La información que falta en el libro entregado por Fedegán para hacer memoria

José Félix Lafaurie (der.) contó que Darío Acevedo sugirió que Fedegán y el CNMH firmen un convenio. / Mauricio Alvarado

El pasado lunes, en la sede de Fedegán, en Bogotá, se reunieron José Félix Lafaurie, presidente de esa organización gremial; María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático; Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y toda la junta directiva del gremio. En el evento, Acevedo recibió el libro Acabar con el olvido y dijo: “La misión del CNMH está dirigida a escuchar a todos los sectores, sin ninguna distinción, que hayan sufrido crímenes de guerra o de lesa humanidad”. Sin embargo, en el libro, coordinado por Cabal, se incluyó como víctimas a ganaderos que han sido señalados de tener vínculos con los paramilitares y de comprar tierras despojadas en Urabá y Córdoba.

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Uno de ellos es Ángel Adriano Palacios Pino, que supera los 80 años, y quien aparece reseñado en el libro con el nombre de Adriano Pino. En este documento se lee textualmente: “En el año 1984 fui secuestrado por el Epl. Luego, en 1985, tuve que salir de mi finca. En 1991 fui secuestrado por otro grupo que no pude identificar. También me hurtaron tres camiones y 2.000 animales”. Pero además de ser afectado por el conflicto armado, como lo detalló en el libro referido, este bananero y ganadero de Urabá tiene otra historia por contar.

Palacios Pino fue señalado por Raúl Emilio Hasbún, excomandante del bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), conocido como Pedro Bonito, de ser uno los empresarios que financió esa estructura armada. Así quedó consignado en un oficio interno de la Fiscalía, del 21 de marzo de 2012, en el que el empresario aparece mencionado dos veces, pues Hasbún discriminó a los financiadores en listas de ganaderos y bananeros. Según contó el desmovilizado, Palacios le entregó $6 millones a la organización armada en su condición de ganadero. Pero, según Hasbún, también aportó dinero por dos fincas bananeras de su propiedad: Unión Pino y Villa Lolita, ubicadas en Apartadó (Antioquia) y propiedad de la empresa Cultivos del Darién S. A.

Sobre los señalamientos que hizo el desmovilizado, la abogada de Palacios, Yolanda Serna, aseguró a este diario que Hasbún “en ninguna diligencia da una explicación clara que permita evidenciar cómo era la participación o la financiación económica de mi cliente a la organización que él lideraba”. El empresario enfrenta hoy un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado agravado y porte ilegal de armas, entre otros. Por ese proceso estuvo preso entre marzo de 2014 y febrero de 2015, recluido en el patio tres de la cárcel La Modelo de Bogotá. Luego recobró su libertad y hoy está a la espera de un fallo.

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Otro tema que supuestamente vincula a Adriano Palacios con el despojo y la violencia paramilitar en el Urabá es la Convivir Papagayo (a la cual le cambiaron el nombre por Asociación de Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá), cuya creación estuvo amparada en el Decreto-ley 356 de 1994, que permitió la conformación de cooperativas de vigilancia y seguridad privada, pero que desde su fundación estuvo controlada por los paramilitares, según lo ha establecido la justicia.

En los estatutos de la Convivir Papagayo y en tres actas -28 de mayo de 2004, 12 de julio de 2004 y 15 de febrero de 2005-, Palacios aparece en el “Listado de asociados”. Uno de esos da cuenta de que a cada asociado le descontaban tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada, y en el mismo aparecen las fincas Villa Lolita y Unión Pino. Según relató el testigo Hernando Bayona a la Fiscalía, la autorización para hacer esos descuentos en el caso de la bananera Cultivos del Darién la hizo la junta directiva, de la que era parte el empresario. Esa misma persona informó a la DIAN esa situación y anexó como prueba dos hojas tituladas “Cultivos del Darién S. A.; descuentos en los embarques efectuados en la finca Villa Lolita l. S.M. 150 y ... de la Finca Unión Pino”.

Sobre las actas, la abogada Serna dijo no tener conocimiento: “Es la primera vez que lo escucho. Creo que si eso existiera debería ser una de las pruebas que la Fiscalía tendría que haber llevado al proceso, porque justamente ahí se investigaba ese delito, la posible financiación”.

Sobre esa Convivir, el Tribunal Superior de Antioquia ya estableció que “era de conocimiento general entre los máximos comandantes de las Autodefensas, que el señor Raúl Hasbún, comandante del frente Arlex Hurtado, con influencia en el eje bananero, se encargó de la creación de varias Convivir en la zona de Urabá, entre ellas la denominada Papagayo, las cuales estarían al servicio del paramilitarismo, con el fin de recibir de manera ‘legal’ los aportes que harían las empresas bananeras para el sostenimiento de la causa antisubversiva”.

Es decir, los aportes a la Convivir Papagayo que hacían Adriano Palacios y otros empresarios terminaron en las arcas de los paramilitares. Así lo confirmó Hébert Veloza, excomandante del frente Turbo de las Auc, conocido como HH, quien declaró que “ese dinero se utilizó para comprar armas y munición, para pagar el sueldo de los muchachos, la bonificación que se les daba, para comprar comida, uniformes, material de intendencia y, desde luego, que ese dinero sirvió para matar gente en Urabá”.

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Al preguntarle a José Félix Lafaurie si Fedegan estaba dispuesto a contar el papel que cumplieron varios ganaderos en la expansión de las Convivir, el líder gremial respondió: “Los ganaderos fuimos víctimas, cuando el Estado colombiano se sintió en la incapacidad para poder responder frente a dinámicas violentas, fue el mismo Estado el que ayudó a construir este tipo de cooperativas. El paramilitarismo no se puede confundir con las acciones legales que en su momento pudieron haber tenido ciertos sectores empresariales”.

Pero las relaciones de Palacios no se limitan a aportes económicos. Hasbún aseguró en una declaración ante la Fiscalía, el 16 de junio de 2014, que a finales de 1995 organizó reuniones con amigos para contarles que tenía cercanía con los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes pensaban incursionar en Urabá. El desmovilizado afirmó que entre esas personas que asistieron a los encuentros estuvo Palacios y que la “idea tuvo buena acogida dentro de los empresarios bananeros asistentes a esas reuniones, y de este modo, luego de varias reuniones, terminaron conformando lo que fueron las Convivir, esto con el objetivo de legalizar los recursos que aportaban los empresarios bananeros a la organización de autodefensas”. La abogada de Pino dijo no conocer esa declaración.

A eso se suma lo que ha quedado consignado en sentencias judiciales respecto a la finca El Trébol, propiedad de Palacios. En un fallo de la sala civil especializada en restitución de tierras del Tribunal Superior de Antioquia se lee que en ese predio “se asentó un campamento paramilitar”, y se recogió el testimonio de un habitante de la zona que relató que había sido conducido por hombres armados a esa finca, en la cual “había 12 hombres amarrados”. Sobre ese tema, la abogada Serna argumentó que “está ampliamente demostrado que eso no es cierto. El mismo Hasbún lo aclaró”. Al pedirle ver esa declaración, la abogada se negó argumentando que “es parte de la reserva procesal”.

En la sentencia sobre el caso de El Trébol, el tribunal anuló las transacciones mediante las cuales Palacios adquirió las fincas La Esperanza, Nueva Esperanza, El Delirio y La Pipiola, en Turbo (Antioquia). El empresario no demostró la buena fe exenta de culpa en las compras y, por el contrario, el juez señaló: “puede sospecharse un aprovechamiento masivo de la situación de violencia”. Las transacciones se hicieron entre los años 1996 y 1999. En 1996, los paramilitares ingresaron de manera brutal a la región con la masacre de Riosucio (Chocó).

Fabio Otero Paternina

El nombre de Fabio Otero Paternina fue mencionado en varios medios de comunicación, a raíz del asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado, ocurrido el 21 de junio de 2019, en Tierralta (Córdoba). Esos informes de prensa están relacionados con una de las hipótesis que investigan las autoridades: que el homicidio se habría producido porque Hurtado lideraba a unas personas que invadieron un lote cuyo propietario era Fabio Otero, reconocido en ese municipio por su condición de ganadero y dirigente político. Fue concejal durante varios períodos y es el papá del exalcalde Fabio Otero Avilez.

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En el libro de Fundagan, “Acabar con el olvido”, en sus propias palabras así aparece reseñada su historia: “Las Farc me secuestraron junto con mi esposa en el año 1996. También fui víctima del robo de 100 reses”. Sobre el secuestro de él y su esposa existen registros de prensa que dan cuenta de que ambos fueron rescatados por el Gaula en zona rural de Tierralta.

Pero en otro hecho del conflicto armado, Otero no aparece como víctima. Entre 2000 y 2003, el dirigente conservador compró 11 parcelas en el corregimiento Palmira, a 15 minutos del casco urbano de Tierralta. Según la sala civil especializada en restitución de tierras del Tribunal Superior de Antioquia, esas áreas fueron despojadas y para hacer esas compras, aunque Otero y otros “no profirieron amenazas directas para obtener el negocio, sí hubo un aprovechamiento de la coyuntura vivida por los campesinos”.

El fallo se refiere a la violencia que se vivía en el corregimiento. Los campesinos que pidieron la restitución de sus parcelas alegaron que vendieron por el peligro que corrían sus vidas si permanecían allí. Asesinatos, reclutamientos forzados y amenazas fueron algunas de las situaciones que esas familias enfrentaron, según concluyó el Tribunal Superior de Antioquia. En ese contexto de violencia, está claro que Fabio Otero ofreció dinero por sus tierras.

El juez determinó que existió un modus operandi: los compradores alquilaban las tierras a los parceleros para desarrollar pastoreo de ganado o siembra de arroz. Luego, al ver el miedo que tenían los campesinos por la violencia en el sector, les ofrecían comprarles. “El precio que pagaban por hectárea era de $1 millón, así sus dueños pidieran más. Es decir, era un valor estándar para todos y no consensuado, sino impuesto por los compradores”, señaló la providencia judicial. Luego Otero vendió los lotes a la Inmobiliaria Vizcaya por un valor superior. La sentencia ordenó anular esos negocios y devolver la tierra a los campesinos.

A pesar de las intenciones de Fundagan con el libro que entregaron al Centro Nacional de Memoria Histórica, y de que en una entrevista con el portal web Confidencial Colombia, la senadora Cabal aseguró que “a la izquierda le encanta disfrazar de víctima a quien también fue victimario”, lo único claro es que la información respecto a los ganaderos Adriano Palacios y Fabio Otero es incompleta. Ahonda en algunos detalles sobre la forma en que fueron víctimas, pero omite lo que la justicia tiene documentado respecto a sus negocios en regiones donde los despojadores hicieron de las suyas.