Lo que piden las víctimas militares que protestan en el centro de Bogotá

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Desde el pasado domingo 4 de octubre un grupo de alrededor de 60 militares víctimas del conflicto están asentados en el centro de la capital en un “cambuchatón”. Le piden al gobierno mejoras en su sistema de salud y la implementación de la Ley de Veteranos, que está en pausa mientras la Corte Constitucional revisa algunos artículos de esta.

Abel Rojas llegó desde Neiva (Huila) el pasado domingo 4 de octubre al centro de Bogotá. Su intención, junto con los demás militares que llegaron con él ese día, es asentarse en la Plaza de Bolívar para protestar porque, dicen, se le están vulnerando los derechos a los soldados que fueron afectados durante el conflicto armado en el ejercicio de sus funciones. La protesta, sin embargo, sólo se pudo realizar en la carrera 8 con calle 12, cerca de la Plaza, porque restringieron el ingreso al tradicional lugar de manifestaciones de la capital.

Rojas, al igual que sus compañeros y los familiares de las víctimas, acampa a pesar de que el cuerpo tiene unas necesidades mayores a las del grueso de la población. El 14 de mayo de 2001, a las 10:00 p.m., fue impactado por un explosivo que lanzó un guerrillero infiltrado como soldado regular mientras el resto de los militares dormían. Sucedió en el Batallón de Infantería N° 27 Alto Magdalena, en Pitalito (Huila). En ese atentado sufrió quemaduras de tercer y cuarto grado, estuvo 45 días en el hospital, perdió su oído izquierdo y el 60% de la audición en el derecho, y le quedaron problemas de movilidad. Después de que el Ejército lo retiró de sus funciones, en 2005, tuvo que acudir a una abogada para que lo pensionaran, varios meses después.

Su situación es la de muchos soldados voluntarios, regulares y profesionales en el país. Fueron víctimas del conflicto mientras estaban en armas y tuvieron que esperar mucho tiempo para que les fuera reconocida su pensión o para que se les brindaran los servicios de salud de manera integral. Es por esto que hoy continúan en un plantón o “cambuchatón”. Esperan que el Gobierno los escuche.

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En el plantón está un comité de miembros de la Fuerza Pública en retiro, de reservas y cuerpo de veteranos, conformado por 52 agremiaciones legalmente constituidas. En estas hay soldados regulares, voluntarios y profesionales, infantes de marina, viudas, huérfanos, padres de soldados caídos en acción y sus familias. Vienen desde diferentes partes del país. Uno de los principales reclamos es la atención en el sistema de salud.

“Los soldados, los héroes de la patria, como dice el presidente Duque, percibimos una pensión de un salario mínimo, tenemos una salud en precarias condiciones, con deudas históricas, que, si tú vas para que atiendan por el servicio de urgencias, te atienden, pero no te dan los medicamentos, te toca comprarlos. Ese es el sistema general de salud de las Fuerzas militares”, explica Rojas, y agrega que esta situación es todavía más compleja cuando los soldados necesitan constantemente terapias y consultas, como es el caso de ellos.

Luego resalta los problemas con la pensión y la indemnización. Las Fuerza Militares contemplan la pensión por invalidez, sin embargo, estos soldados denuncian que algunos han esperado hasta siete años para que llegue cuando el retiro se da por algún hecho que los afectó mientras estaban en servicio.

Ellos habían visto una mejora en este tema, pues la Ley 1979 de 2019, también conocida como Ley de Veteranos, dice en su artículo 23 que “los soldados e infantes de marina profesionales, que hayan sido pensionados por invalidez, originada en el servicio como consecuencia de actos meritorios del mismo, en combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional, tendrán derecho a partir de la vigencia de la presente ley, a que el valor de la pensión de invalidez se incremente al último salario devengado por el uniformado estando en servicio activo”, no al salario mínimo que venían recibiendo.

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Sin embargo, Rojas asegura que hay un borrador de decreto que “le quita los beneficios a los beneficiarios del artículo 23 y simplemente dice que se le concede el derecho de la reliquidación de la pensión a los heridos en combate”. Agrega que en la norman los obligan “a renunciar a unos intereses de estos recursos que nos adeudan y que esperemos el transcurso de cinco a siete meses para que el Estado pague”.

Lo que buscan es que este decreto no se deje en firme, pues “simplemente está reconociendo a los soldados heridos en combate o por acción directa del enemigo, pero deja por fuera a otros”. Además, piden que se reglamente la Ley de Veteranos, que está suspendida mientras la Corte Constitucional estudia una demanda contra algunos de sus artículos.

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“Buscamos que el Gobierno sea resolutivo. No queremos que nos digan que los apoyemos políticamente con nuestros votos y que nos van a reconocer nuestros derechos. El plantón está dado hasta el tiempo que sea necesario, hasta que el acuerdo sea real. Que vengan el ministro de Defensa, del Interior, de Hacienda y que se firme un documento en el que se comprometan a cambiar esos borradores de decretos”, manifiesta Rojas.

El próximo 10 de octubre será el Día del Veterano, que instaura esta ley, pero ellos se preguntan si se conmemorará teniendo en cuenta que la norma está suspendida y que hasta ahora no ven soluciones cercanas.

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