En Nariño y Antioquia se concentra la mayor cantidad de riesgos

Las advertencias que el Gobierno conocía sobre las masacres

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Tras contrastar siete alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo con los últimos hechos de violencia, se evidenció que desde 2019 el Ejecutivo estaba alertado sobre posibles retaliaciones, como masacres, contra varias comunidades.

Las masacres en el país no paran y la violencia está escalando a tal punto, que se tiene registro, desde el 5 de enero al 28 de agosto de 2020, de 47 masacres en Colombia y 190 víctimas, según recopilación propia de este diario y datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). La más reciente ocurrió en la zona rural de Andes (Antioquia) y cobró la vida de tres jóvenes, incluido un menor de edad. En este municipio, con una población de un poco más de 45 mil personas, ya había sucedido otra masacre, el pasado 2 de marzo, en la que asesinaron a tres recolectores de café.

Hoy culmina el mes de agosto, en el que, según nuestros registros, ocurrió el mayor número de matanzas en lo que lleva 2020. Se registraron 10 masacres, es decir, el 21,7 % del total en lo corrido de este año, lo que equivale a por lo menos dos masacres cada semana. La ola de violencia de las últimas semanas tomó a más de un citadino desapercibido, pero lamentablemente en los territorios y municipios más afectados por el conflicto viven día a día el recrudecimiento de la violencia y siguen enterrando, sin tregua, uno tras otro, a sus muertos.

En la región del Catatumbo y en los departamentos de Nariño, Antioquia, Cauca, Putumayo y Chocó —territorios donde se concentra el 80 % de las víctimas por masacres— ya la Defensoría del Pueblo venía alertando sobre el escalamiento de la guerra.

Colombia 2020 consultó siete alertas tempranas, emitidas desde 2019, y las contrastó con los últimos hechos violentos. A partir de esto se logró constatar que el Ministerio Público advirtió enfáticamente al Gobierno Nacional sobre posibles violaciones de derechos humanos (incluidas masacres) en estos territorios y en las que, además, se señalaba la fuerte presencia de grupos armados ilegales que ponían en riesgo la población civil. 

Aquí es necesario señalar que es en el Decreto 2124 de 2017 en el que se reglamenta el sistema de prevención y alertas tempranas para “la reacción rápida a la presencia y acciones de las organizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo de Paz”. Allí se estipula que Las alertas tempranas son documentos de advertencia de carácter preventivo emitido de manera autónoma por la Defensoría.

Las alertas fueron remitidas al Ministerio de Interior y tramitadas por la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), presidida por esta cartera. Una vez recibidas, la Ciprat debe transmitirlas de forma inmediata a las entidades nacionales competentes y a las autoridades territoriales para adoptar medidas de reacción rápida. 

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Es importante aclarar además que las alertas tempranas y el trabajo de la Defensoría en los territorios ha sido fundamental para que las comunidades se sientan respaldadas. Así como lo asegura el gobernador de Nariño, Jhon Rojas: “la Defensoría está en el territorio y lo que uno observa es el respeto y la confianza que esta institución tiene en el departamento”.

“Todo lo que la Defensoría ha manifestado en las alertas tempranas, que son muy importantes, es en gran medida lo que está sucediendo en los territorios, es lo que narran los líderes y lideresas sociales”. El reto es hacerles seguimiento y que las autoridades tengan el compromiso para acatar las recomendaciones”, agrega.

Ya estaban advertidos

El 13 de marzo de 2020, la Defensoría emitió la alerta temprana N° 011-2020 para Norte de Santander, en la que advertía los riesgos a vulneraciones a los derechos humanos que vienen enfrentando los habitantes de Cúcuta, especialmente de los corregimientos Aguaclara, El Guaramito, San Faustino y Palmarito. En este último, una semana antes de la advertencia, el 8 de marzo, ocho personas fueron asesinadas en la vereda Santa María. En esta alerta, la Defensoría alertó que la población civil se encuentra en grave riesgo por posibles enfrentamientos entre miembros del Eln y el grupo neoparamilitar los Rastrojos.

Esta misma disputa en el Catatumbo la había advertido la Defensoría en 2019, en la Alerta Temprana Nº 037-19 para el municipio de Puerto Santander. Volvió a insistir con la alerta Nº 011 de este año, remitida al despacho de la ministra del Interior, Alicia Arango, en la que resaltó “la posible ocurrencia de homicidios selectivos y múltiples (masacres), reclutamiento, amenazas y ataques contra líderes y lideresas de esta región”.

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De acuerdo con el Ministerio, se realizó el primer seguimiento a esta alerta el 30 de marzo de 2020, pero aún no se registra el segundo seguimiento. Después de esta alerta, y de que la Ciprat advirtiera a las autoridades, incluida la Fuerza Pública, casi cuatro meses después, el 6 de julio, cuatro personas fueron asesinadas en la zona rural de Cúcuta cuando se dirigían al municipio de Tibú. Según versiones de la comunidad, los Rastrojos estarían detrás de este crimen.

El caso de Nariño también es preocupante. Desde 2019, tres alertas tempranas fueron emitidas por la Defensoría por la situación de violencia y vulnerabilidad de los pobladores en los territorios donde se han cometido seis masacres en lo corrido de este año. En el municipio de Tumaco, resaltó en el documento Nº 001-2020, que los enfrentamientos entre el frente Óliver Sinisterra y el bloque Occidental Comandante Alfonso Cano de las disidencias de las Farc estaban poniendo en alto riesgo a 500 familias asentadas en 21 veredas.

“Es altamente probable que se presenten vulneraciones contra el derecho de la vida. Entre las acciones violentas que podrían materializarse contra la población civil se encuentran: amenazas colectivas e individuales, homicidios selectivos o múltiples, y desplazamientos forzados”.

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En Samaniego (Nariño), donde se han cometido dos masacres este año, incluyendo la de ocho jóvenes el pasado 15 de agosto, el Ministerio Público denunció el temor fundado en las zonas rural y urbana de este municipio. El 23 de julio de 2019, un año antes de que sucediera la tragedia, en la alerta temprana de inminencia N° 032-19 advirtió sobre el asentamiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo neoparamilitar que surgió posterior a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Nuevamente, el 31 de octubre de 2019, a través de la alerta Nº 045-19, la Defensoría volvió a alertar sobre la situación del centro y sur de Nariño. Esta vez dijo que en la zona rural de Ricaurte y Barbacoas (Nariño), en especial el resguardo awá y los líderes indígenas y comunitarios, estaban en situación de riesgo y que podría ser objeto de “atentados contra la vida, desaparición forzada, homicidio selectivo y masacres”. Casi un año después de emitida esta alerta, el pasado 18 de agosto, tres comuneros indígenas del resguardo awá Pialapí Pueblo Viejo fueron asesinados.

Sobre esto, el gobernador de Nariño dijo que “con la firma del Acuerdo de Paz, a nuestros territorios llegó la calma. Una calma que sentimos, pero al finalizar 2019 comenzó a recrudecerse la violencia. Lo que uno también observa es que hay pactos en los grupos al margen de la ley y luego se rompen esos pactos. Ellos tienen sus tiempos y según esos tiempos dependen, en gran escala, todos los hechos de violencia que suceden en nuestro departamento”.

La lista continúa. En Antioquia, otro de los departamentos más golpeados por las masacres, la Defensoría prendió las alarmas el 24 de enero de este año. Advirtió del riesgo al que se enfrentaban los habitantes de los municipios de Briceño e Ituango, a través de la alerta temprana Nº 004-2020. En estos territorios, donde se han asentado las disidencias del frente 36 y frente 18 Román Ruiz, también se avisó sobre la expansión de las AGC, que han alcanzado “su proceso expansivo en la subregión del Bajo Cauca”.

El reclutamiento forzado, ataques indiscriminados contra la población civil, la desaparición forzada, las masacres y la violencia sexual son algunas de las infracciones al DIH que alertó la Defensoría en este documento. Entre las veredas en riesgo estaba Quebrada del Medio (Ituango), donde el pasado 7 de junio tres personas fueron asesinadas, entre ellas dos menores de edad, uno de ellos identificado como Camilo Sucerquia, de 15 años (hijo de Nidia Sucerquia, excombatiente de las Farc).

Según el Ministerio del Interior, esta alerta fue atendida y se le hizo el primer seguimiento el 6 de febrero de 2020, sin embargo, a la fecha tampoco se registra un segundo seguimiento, como lo exige el decreto para las alertas tempranas. Aún así, la Ciprat sí remitió esta alerta a las autoridades competentes: Unidad Nacional de Protección, Fuerza Pública, Unidad de Víctimas, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el ICBF, la Agencia para la Reincorporación y Normalización y la Fiscalía General de la Nación.

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Este escenario es similar al del Cauca. En el municipio de Santander de Quilichao, tres jóvenes comuneros indígenas del resguardo de Canoas fueron asesinados el pasado 2 de agosto. Allí mismo, la Codhes registró otra matanza el 24 de abril que cobró la vida de cinco personas. Sobre este municipio, la Defensoría ya había alertado al Gobierno, el pasado 4 de diciembre de 2019, en el documento Nº 048-19, sobre la situación de riesgo de 36.224 personas.

La alerta registró entre ellas población afro, campesina, reclamantes de tierras, defensores de recursos naturales y en especial habitantes de los resguardos indígenas de Canoas, Muchique Los Tigres, La Concepción y Guadalito. En estos territorios la presencia de las columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, el frente Manuel Vásquez del Eln y los grupos neoparamilitares AGC y Águilas Negras.

A la luz de este análisis, Colombia 2020 también consultó a Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), quien dijo que, si bien la Defensoría notificó al Ejecutivo sobre los diversos contextos del conflicto y las posibles violaciones a los derechos humanos, existen limites de acción, porque “la violencia ha llegado a tal escala que no en todos los casos dichas alertas pueden prevenirla”.

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En todo caso, el Ministerio del Interior ha notificado a las entidades competentes para tomar las medidas de reacción en cada uno de los casos. Sin embargo, dichos documentos parecen letra muerta, pues en estos territorios se sigue derramando sangre de civiles inermes. La última declaración del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, es que el Ejecutivo tratará de retomar la fumigación aérea con glifosato, para disminuir los índices de violencia que está generando el narcotráfico.

No obstante, Jorge Restrepo dice que esta afirmación desconoce que no todos los problemas están relacionados con el narcotráfico: “Por ejemplo, Samaniego es una zona de explotación ilegal de minería. Entonces, la criminalidad va más allá del narcotráfico y, sobre todo, es más que cultivos ilícitos. Puede haber procesamiento de cocaína, disputas por tierras, tráfico de narcóticos, y eso va más allá de la retórica discursiva sobre cultivos ilícitos. Esa es una manera muy simplista de ver lo que sucede en los territorios”.

En las regiones, como lo han pedido varios mandatarios locales, entre ellos el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, se necesita con urgencia inversión social y la implementación del Acuerdo de Paz, dentro del cual está la sustitución de cultivos de uso ilícito. Hay que reconocer, por ejemplo, que Nariño es una de las zonas con mayor número de hectáreas de cultivos de coca (41.903, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito). Igualmente, es uno de los departamentos con el mayor número de líderes sociales asesinados.

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Así, según el gobernador Jhon Rojas, “los sectores campesinos, indígenas y afros tienen voluntad de hacer sustitución voluntaria, de manera concertada. Nosotros hemos estado impulsando a través de acuerdos que hemos denominado acuerdos de raíz en los que queremos la oferta del Estado para hacer sustitución alternativa de cultivos de uso ilícito en la medida que no funciona la erradicación forzada ni mucho menos el tema del glifosato que se ha venido anunciando”.

De hecho, la solución que plantea el gobierno de Iván Duque, dice el gobernador de Nariño, es una acción que hace rato fracasó en la guerra contra las drogas: “Aquí se ha demostrado que con las fumigaciones con glifosato la resiembra de coca llega al 60 %, eso está probado, eso no va a reducir el número de hectáreas sembradas en nuestro departamento. Con la sustitución voluntaria, por el contrario, la resiembra no alcanza a superar el 6 %. Aquí hay una ventana importante que debe aprovechar el Gobierno, nuestra gente quiere participar y quiere la paz”.


En Colombia 2020 estamos haciendo seguimiento a todas las masacres ocurridas en Colombia durante lo corrido de este año. Aquí los registros de cada una de las 47 masacres registradas al 28 de agosto de 2020.

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