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La imagen de un niño de 12 años llorando desconsolado al lado del cadáver de su madre, una líder social de Tierralta (Córdoba) asesinada el pasado 21 de junio, así como las muertes que le siguieron en diferentes lugares del país, fueron una razón suficiente para que hoy se convocara a una movilización masiva en rechazo del homicidio y las amenazas a defensores de derechos humanos en Colombia.
María del Pilar Hurtado fue ultimada a tiros por dos sicarios de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) frente a su casa de madera, asentada en unos predios de invasión de Tierralta, hechos en investigación por los que se habría desencadenado su asesinato. El alcalde Fabio Leonardo Otero Avilez, fue suspendido por la Procuraduría General por tres meses mientras se avanza en el esclarecimiento del caso.
Su lamentable muerte sumada a las de más de 300 líderes más ha despertado la indignación de sectores políticos, organizaciones de víctimas, sociales y de derechos humanos, la Iglesia, escuelas, colegios, y hasta el Gobierno Nacional, que se han sumado a este clamor de basta ya de agresiones contra este sector de la población que defiende los derechos humanos. Las concentraciones se darán hoy en más de ochenta ciudades colombianas y extranjeras, con marchas y actos simbólicos en los que estará la voz de varios artistas como Piero, Victoria Sur, Katie James y César López, actores de televisión y cine, y destacados deportistas del país.
La movilización también será un grito en contra de la impunidad de los crímenes, han dicho desde Defendamos la Paz, el colectivo de la sociedad civil que convocó la movilización. Sobre este asunto, la Fiscalía General le hace seguimiento a 513 casos que han sido reportados entre el 1° de enero de 2016 y el 3 de julio de este año por diferentes organizaciones del país y el exterior, cuyas cifras difieren entre sí, como se muestra a continuación: Naciones Unidas (289 homicidios), organización social Cumbre Agraria (234), Movimiento Social Marcha Patriótica (204) y Defensoría del Pueblo (454). No obstante, para efectos de avanzar en las investigaciones, el ente acusador se ha concentrado en la cifra registrada por la ONU.
Se trata de 289 homicidios cometidos en este lapso y de cómo ha actuado la justicia para esclarecer quiénes son los responsables de estos crímenes. Por un lado, la Fiscalía afirma que existen 249 personas privadas de la libertad por el homicidio de 167 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esta última cifra, para la entidad, equivale al número de casos esclarecidos por la justicia colombiana. Pero solo existen 33 sentencias condenatorias de primera instancia contra autores materiales.
Una de esas es la de un juez municipal de Popayán, que condenó a 16 años de prisión a Yordan Fabián Lerma Díaz, quien habría participado el 14 de julio de 2017 en el crimen del líder afrodescendiente Héctor William Mina, activista de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes y del movimiento político Marcha Patriótica. De acuerdo con el fallo, el homicidio fue ejecutado por orden de una organización criminal que explota ilegalmente el oro en el municipio de Guachené (norte del Cauca). Por estos hechos, también están en prisión Nelson Zapata Cuenca y Yeison Julián Zapata, este último acusado de ser uno de los sicarios.
Como este tipo de casos, la Fiscalía asegura que se han esclarecido 167, aunque los procesos solo han avanzado en juzgados municipales y del circuito en diferentes ciudades del país. Sobre los autores intelectuales, el ente acusador afirma que se han identificado en 51 homicidios, siendo las Agc (con catorce casos) y grupos residuales —incluidas las disidencias de las Farc— (con otros catorce crímenes) los mayores determinadores. Sin embargo, no hay nombres de cabecillas vinculados a estas investigaciones. Llama la atención que de los llamados casos esclarecidos (167) existan 64 asignados a la categoría “particulares”, siendo el actor que más predomina como el responsable de estos homicidios.
Estas cifras también dejan retos para las autoridades encargadas de garantizar la vida de los líderes sociales. Según la Fiscalía, el 66 % de los asesinatos se registraron en zonas rurales del país y el 34 % en el área urbana. Desde 2016 hasta la fecha, el año 2018 (con 114 casos) fue cuando más asesinaron a defensores de derechos humanos, siendo julio (posterior a la segunda vuelta presidencial) el mes con más homicidios: 17. Este panorama preocupa de cara a las elecciones locales del próximo octubre.
De las 33 sentencias que existen sobre los 289 casos, también es cierto que cuatro son condenas de la justicia indígena y que este diario conoció solo la relación de 31 de estos fallos. La razón: en un caso la persona condenada es un menor de edad, mientras que en el otro, “por problemas de recursos del juzgado, aún no ha transcrito la sentencia”. De los otros casos, 55 están en juicio, 43 están en la etapa de imputación de cargos, cuarenta en indagación con orden de captura y otros tres casos precluyeron.
Esta semana en Bogotá, previa a la marcha de este viernes, hubo una importante cena en la que estaban diferentes sectores: víctimas, empresarios, la academia, representantes políticos, excombatientes, defensores de derechos humanos y diplomáticos que rodearon a varios de los líderes que estaban allí para contar cómo salieron de sus territorios en medio de amenazas y riesgos. ¿Qué vamos a hacer para que no los maten? Se preguntaron, convencidos de que la respuesta a esa compleja pregunta empezaba por la movilización y el despertar ciudadano.
El padre Alberto Franco, quien acompañó a las víctimas de las masacres paramilitares y guerrilleras de hace 20 años, dijo con ilusión que algo era distinto hoy pese a la violencia que se sigue viviendo. “Hace dos décadas las muertes de líderes quedaban en la disculpa de que eran guerrilleros, hoy vemos que hay una conciencia mayor, esta marcha convocada por diferentes sectores es una representación poderosa de eso. Este viernes no estaremos solo cinco protestando como antes, seremos muchos los que digan: un líder en mi lugar, ni una vida menos”.