Desacuerdo entre comunidades indígenas

Las versiones en la disputa por el Parque Tayrona

Representantes de pequeños operadores turísticos y miembros de las comunidades de campesinos que viven alrededor del parque tramitaron una acción popular ante el Tribunal del Magdalena para buscar la protección de derechos colectivos. Según estas comunidades, pueden verse afectadas por el proceso de licitación de los servicios ecoturísticos.

El 16 de diciembre se cerrará la etapa de recepción de propuestas para la licitación ecoturística. / Getty Images

Luego de los debates de control político, tanto en Cámara como en Senado, a los que fueron citados Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) y el Ministerio de Ambiente, aún hay discrepancias frente a la nueva licitación que pretende conceder la operación de los servicios ecoturísticos del Parque Tayrona y de la Vía Parque Isla de Salamanca por 23 años. Comunidades de campesinos y varios operadores pequeños en la región tramitaron una acción popular con el fin de solicitar la suspensión del proceso de licitación.

“La acción popular es porque no nos tuvieron en cuenta en el plan de manejo, solo tuvieron en cuenta a los mamos, pero no a todos los actores de la región. Durante los 15 años de la concesión pasada las inversiones han sido precarias, y es nuestro territorio. No entendemos por qué no pueden optar por un turismo comunitario. Queremos que nos incluyan”, dijo Juan David Vergara, microempresario de la región, quien hizo parte de los firmantes de la acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo del Magdalena.

El plan de manejo es un instrumento de planificación y de ordenamiento de los usos permitidos en el parque. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta produjo un fallo que implica adelantar la concertación del plan con otros actores, además de los indígenas que participaron en la consulta previa, como campesinos, pequeños operadores turísticos y propietarios en la región.

Vergara no es el único inconforme con el proceso de licitación. En una entrevista con El Espectador, Danilo Villafañe, gobernador encargado del cabildo arhuaco Magdalena-La Guajira y quien representa a 11.000 arhuacos en la región, dijo que el operador de la nueva concesión “se va a llevar más del 80 % de estos recursos”, lo que significa, según dice, que “el operador ganaría casi medio billón de pesos solo por cobrar la taquilla”.

Julia Miranda, directora general de PNN, entidad encargada de contratar la concesión, dijo que las cifras brindadas por Villafañe eran falsas. “Para la futura concesión, de la bolsa total en ingreso bruto del concesionario, el 19,1 % será para Parques Nacionales, el 3,4 % para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra y el 16,3 % para el concesionario”, dijo. Además explicó que no hay manera de que Villafañe conozca las cifras exactas de lo que ganaría el concesionario. “Solo cuando se presente una propuesta que gane la concesión, sabremos aproximadamente cuánto va a poder ganar”, explicó.

Sin embargo, el Cabildo Arhuaco Magdalena-La Guajira insiste en que la concesión favorece al operador que resulte seleccionado. “Cuando los expertos hacen la comparación entre los ingresos, basados en la información proyectada de los pliegos de condiciones de la licitación (833.000 millones de pesos de hoy) y los egresos del contratista, se establece que éste obtendría, en el escenario más conservador, 583.000 millones de pesos como utilidades”, se lee en un comunicado de la organización indígena.

En cuanto a la consulta previa, Villafañe dijo que el Consejo Territorial de Cabildos (CTC), conformado por los cuatro pueblos de la Sierra, no tuvo en cuenta a los mamos durante el proceso de consulta previa. “Este mecanismo no representa a todos los pueblos. Lo que pasa es que se conforma un grupo de especialistas en consulta previa y hacen acuerdos, pero no socializan con los que realmente nos vamos a ver afectados”, dijo Villafañe. El gobernador arhuaco pidió la suspensión de la concesión y la formulación de una política de ecoturismo que tenga en cuenta la participación de la comunidad para recuperar la gobernabilidad del parque.

Por otro lado, Jaime Arias, gobernador kankuamo y quien hace parte del CTC, dijo que los mamos son los que dan las directrices y que “no se está violando la autonomía administrativa de ninguna organización”. Además afirmó que varias familias dependen del turismo, por lo que “tomamos la decisión de asumir los criterios para que se pueda desarrollar la prestación del servicio turístico del Parque Tayrona”. Arias enfatizó que el CTC no quiere participar en la licitación, “y mucho menos administrar el turismo en el parque. Eso es una responsabilidad del Gobierno”, dijo.

La directora general de PNN explicó que esta consulta con los indígenas se realizó tanto para el plan de manejo del parque, como para la estructuración de la concesión. “Se hizo (la consulta previa) con el respaldo del Ministerio del Interior, cartera que le dijo a Parques Nacionales con quién debe hacer las consultas para que las comunidades estén representadas”, dijo Miranda, quien explicó que PNN no es una entidad preparada para operar el Parque Tayrona, por lo que es necesaria la vinculación de un tercero.

Para Villafañe, la concesión no tiene en cuenta a los campesinos ni a los privados, por eso “el Estado no ha sido capaz de solucionar el tema de la propiedad y no ha saneado su parque (...) En La Lengüeta hay más de 3.000 campesinos que están en incertidumbre jurídica”, dijo el gobernador (e) del pueblo arhuaco.

En respuesta, Julia Miranda dijo que los campesinos llegaron a ocupar ilegalmente esta zona del Parque Sierra Nevada de Santa Marta, y, a pesar de que reconoce que es un problema grave, dijo que “no depende de Parques Nacionales, depende de la Agencia Nacional de Tierras y no tiene nada que ver con la concesión”.

Entre los debates en el Congreso, también fue tema de discusión las garantías que tienen los privados dentro del parque. Villafañe dijo que de las 12.000 hectáreas, aproximadamente 7.000 son privadas.

José Caicedo, representante a la Cámara por el Partido de la U y citante al debate en la Cámara, afirmó que la concesión excluye a los actores del desarrollo ecoturístico, como la Alcaldía distrital de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena y las comunidades. “Los operadores turísticos merecen todo el respaldo y formalización, no como se está haciendo ahora, que hay una prohibición absoluta para todo, salvo para el concesionario, por lo que la gente termina haciéndolo de manera ilegal”, dijo Caicedo en sus redes sociales.

Miranda estableció que los particulares tienen derecho a desarrollar actividades ecoturísticas en los predios de propiedad privada “tramitando sus permisos, y pueden desarrollar sus proyectos ecoturísticos”.

El senador Honorio Hernández, quien citó el debate de control político en el Senado, dijo que no es cierto que los privados puedan desarrollar sus proyectos. “Ni permiso les dan para arreglar una vivienda, se demoran hasta año y medio para contestar. Encima, cómo van a concesionar a 23 años con un plan de manejo que no tiene actualización. Eso no tiene sentido”.

El senador dijo que el modelo de turismo no es ambiental ni económicamente sostenible. “La carga de turistas de 2018 fue de 450.000. Con la nueva concesión proyectan la entrada de casi un millón de turistas. El parque va a recibir una carga que no es habitual. Esto es completamente contradictorio con el cuidado del medio ambiente”.

El 16 de diciembre se cerrará la etapa de recepción de propuestas para la licitación ecoturística y el 22 de enero se adjudicará. Sin embargo, varios sectores del Magdalena esperan recibir una respuesta a la acción popular interpuesta con el fin de suspender el proceso. “Hay que hacer un alto en el camino. Que no entreguemos por 23 años el patrimonio de los colombianos a un particular”, dijo el representante Caicedo en sus redes sociales.

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2019-12-01T08:00:00-05:00

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2019-12-02T12:29:51-05:00

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María Paula Ardila / @mariap_ardila

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