —además del Clan del Golfo, el Eln y el Epl— las propias disidencias.

En efecto, las disidencias han sido un serio obstáculo para la desmovilización y una amenaza para los desmovilizados. Por eso no tiene mucho asidero la idea difundida por ciertas fuerzas políticas, en el sentido de que el partido FARC habría utilizado las disidencias como instrumento para coaccionar a los residentes y asegurar así su apoyo electoral.
Además es importante señalar que la presencia de las disidencias entre 2016 y 2018 no corresponde, espacialmente y para todos los casos, con los escenarios donde la FARC obtuvo respaldo electoral. Es más, en Guaviare, donde las disidencias tuvieron mayor protagonismo armado entre esos años, la FARC obtuvo menos del 1,5 % del total de votos.}

¿Por ideas o por plata?

Si bien el número y la tasa de homicidios en Colombia mantuvieron su tendencia decreciente hasta 2017, las disputas por el control de economías criminales se tradujeron en un nuevo aumento de los homicidios en 2018.

En los territorios que antes fueron ocupados por las Farc sobrevino una disputa muy intensa entre otros grupos armados por el control de las fuentes de financiación, y esa disputa a su vez ha implicado un mayor número de líderes asesinados. Por eso tienen toda razón la FARC y las distintas organizaciones sociales cuando expresan su alarma ante la falta de garantías de seguridad para ejercer la actividad política.

Entre 2016 y 2018, el mayor número de asesinatos de líderes sociales se produjo en regiones donde grupos armados se disputan sobre todo territorios que son aptos para el cultivo de la coca y para la minería de oro. Por otra parte, también es claro que las disidencias de las Farc se han concentrado en municipios donde predomina el cultivo de coca.

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De lo anterior se sigue que la amenaza y el asesinato de líderes no puede explicarse exclusivamente a partir de razones ideológicas. Hay que considerar hasta dónde los proyectos económicos o iniciativas sociales de los líderes locales estorban o dificultan los planes u operaciones financieras de los grupos armados respectivos.

Por ejemplo, en una investigación de la Fiscalía sobre líderes en Cauca, Nariño y Putumayo se encontró que las amenazas en su contra se debían al papel muy activo de esos líderes en los programas de sustitución de cultivos.

Deber de protección

El mayor número de votos para la FARC en marzo de 2018 provino de regiones donde no se registró el asesinato de líderes sociales entre 2016 y 2018. Pero de aquí no se sigue que los desmovilizados puedan hacer política sin temor. Los riesgos para su seguridad son evidentes.

La permanencia de actores armados y economías criminales en distintas regiones del país implica, por lo tanto, que el Estado tiene todavía la tarea de proteger a los civiles. Incluyendo a los excombatientes de las Farc.

* Profesores e investigadores de la Universidad Externado de Colombia y analistas de Razón Pública.

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Irene Cabrera y Camilo Echandía*

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