La impunidad en los ataques contra firmantes del Acuerdo de Paz

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De los 199 casos que investiga la Fiscalía, existen 20 sentencias en donde los condenados, en su mayoría, son los sicarios. El partido FARC pide celeridad en las capturas para evitar que asesinen a 177 exguerrilleros actualmente amenazados en varias regiones del país.

El caso de René Nariño, como le decían en la guerrilla, es una muestra de lo que viven los excombatientes de las Farc radicados en ciudades como Cali, en donde han sido asesinados cinco de sus compañeros después de la firma del Acuerdo de Paz. A Johan Andrés Niño Calderón, como es su nombre de pila, le enviaron un panfleto con sentencia de muerte en los inicios de la campaña presidencial de 2018, luego lo persiguieron en motocicletas hasta su casa y, por último, recibió llamadas extrañas a su teléfono celular, lo cual denunció ante la Fiscalía en febrero pasado. A principios de julio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó la situación y le notificó que, según información de la Unidad Nacional de Protección (UNP), su riesgo es inminente y que esa entidad debe responder con prontitud por qué no ha tomado decisiones para salvaguardar su vida.

Se trata de una medida cautelar de la JEP, figura a la que muchos exguerrilleros amenazados están acudiendo para buscar protección, y deja como precedente la situación que están viviendo Johan Niño y otros 176 firmantes del Acuerdo de Paz que han denunciado amenazas en todo el país, de acuerdo con los registros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). A principios de junio, 20 exguerrilleros que pertenecieron a varios frentes en el norte del Cauca abandonaron la vereda Monterredondo, donde intentaban desarrollar actividades económicas para su reincorporación. La razón: un grupo armado ilegal le advirtió a la comunidad que iban a detonar un cilindro bomba en ese lugar si los miembros del partido FARC no se iban de la zona.

La impunidad

El pasado 7 de julio, a orillas del río San Miguel, en el municipio de Valle del Guamuez (Putumayo), fue encontrado el cuerpo de James Andrés Montaño, de 30 años, el exguerrillero número 216 asesinado después de la firma de la paz, según los registros del partido FARC. Llevaba cinco días desaparecido, perteneció al frente 48 de la exguerrilla y dejó las armas en el espacio de reincorporación Geiler Mosquera de Puerto Asís (Putumayo). En dicho departamento se han perpetrado 16 homicidios contra exguerrilleros de los 199 que investiga la Fiscalía en todo el país. El Cauca, con 35 crímenes, es el primer departamento; le siguen Antioquia, con 25; Nariño, con 23; Caquetá, con 19, y Norte de Santander, con la misma cifra. El 2019 fue el año más violento para los exguerrilleros de las Farc, pues fueron asesinados 73 de ellos. En 2017 fueron 32; en 2018 la cifra llegó a 62 y en lo corrido del 2020 van 32 (ver gráfica).

En un reporte que la Fiscalía le entregó a Colombia2020 se señala que de los 199 homicidios que investiga, la entidad ha identificado la responsabilidad de organizaciones criminales en 88 casos. Al hacer la discriminación por grupo, reporta que 34 se los atribuyen a las disidencias de las Farc; 11, a la guerrilla del Eln; 7, a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) (también llamado Clan del Golfo); 6, al Epl; 6, a organizaciones criminales locales (tipo C); un caso a Grupos Delictivos Organizados, y uno al grupo neoparamilitar los Caparros. Sin embargo, al sumar los casos en los que han identificado responsables, estos no suman 88, sino 65.

Comparando las cifras que tiene el partido FARC con las que nos entregó la Fiscalía (reporte de junio) se encuentran varias inconsistencias. En abril pasado el ente investigador les entregó un reporte a los abogados de la exguerrilla que pidieron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque, a su juicio, están siendo víctimas de una “política de exterminio”.

En ese documento de abril, la Fiscalía le dijo al partido FARC que había identificado responsables sobre 81 crímenes. A la hora de mencionar a los responsables les endilgó a las disidencias 42 casos (ocho más que los atribuidos en el reporte de junio); al Eln, 12 (uno más), y 9 a las AGC (dos más que el informe actual). Es un cambio inexplicable en tres meses. Esta cuestión no es menor, pues se trata de entender cuáles son los resultados de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía (creada por el Acuerdo de Paz para investigar y judicializar los crímenes contra exguerrilleros y líderes sociales) frente a los autores materiales e intelectuales de los 199 homicidios que investiga.

Dicha Unidad señala que a la fecha tiene 20 sentencias condenatorias, 16 casos en juicio, 14 en proceso de imputación de cargos, 41 en indagación y dos casos que precluyeron por la muerte del acusado. Para la Fiscalía, esto corresponde a esclarecer el 45 % de los casos. No obstante, para el partido de la exguerrilla solo se han emitido sentencias en el 11 % de los casos y la impunidad es cercana al 90 %.

Dentro de los resultados, la Unidad afirmó que tiene los nombres y las órdenes de captura contra 115 autores materiales, pero solo han sido capturados 43. Frente a los determinadores de los 88 crímenes, ha identificado a 38 victimarios y solo existen capturas contra 10 de ellos. Para el abogado del partido FARC, Diego Martínez, las capturas contra los autores intelectuales son mínimas y los señalados y publicitados son actores muy conocidos en el conflicto armado colombiano. “Hay muchas órdenes de captura, no solo en situaciones de sentencia, sino en procesos que lleva la Fiscalía, pero esta misma entidad, en una mesa conjunta que tenemos, se ha quejado porque la Fuerza Pública no las hace efectivas”, afirmó Martínez.

Un hecho preocupante, dice Martínez, pues casi no existen capturas por las amenazas que han denunciado 177 exguerrilleros en todo el país. Un ejemplo de ello es el caso de René Nariño, reseñado al inicio del texto, pero también el del director del partido, Rodrigo Londoño (Timochenko), quien durante la campaña política de 2018 sufrió ataques físicos y de estigmatización, que fueron denunciados ante la Fiscalía, pero nunca hubo ni una investigación ni una condena contra los responsables, afirma Martínez. De hecho, en febrero de ese año, luego de que Londoño recibiera agravios en Armenia (Quindío) y luego en Cali y Yumbo (Valle), donde le lanzaron piedras y huevos, dicha colectividad retiró la candidatura del exjefe guerrillero.

Los abogados del partido FARC entregaron a la Justicia Especial para la Paz (JEP), en el trámite de medidas cautelares como la que cobijó a René Nariño, 20 acciones de tutela que los jueces fallaron a favor de exguerrilleros de las Farc exigiendo al Estado tomar acciones para proteger la vida de estas personas.

Una de ellas es la de Emiro del Carmen Ropero, conocido como Rubén Zamora”, antiguo comandante del frente 33 de las Farc. Según la solicitud de protección ante la JEP, aun cuando existe el fallo de tutela, la Unidad Nacional de Protección (UNP) no demuestra la diligencia que ha adelantado para hacer efectiva la protección que reclama Ropero. “Aunque la UNP aduce haber realizado labores investigativas y de estudio, contar con resolución frente a la pretensión de un nuevo estudio de nivel de riesgo y que está pendiente únicamente la expedición del acto administrativo, lo cierto es que no anexó al expediente documental alguna prueba que demuestre su alegada gestión”, dice el informe entregado a la JEP.

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