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Creadas a partir del Acuerdo de Paz de La Habana entre el Gobierno y las Farc, las circunscripciones especiales de paz serán 16 zonas que abarcan 167 municipios en 18 departamentos del país —de los más golpeados por el conflicto armado e históricamente marginados en cuanto a participación— cuyos habitantes tendrán la oportunidad de elegir un candidato a la Cámara de Representantes, exclusivamente de listas de organizaciones sociales, movimientos significativos de ciudadanos, resguardos indígenas o consejos comunitarios afros, durante dos períodos: 2018 y 2022.
(Vea el especial de circunscripciones especiales de paz)
Es una figura polémica, pues la idea es que en ese proceso electoral en particular no podrán participar los partidos que hoy tienen representación en el Congreso, como tampoco el que surja tras la desmovilización de la guerrilla. Para la oposición uribista, se está abriendo la puerta para que a través de esas organizaciones sociales y movimientos ciudadanos las Farc accedan a más curules en el Legislativo, aparte de las 10 que ya tienen garantizadas según lo pactado: cinco en Senado y cinco en la Cámara.
Reservas desde el punto de vista electoral a las que hay que sumar otra serie de problemáticas. Un estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE), que analiza la realidad política, social y de orden público de esos 167 municipios, demuestra que están ubicados en regiones con altos índices de violencia, que efectivamente existen dificultades para establecer el origen político de los posibles candidatos y que hay deficiencias en la cantidad de personas ceduladas, problemas para acceder a los puestos de votación y presencia de bandas de crimen organizado, el Eln y minería ilegal.
Según el informe, esas circunscripciones concentran el 6,7 % del censo electoral del país, aunque su área corresponde al 34 % del territorio de Colombia. A 2016, su potencial de votantes era de 2’688.159 ciudadanos. Los consejos comunitarios tienen presencia en 35 municipios de ellas (en 12 de las 16), y en cuanto a los resguardos indígenas, los hay en 102 (61 %) de los municipios que, según las proyecciones del DANE, representan una población de 323.634 individuos. Por otra parte, según datos de 2015, en el 76 % de los 167 municipios se había detectado la presencia de cultivos ilícitos y en estos territorios se ubicaba más de la mitad de la coca cultivada en el país.
Otro dato clave que revela el estudio de la MOE es que entre los 167 municipios hay 14 en los que la circunscripción especial de paz sólo aplicará en las zonas rurales, pues el acto legislativo estipula que cuando el censo electoral supere los 50.000 ciudadanos, se excluirán los puestos de votación de la cabecera. En materia de participación electoral, la votación en estas localidades representó en los comicios a la Cámara de 2014 el 11,5 % del total (1’662.289 votos). Cabe recordar que en los municipios involucrados se podrá votar dos veces: por un representante a la Cámara en las elecciones ordinarias y por un segundo candidato de esas listas de organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios afros.
La investigación revela igualmente que en esas zonas hay desactualización de datos oficiales, falta de información sobre los requisitos para postularse a las elecciones y, especialmente, el riesgo de que las organizaciones sociales y étnicas sean usadas como fachada para avalar a candidatos que no representan realmente a esas comunidades, sino a grupos políticos tradicionales e incluso a grupos ilegales. Es claro que estos municipios tienen altos índices de violencia y el cruce de datos de la MOE constató que entre el año pasado y lo corrido de 2017, de los 444 hechos de violencia política, social o comunal registrados en el país, 160 ocurrieron donde estarán las circunscripciones de paz.
Las amenazas (69), seguidas de los asesinatos (56) son los actos que más se presentaron en los 167 municipios, desde enero de 2016 hasta abril pasado. Además hubo 30 atentados, tres secuestros y dos desapariciones. La circunscripción 1, que abarca municipios de Valle, Cauca y Nariño, registró el mayor número de hechos totales, con 39, y también las cifras más altas de amenazas, 14, y asesinatos, 17. Curiosamente, las circunscripciones 6, de Chocó (sin hechos registrados), y 13, en el sur de Bolívar (con uno), son las menos violentas.
El informe subraya que en el segundo semestre de 2016, en la etapa de culminación de las negociaciones de paz con las Farc y el inicio de la implementación, se dio un aumento progresivo de la violencia contra líderes sociales y comunales. Y otro embrollo tiene que ver con la identificación ciudadana: el 47 % de los municipios en cuestión (77) registra un bajo índice de cedulación, incluso con casos en que la tercera parte de los adultos no cuenta con su documento de identidad. A ello se suma que en 116 de los 167 municipios, por la gran extensión de terreno que abarcan y las dificultades logísticas, hay dificultades para el acceso a los puestos de votación.
Un panorama complejo. Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, si bien se trata de apertura democrática, aún persisten muchas dudas que se espera que se aclaren en el trámite del acto legislativo o en la reglamentación posterior que haga el Gobierno, y se cierre la puerta al riesgo de que las Farc y los partidos copen, en cuerpo ajeno, esas curules. También se hace necesario, por ejemplo, garantizar el voto a las víctimas que han cambiado de residencia o levantar esa información para evitar fraudes. Y falta ver, con las nuevas reglas del fast track, como dicen en el Capitolio, qué van a proponer los honorables congresistas.