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Bastaron apenas cuatro años para que Colombia pasara de la alegría rebosante de un acuerdo de paz a la incertidumbre por su cenagosa implementación. Mientras que el 30 de noviembre de 2016, mayorías absolutas en el Congreso refrendaban el pacto del teatro Colón que se renegoció tras la victoria del no en el plebiscito, y el entonces presidente Juan Manuel Santos, ungido ya por el Nobel, pronunciaba discursos que vaticinaban que la guerra era una cosa del pasado, hoy existen otras mayorías legislativas, el narcotráfico desdobló sus frentes de violencia, en la periferia se recicla la barbarie de antaño con otros protagonistas y, finalmente, el gobierno Duque arrecia sus reparos por la lentitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque pocos recuerden que fue el presidente, recién instalado en la Casa de Nariño, quien objetó la ley estatutaria que retrasó la puesta en marcha de la JEP.
El cambio de la lógica política de Santos a Duque, dos proyectos políticos enfrentados, sumado a las deudas históricas de un Estado ausente en esa Colombia profunda de la que tanto se habla pero que solo pocos conocen, han llevado la implementación del acuerdo a un callejón sin salida. Así lo concluye el libro Ganó el no, perdió Colombia. La refrendación de la paz cuatro años después, publicado por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional.
El documento plantea un escenario poco alentador: existen causas estructurales que llevarían a la inaplicación o atrofia del Acuerdo de Paz del teatro Colón en los próximos años. Parte de la responsabilidad en esta tormenta perfecta, según sus autores, la tuvo el propio expresidente Santos con el plebiscito que buscaba la refrendación popular de las negociaciones con las Farc, el cual perdió por apenas 53.894 sufragios (de los más de trece millones de votos).
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Este error histórico generó hondas repercusiones sobre la estabilidad política del país y sobre las ecuaciones políticas que vendrían, pues defensores y detractores del acuerdo se habían hecho contar. En palabras de Clara Rocío Rodríguez, editora del libro: “El que el desenlace del proceso y las acciones posteriores para salvar la paz no satisficiera a sus promotores ni a sus opositores ha llevado a que, varios años después de ocurrido, esta experiencia sea una especie de herida aún abierta en la vida nacional”.
Para ella, llevar a las urnas un pacto de terminación del conflicto armado constituye una “excepcionalidad nacional e internacional” innecesaria y poco conveniente. Mucho más, con el espejo de lo ocurrido en Guatemala en 1999. En esa misma línea el investigador Fabio López de la Roche sostuvo en su capítulo que en Colombia existe desde 2002 un “nacionalismo antifariano” que difícilmente iba a ser superado con este mecanismo de consulta popular.
Más allá de la inconveniencia y el error de cálculo de Juan Manuel Santos, como lo advierte con precisión el profesor Juan Gabriel Gómez al comparar en otros países los usos de los mecanismos de consulta popular, el plebiscito del 2 de octubre de 2016 atizó la polarización política en el país y profundizó la idea entre los promotores del no de que les hicieron conejo.
Ese punto fue desarrollado por el exministro Jaime Castro, quien resaltó que el desconocimiento del gobierno Santos al mandato popular llenó de ilegitimidad el nuevo Acuerdo de Paz y constituyó una fractura insalvable para lo que vendría. En contraste, los artículos de la exconstituyente María Teresa Garcés y el profesor Andrei Gómez controvierten esta idea y atribuyen a la campaña del no el verdadero “conejo” al país, pues se reciclaron miedos infundados al castrochavismo y la llamada ideología de género o hicieron que la “gente saliera a votar berraca”, como confesó Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña por el ‘No’ en el plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz, en 2016.
Pero el “conejo” también lo sienten los desmovilizados de las Farc, quienes no disponen de garantías de seguridad, dado que han sido asesinados sistemáticamente desde la firma del Acuerdo de Paz: ya van 242 y contando. Y “conejo” también es el reclamo del Centro Democrático, al señalar la falta de compromiso de los exjefes guerrilleros con la verdad y la reparación a las víctimas.
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Además del impacto de estos señalamientos recíprocos, el libro también demuestra la existencia de raíces históricas que han obstruido la implementación de políticas que buscan democratizar el poder en Colombia. Sobre este punto, el profesor Juan David Velasco detalla que desde los años 30 del siglo XX, durante la revolución en marcha de López Pumarejo, pasando por los gobiernos lleristas del Frente Nacional y finalizando con los intentos de paz de Belisario Betancur y Andrés Pastrana, han existido élites rurales que se han opuesto implacablemente a diversas iniciativas reformistas.
Muchas de esas élites rurales que hoy ocupan posiciones directivas en los gremios (como Fedegán, Fedepalma y Augura) se opusieron al Acuerdo de Paz financiando a los promotores del no y con la movilización electoral en zonas con predominio de economías agropecuarias. Por eso llama la atención que los departamentos con mayor vocación cafetera, como Caldas, Risaralda, Quindío y Huila, fueran los que mayor proporción de votos hubiesen registrado en favor del no, y que el 75 % de los municipios con la superficie más grande de palma africana hubiesen votado mayoritariamente en contra del sí.
Así, pues, la polarización política, el desconocimiento de la legitimidad de lo pactado, los bloqueos históricos para desconcentrar el poder político y económico, la división de las élites nacionales y el constante cambio en las reglas de juego tienen al Acuerdo de Paz en un estado crítico, concluyen los autores.