La nueva ola de violencia en los Montes de María

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Líderes y lideresas sociales en Sucre denuncian que las Agc los están intimidando, siguiendo una ruta de amenazas que inició semanas atrás en El Salado. Según la Gobernación, se han tomado todas las medidas de protección.

Desde el pasado 2 de febrero, la vida de Helena*, lideresa regional de la Mesa Nacional de Víctimas en San Onofre (Sucre), tomó un rumbo inesperado a raíz de las amenazas de muerte que comenzó a recibir por parte de subestructuras de las Agc (también conocidos como Clan del Golfo).

Al no poder salir de su casa, por el temor de ser asesinada y sin tener garantías de protección, perdió su trabajo y no pudo asistir al funeral de su madre, llevado a cabo en el cementerio municipal, el 22 de febrero. Estos recientes episodios ocurridos en los Montes de María son para Helena y otros líderes regionales una nueva etapa en la ruta de terror que quieren sembrar los paramilitares en la subregión.

“Dos panfletos que llegaron a mi casa advertían que los hechos de violencia cometidos semanas atrás en el Carmen de Bolívar, específicamente en El Salado, apenas eran el comienzo de una campaña en contra de nuestras vidas. Toda nuestra mesa en San Onofre y Ovejas está amenazada y francamente nos sentimos huérfanos, institucionalmente hablando. No vemos ayuda del alcalde, de la Unidad Nacional de Protección (UNP) —que apenas hace unos días me buscó para estudiar mi caso—, ni de la Gobernación”, aseguró Helena.

El caso del que habla Helena es de hace tres semanas, cuando el 4 de febrero grupos armados sin identificarse y subestructuras del Clan del Golfo amenazaron con panfletos y vía telefónica a líderes comunales en El Salado y en la vereda Caño Negro, ocasionando desplazamientos forzados masivos, de al menos 200 personas, rumbo a Cartagena y otros municipios de los Montes de María. Tanto ella como sus allegados aseguran que ese mismo fenómeno se repetirá en San Onofre y Ovejas.

Nelson*, líder sindical en San Onofre, se unió a las palabras de Helena y puntualizó, desde lo que ha observado en el municipio durante los últimos días, que las supuestas estructuras de las Agc han extendido sus amenazas a otros sectores de la comunidad. “Los mismos hombres armados y con buzos negros que vemos merodeando en las casas de los líderes están cobrándoles vacunas a las personas que trabajan en la playa y a las personas que transitan en ella. Operan en las narices de la Policía y nadie les dice nada, entonces, como han dicho por ahí, ¿qué supone uno?”, insistió.

De hecho, este tipo de situaciones denunciadas por Nelson están descritas en la alerta temprana 061-18 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 24 de julio de 2018, en la que está documentado que “la presencia y hegemonía de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) en el municipio San Onofre se expresa en mayor medida en los corregimientos, veredas y caseríos aledaños al mar (la playa). En la cabecera municipal, su presencia es transitoria y de alta movilidad, actuando a través de una compleja red de apoyo de algunos pobladores. Sus miembros se distribuyen estratégicamente en los corregimientos de Verrugas, Rincón del Mar, Chichimán, Alto de Julio, Sabanetica, Labarcés y San Antonio”.

Los líderes y lideresas sociales del municipio se preguntan por qué con alertas que datan desde hace más de dos años los mismos problemas, pero en mayor escala, siguen persistiendo. Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre, le dijo a este diario que se resiste a que digan que en su administración no están trabajando en temas de seguridad, porque, según él, “se han encontrado factores de riesgo, se ha reforzado la mesa de garantías y hemos atendido a las denuncias recientes que nos han llegado por radicados y que son muestra de que hay un incremento de la criminalidad en el sur de los Montes de María que tiene que ser combatido con celeridad. Varios de los líderes amenazados ya cuentan con protección de la UNP y seguimos evaluando medidas individuales y colectivas de seguridad”.

Además, Espinosa cree que este fenómeno de violencia es algo reciclado de otras regiones. “La Operación Agamenón II ha sido muy efectiva en su lucha contra las Agc y el narcotráfico en el Urabá antioqueño. Eso ha hecho que estos grupos estén presionados a correrse de esa zona y por eso han llegado a los Montes de María. En los últimos dos meses hemos capturado a 183 miembros de dos subestructuras del Clan del Golfo y estos números seguirán”, agregó.

Otra voz cuestionada por los líderes ha sido la de Eloy Berrío Julio, alcalde (e) de San Onofre. De acuerdo con el mandatario local, todas las medidas de seguridad se han cumplido, especialmente las pensadas en los líderes sociales amenazados. “Con el Decreto 046 del 19 de febrero de 2021, hemos efectuado toques de queda después de las 8:00 p.m. para que todos tengan tranquilidad en sus casas y no ocurran hechos como el asesinato reciente de cuatro policías y la intimidación de más de 38 voceros comunitarios”, dijo.

El objetivo de dicho decreto es funcionar como una política de choque, hasta el próximo 22 de marzo, ante las amenazas del Clan del Golfo que intimidan, a través de un autodenominado “Plan Pistola”, con asesinar a cualquier persona que se encuentren en la calle después de las 9:00 p.m. y antes de las 5:00 a.m.

Desde Sincelejo, Sor Marina Solís, representante de procesos afro de San Antonio del Palmito (Sucre) ante la Mesa Nacional de Víctimas, le dijo a El Espectador que no confía en ninguna de las intenciones que tienen las autoridades para proteger a sus compañeros en los otros municipios sucreños. “El martes 2 de marzo vino la Comisión de Paz del Congreso a ‘tirar pantalla’… lo digo así porque si tuvieran un verdadero sentido de pertenencia por lo que pasa acá, no vendrían en este punto crítico, sino que se quedarían en todo momento. Es necesario que ellos vean que la gente tiene temor de salir, porque si lo hacen seguro ven cosas horribles y aquel que las denuncie es hombre muerto”, sentenció.

Entre las conclusiones que dejó la visita de la Comisión de Paz está la detección de un alto índice de vulneración del derecho a la vida, amenazas contra comunidades enteras y deterioro general de los derechos humanos. Este diagnóstico estuvo acompañado por propuestas como las de la senadora Victoria Sandino, quien, en representación de un ala de ese grupo de congresistas, dijo que “se escucharán más voces y trabajaremos para que ningún hecho quede en la impunidad. Así saldrá adelante esta zona PDET”.

Ovejas, un capítulo aparte

Miguel*, líder campesino en Ovejas (Sucre), ha recibido, en los últimos diez días, tres panfletos en el que las subestructuras Álvaro José Gaitán y Héroes del Caribe, del Clan del Golfo, aseguran que lo asesinarán junto a su colectivo de cultivadores si no abandonan el territorio. Su caso no es aislado; un par de líderes de la Mesa de Víctimas en ese municipio han recibido catorce amenazas, cada uno, por parte de estos mismos actores armados y ninguno de ellos tiene esquema de seguridad.

“El martes vimos cómo el propio Ejército asesinó a un hombre de 82 años en Carmen de Bolívar, a quien acusaban de ser parte del Clan del Golfo. Todos en su familia y en su comunidad sabían que era campesino e inocente de todo. Aquí pasa algo similar porque nos estigmatizan, nos mataron a nuestro compañero Deivis Tovar, nadie nos protege y al parecer no valemos nada”, advirtió Miguel.

Desde que en la primera semana de febrero se comenzaran a conocer las amenazas contra la comunidad de El Salado, los hechos de violencia no han cesado en la subregión porque han sido amenazadas comunidades en Ovejas, San Onofre, Toluviejo, Coloso y Chalán, según la Gobernación y han sido asesinados cinco líderes sociales: dos en San Onofre, uno en Ovejas y dos en Carmen de Bolívar, según Medicina Legal.

*Los nombres de las fuentes fueron cambiados por su seguridad.

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