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Tres jóvenes representantes de distintos lugares del país hablaron con María Paulina Baena, de La Pulla, sobre sus ideas para transformar la vida en los territorios. En el marco del evento “Generación país: Jóvenes con ideas que construyen futuro”, organizado por Colombia 2020, John García, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Palmichal, Briceño (Antioquia); Alexánder Molina, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Puerto Las Palmas, Tibú (Norte de Santander), y Juliana Zárate, creadora de la aplicación de comida Mucho Colombia, hablaron en la mañana de este jueves de los desafíos que se ciernen sobre las zonas más alejadas del país: la falta de oportunidades para acceder a la educación, la sustitución de los cultivos de uso ilícito y la imposibilidad para comercializar productos agrícolas.
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Alexánder representa a varias familias de esta región y asegura que fue cultivador de coca desde muy niño, porque no conoció una labor distinta. Para él, lo que llaman “oportunidades” y “legalidad” es nuevo, porque asegura en su región la presencia del Estado ha sido precaria. “¿Por qué hablan de legalidad si el Estado siempre estuvo ausente?”, asegura. Habla de masacres, desplazamientos forzados como hechos que han tenido que soportar sus familiares y conocidos.
Su testimonio es crudo: sobre su espalda pesan varias amenazas de muerte que no lo han hecho callar frente a las necesidades de su comunidad. Critica los discursos que se hacen desde Bogotá, aquellos que a su juicio están alejados de las realidades de los territorios. “Suena bonito hablar de la educación y de universidades, suena bonito. Pero en el campo no hay nada de eso”. De hecho, su pelea se ha centrado en que su región cuente, al menos, con educación secundaria y que los niños no tengan que recorrer tres horas en una carretera hecha añicos para poder estudiar.
“¿Cómo quieren que haya legalidad pero si allá no la llevan? Lo que siempre llevan al Catatumbo son diagnósticos. Bueno, será que de eso comerán algunos acá (en Bogotá) porque por allá no. Hablan de plata, pero no llegan ni las monedas”.
Y agrega: “Nos mamaron gallo con el tema del posconflicto. Si se cumpliera el 50 % de lo que dicen los Acuerdos de Paz, sería maravilloso. Ojalá se dejara de hablar de diagnósticos y pendejadas, sino que se fuera a la realidad”.
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En Puerto Las Palmas han arrancado más de 70 hectáreas de cultivos de uso ilícito, una tarea titánica. Sin embargo, los campesinos siembran coca –dice- porque es lo único que les genera algún tipo de utilidades. “Cuando hablo de coca, la gente dice: Este lo que tiene es plata, es un nacotraficante. Pero no. Hay coca, pero la gente aguanta hambre”.
Cuenta que con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) lograron cultivar 10 hectáreas de maíz. Pero tuvieron que desechar 400 bultos, porque nunca llegó en el momento un programa de asistencia técnica que hablaba de una “comercialización aliada”. Intentaron con un proyecto de cerdos, pero los animales se fueron muriendo, y la iniciativa también se fue a pique. Su llamado está encaminado a que la ciudadanía sea consciente frente al hecho de que las “zonas cocaleras no son malas ni los que vivimos allá somos guerrilleros”.
“El glifosato genera daños en los territorios y en la gente”
John García tiene 28 años y es el presidente de Junta de Acción Comunal El Palmichal, municipio de Briceño (Antioquia). Desde hace siete años preside el grupo juvenil integrado por 20 personas. Su trabajo ha sido fundamental para que el municipio esté 99 % libre de cultivos de coca y de minas antipersonales.
“Briceño es el piloto del país: de sustitución, de desminado humanitario. Desde allá estamos cambiando el territorio. Es el ejemplo para que el gobierno lo tome en el país. Es un triunfo no tener coca. Somos legales. Es verdad. Estamos cambiando el chip de la coca. Estamos en la expectativa de que el nuevo gobierno continúe con esto. La idea es que se dé en todo el país”.
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En ese sentido, considera que el glifosato no es la salida para la erradicación de los cultivos de uso ilícito. “Quiero hacer un llamado al Gobierno: el glifosato genera daños a los campesinos y a los territorios. La sustitución voluntaria sí es posible”. Asegura que las comunidades están dispuestas a cambiar los cultivos pero asegura que se requiere infraestructura vial y crear acuerdos.
Sobre la comercialización de alimentos, Juliana Zárate, creadora de la aplicación de comida Mucho Colombia, una plataforma digital de consumo responsable, asegura que hay que escoger muy bien qué se siembra y determinar qué productos tienen demanda.
Su iniciativa surgió luego de que se preguntara por qué a pesar de la variedad de productos que tiene el país, muy pocos llegan a los epicentros urbanos. “Metámonos de fondo a viajar a los territorios y a buscar aliados. Sentémonos con las comunidades y planteémosles que con un modelo transparente de comercio podemos sacar adelante un comercio diferente”.
Su propuesta radica en fortalecer la red de comercialización: no solo que esté integrada por personas, sino que el trabajo sea sistemático para entender el mercado y abrir los canales a las empresas. “Uno tiene que trabajar hacia la idea del cambio, reconocer que uno puede no verlo, pero eso no significa que no lo deba hacer”.