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¿Cómo es el panorama de violencia sexual contra personas LGBTI tras la firma del Acuerdo de Paz?
Siguen presentándose casos de violencia sexual contra miembros de la comunidad LGBTI. El hecho de las que las Farc se hayan desmovilizado no significa que no haya otros actores que siguen perpetrando hechos de violencia contra esta población. En el Registro Único de Víctimas sigue habiendo reportes de violencia sexual contra las personas diversas. De 2017 hay tres registros y de 2018 hay siete casos.
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¿Se evidenció alguna disminución en el número de casos de violencia sexual contra personas LGBTI tras la firma del Acuerdo?
Es una pregunta difícil porque el subregistro de todo lo que tiene que ver con víctimas LGBTI es muy grande, por dos razones. Por un lado, a las personas les da miedo o pena aceptar ante un funcionario que son LGBTI. Por otro lado, les da aún más miedo aceptar que vivieron un episodio de violencia sexual, entonces no denuncian. Además, en los casos de desaparición u homicidio, donde la familia es la que denuncia, muchas veces no reconocen que su familiar era LGBTI.
Ahora, si me ciño a las estadísticas, es evidente que el registro tras la firma del Acuerdo es inferior. En el 2016 se registraron 13 delitos asociados con la libertad y la integridad contra personas LGBTI, que es más alto que el índice de 2017 y 2018. Pero creo que esas estadísticas pueden empezar a cambiar ahora que se está recrudeciendo la guerra en el país.
¿Cuántos casos de violencia sexual durante el conflicto están registrados?
Hay 2.049 casos desde 1985 en el Registro Único de Víctimas. En Colombia Diversa creemos que ha habido muchos más casos, pero ese es el dato institucional que existe.
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¿Cuál es el estado de las investigaciones de los casos que han sido denunciados?
Voy a hablar de siete casos de violencia sexual contra personas LGBTI que ha seguido Colombia Diversa para construir desde ahí un panorama. De los siete casos, ninguno tuvo una investigación, aunque todos fueron denunciados en la Fiscalía. Todos los procesos fueron archivados en algún momento y ninguno llego siquiera a presentarse ante un juez de garantías.
En el marco de Justicia y Paz hubo una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que reconoció que dentro del conflicto armado los paramilitares ejercieron violencia contra las personas LGBTI en razón de su orientación sexual o identidad de género. Se demostró que en Puerto Boyacá hubo unos asesinatos con ese móvil prejuicioso, sobre todo contra mujeres trans.
Ese es el único reconocimiento que ha habido en términos de justicia penal y justicia transicional, que dice que en el conflicto armado hubo violencia dirigida contra personas LGBTI, por su orientación sexual o identidad de género.
¿Qué esperar de la JEP en la investigación de casos de violencia sexual contra personas LGBTI?
En Colombia Diversa creemos que la JEP puede ser una oportunidad para que las personas LGBTI víctimas de violencia sexual tengan justicia, sobre todo porque la justicia ordinaria no ha sido una garantía para ellas. Por ello presentamos a la JEP un informe con ocho casos para que sean incluidos en uno de los macrocasos que ya priorizó el organismo.
Nosotras tenemos la esperanza de que la JEP sea una oportunidad de justicia porque vemos que la Comisión de Género de la JEP está haciendo un trabajo muy bueno, con un enfoque amplio y comprensivo.
¿Cómo han avanzado los casos de violencia sexual contra personas LGBTI en tribunales internacionales?
No tengo conocimiento de casos de violencia sexual contra personas LGBTI en el marco el conflicto que estén en tribunales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Por qué ha sido utilizada la violencia sexual?
Lo primero que habría que decir es que la violencia sexual contra personas LGBTI tiene un mensaje simbólico de exclusión, que hace que sea una estrategia muy utilizada para mandar el mensaje de que las personas diversas no son bienvenidas en ningún territorio controlado por un actor armado.
Es importante decir que la violencia sexual en el conflicto armado no es un acto oportunista de saciar los deseos sexuales de una persona. Es una forma de represión y control social, y por lo tanto es cometida sistemáticamente. Esa es la razón por la que la JEP tiene competencia para conocer casos de violencia sexual, porque no son situaciones aisladas. Están íntimamente ligadas con el conflicto armado.
¿Cuáles actores del conflicto han ejercido violencia sexual contra personas LGBTI?
Todos, incluyendo actores del Estado.
¿A dónde se debe acercar una persona LGBTI que haya sido víctima de violencia sexual?
Debe acercarse a la Fiscalía y poner la denuncia. Esta entidad debe informar los casos a la JEP, siempre y cuando hayan ocurrido antes de diciembre de 2016, porque la JEP es el organismo que tendría competencia.
¿Qué pasa después de la denuncia?
En el caso de que el suceso victimizante haya sido fuera del marco del conflicto armado, el organismo que interviene es la Fiscalía, y en general las investigaciones se quedan ahí. No tengo cifras desagregadas, pero la Corte Constitucional calcula que hay 98 % de impunidad en casos de violencia sexual.