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El funcionario señaló que la advertencia a las autoridades se dio ocho días antes de la masacre, en medio de un comité de riesgo electoral en el Cauca, y recalcó que las “alertas tempranas son para atenderlas”.
Fernando Carrillo, procurador general, anunció que esta entidad investiga si hay responsabilidades disciplinarias de los funcionarios que estaban advertidos.“Nos hemos quedado cortos a la hora de ponerle un freno al asesinato de líderes sociales”, reconoció Carrillo. El riesgo se ha multiplicado para quienes están participando en las elecciones y al mismo tiempo son líderes sociales, según el funcionario.
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Por eso reveló que le pedirán al presidente Iván Duque que construya una estrategia para proteger a los líderes sociales que están participando en política electoral.
Según un estudio de la Procuraduría, hay 55 candidatos en riesgo extremo en estas elecciones regionales. En Tumaco (Nariño) el riesgo electoral llega al 100 %. La Defensoría del Pueblo ha reportado 1.351 amenazas contra líderes sociales. Las intimidaciones se han cumplido: la misma entidad registró que 486 líderes fueron asesinados entre el 1.º de enero de 2016 y el 17 de mayo de 2019.
Las regiones donde se dan más agresiones contra los líderes sociales comparten cuatro características: han sido escenarios del conflicto armado, se está implementando el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, hay disputas entre actores armados y tienen altas tasas de pobreza. “Lloré de la emoción el día que firmaron el Acuerdo de Paz en Cartagena y hace ocho días volví a llorar, pero de la tristeza, cuando algunos excomandantes anunciaron que se rearmaban”, lamentó Rubiela Benítez, directora de la Asociación de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y Desplazamiento Forzado de Casanare, durante el encuentro Lidera la Vida.
Benítez sabe lo que es la guerra: fue desplazada por las Farc, el Eln le asesinó a un hermano y los paramilitares la violentaron sexualmente. La acompañan tres escoltas y se moviliza en una camioneta blindada. Lo que seguramente incomoda a los violentos es la labor a la que Benítez no está dispuesta a renunciar: acompañar a las víctimas de violencia sexual de Arauca y Casanare y visibilizar lo que les pasó.
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Nelly Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación, enfatizó dos acciones para evitar que los ataques persistan: implementar medidas de protección colectiva y dar con los autores intelectuales de los crímenes. “La respuesta no pueden ser carros, chalecos, celulares y escoltas”, señaló, y agregó: “Mientras las investigaciones de la Fiscalía no lleguen a indagar por los autores intelectuales, no vamos a avanzar”. Ejemplificó diciendo que en la región de Urabá hay que mirar hacia los opositores de la restitución de tierras y en el caso del Bajo Cauca hacia los intereses de las empresas mineras en la región. Todo eso con el fin de que la historia de Benitez no se repita.
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