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A Ruth Alicia López, de 34 años, la enterrarán en estos días en el más triste y sigiloso misterio. Por favor no vengan al barrio. No digan donde será el funeral ni las exequias. Hasta allá irán para atentar también contra ustedes. Fue lo que le dijeron a su madre Rosa Guisado, de 72 años, y a sus hermanas. La muerte de Alicia materializó el dolor y el miedo. Nuevamente esta familia, de más de 15 personas, busca refugio en algún lugar del país.
El 2 de marzo, Alicia fue a visitar a su hermano en el barrio Olaya Herrera, en la Comuna 13 de Medellín. No venía hace 15 años, desde cuando salieron huyendo de la Operación Orión y la entrada paramilitar. Las cosas, se supone, habían cambiado con el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Llevaba una semana en el barrio cuando dos hombres entraron a la casa y le dispararon.
“Cómo creernos el cuento de la paz, si la muerte de Alicia sigue recordándonos que los líderes sociales y defensores de derechos humanos no tenemos futuro. Nos matan en la guerra. Nos matan en la paz. Estamos jugados con este proceso y aun así seguimos enterrando a los nuestros”, cuenta la abogada del caso Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad.
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Al barrio Olaya Herrera, en la Comuna 13 de Medellín, Ruth Alicia López Guisao llegó por primera vez huyendo. Ali, como le decían de cariño, era una niña y venía desplazada de Urabá. Hacía parte de una familia de líderes políticos y sociales que integraban el partido político Unión Patriótica. Solo por eso no se salvaron de la persecución de los paramilitares, aunque, para ese momento, sí del asesinato que enterró a cerca de 3000 de sus militantes, como ha consignado la historia de Colombia.
En el Olaya, Alicia y su familia siguieron trabajando con la comunidad. Sacaron adelante proyectos de salud y educación hasta el año 2002, cuando fueron nuevamente amenazados y desplazados en desarrollo de la Operación Orión. La misma operación por la que, hace menos de dos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, después de comprobar que esta ofensiva urbana desarrollada en Medellín fue ejecutada por el Ejército, el DAS, la Fiscalía, la Fuerza Aérea y el apoyo, en terreno, de grupos paramilitares.
La Operación Orión fue la cuarta de una serie de operaciones coordinadas entre militares y paramilitares que originó la mayor fosa común a cielo abierto del planeta: La escombrera, donde aún se buscan los restos de decenas de desaparecidos. Los que sobrevivieron fueron detenidos en cárceles o torturados.
En ese contexto absurdo de violencia, la familia López Guisado llegó al Chocó. Allí pronto reanudaron su trabajo por los demás. Alicia, que con los años se convirtió en madre de dos hijos: uno de 17 y otra de 3 años, hacía parte del Coordinador Nacional Agrario, una de las organizaciones que se fortalecieron tras la Cumbre Agraria de 2016 y trabajaba como dinamizadora de uno de los proyectos en Chocó, financiado por el Ministerio de Agricultura, para fortalecer la soberanía alimentaria en doce comunidades indígenas y afrodescendientes de los municipios de Medio San Juan y Sipí.
“Nos duele homicidio de la lideresa de la Cumbre Agraria, Ruth Alicia López Guisao. Su crimen debe ser esclarecido y los culpables sancionados”, escribió, en su cuenta de Twitter, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria. A su turno, la directora seccional de Fiscalías en Medellín, Claudia Carrasquilla, a quien paradójicamente los paramilitares han amenazado, afirmó, luego de reconocer el trabajo social y el liderazgo de Alicia, que “se pudo determinar que en el pasado fueron de las milicias y comandos armados”.
La declaración desató una fuerte indignación. “Exigimos que rectifique eso. Hemos documentado que a finales de los 90 en Medellín casi mil personas fueron privadas de la libertad de forma arbitraria. Solo con la Operación Orión se detuvieron a 350 personas. Es infame e indolente que la fiscal Carrasquilla se refiera a este caso y utilice información viciada y sesgada, que ha justificado crímenes contra defensores de derechos humanos y líderes sociales por más de una década”, señaló la abogada Arbleda.
Para sus amigos y familiares, el asesinato de Alicia es una muestra de que las organizaciones armadas ilegalmente, que hoy operan en Medellín, no son simple delincuencia común o bandas criminales. El Bloque Cacique Nutibara o los hombres de Don Berna han mutado de nombre y de comandantes, pero hoy persisten como estructuras paramilitares que persiguen a líderes políticos y defensores de derechos humanos.
El crimen contra Alicia se suma al de otros líderes sociales y defensores de derechos humanos, ocurridos en los últimos meses. Ya son veinticinco líderes sociales asesinados en el país en lo que va corrido del año. Solo en el departamento de Antioquia ha habido seis casos más: José Yeimer Cartagena, Edelmiro Alzate, Porfirio Jaramillo, Alberto Suarez Osorio, Luz Herminia Olarte y Leónidas González.
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“¡Que la paz no nos cuente la vida!”, claman las organizaciones sociales del país para que se concreten acciones para juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes.