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Desde Tumaco, Buenaventura, Quibdó, Bahía Solano, San Vicente del Caguán, Sincelejo, norte del Cauca, Valle de Sibundoy, Cúcuta, Norte de Santander y otras regiones del país, llegaron ayer a Bogotá más de 20 líderes sociales que han sido amenazados o que traían noticias de la zozobra que viven sus colegas en los territorios. Muchos no saben quiénes son los que envían los mensajes amenazantes; otros no pueden decirlo públicamente porque no hay garantías para salvaguardar su vida.
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Los líderes fueron los protagonistas de la presentación de “La paz en el terreno”, la herramienta periodística creada en alianza por Rutas del Conflicto y Colombia 2020 de El Espectador para mapear y hacerle seguimiento al asesinato de líderes sociales y la reincorporación de las Farc. Varios de ellos alzaron la voz para exaltar su labor de defensores de la vida en la guerra y en la paz.
De hecho, en plena reunión, una líder del Chocó pidió la palabra para denunciar que en ese momento estaban sacando al presidente de la junta comunal de Bahía Solano, por la existencia de un supuesto complot entre un grupo paramilitar y otras fuerzas para asesinarlo. “Lucinda Santamaría fue asesinada por tener una reunión con la Policía. Por ese hecho fuimos tildadas de informantes y luego apareció muerta”, concluyó.
Desde el departamento de Sucre asistió un delegado y denunció a un poderoso grupo que intimida desde el anonimato a los veedores que hacen control social y político a los recursos públicos. Dijo que eran las alianzas entre los parapolíticos y los paramilitares que no se desmovilizaron. “Denunciar la corrupción y pensar políticamente distinto son las dos cosas por las que matan a los líderes en Sucre”, ratificó el líder.
Poco a poco fueron trascendiendo los relatos de los líderes, que se sentaron junto al coordinador residente de la ONU en Colombia, Martín Santiago, y a la directora de Fescol, Kristina Birke Daniels. Durante la presentación de “La paz en el terreno” también estuvieron sus coordinadores, Gloria Castrillón, de Colombia 2020, y Óscar Parra, de Rutas del Conflicto.
La conclusión más importante de este encuentro fue el llamado a no estigmatizar la histórica labor del líder social o del defensor de derechos humanos en el país. En el sur de Córdoba, por ejemplo, otro líder dijo que los líderes se están acabando, porque se van del territorio y los que quedan ya no quieren asumir la responsabilidad de defender a sus comunidades.
Por eso, Martín Santiago expresó su respaldo a esta población con un mensaje contundente: “Basta ya. No queremos más líderes sociales asesinados en Colombia. Estamos aquí para defender la vida”. E invitó al nuevo gobierno a empoderar a las organizaciones sociales en ese gran pacto que el presidente Juan Manuel Santos firmó con el electo mandatario Iván Duque el lunes pasado. El pacto que rechaza las agresiones contra líderes sociales.
Santiago demandó, además, mayor efectividad a la hora de que el Estado haga presencia en los territorios que otrora fueron teatro de guerra entre el Gobierno y las Farc.
“No somos aliados del terrorismo, ni narcotraficantes. Tenemos callos en las manos y muchas comas por poner en el gran relato nacional de nuestro conflicto”, expresó Jhoe Sauca, líder nasa del Cauca.
La unidad en medio de la diferencia fue la propuesta que más eco tuvo en este espacio. Sauca resaltó que en esta coyuntura se debe fortalecer la guardia indígena y que, como hermanos, ayudarán a que los campesinos logren su reconocimiento político. “También hay que fortalecer las guardias campesinas y cimarronas para la defensa del territorio”, puntualizó.
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La delegada del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz, de la Universidad de Notre Dame, Carolina Naranjo, presentó avances de lo que será el próximo informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz. Uno de esos puntos es la protección de líderes sociales, toda vez que este flagelo estaba previsto desde las negociaciones de La Habana. “Cerca del 70 % de las disposiciones para prevenir el homicidio de líderes está pendiente”, acotó durante la reunión.
Los líderes de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam), a su turno, expresaron su rechazo al asesinato de voceros que impulsan la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. “Los campesinos no son narcotraficantes y sus líderes tampoco. Esa población apenas malvive con ese cultivo”, dijo Luz Perly Córdoba, quien tomó la vocería de los afiliados a la organización.
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Su valentía y dignidad no están en discusión, y las dejaron en firme cuando dijeron frases como “de nada sirve ser líder si uno no puede denunciar la corrupción de su propio pueblo” o “cualquiera que tiene una pistola en la cintura se cree con el derecho de impartir su justicia”. Formas de resistir ante la amenaza constante de la muerte y el silencio que se impone como cura al destierro.