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Los cuestionamientos al general Barrero, el designado para proteger a líderes sociales

El general Leonardo Barrero fue designado por gobierno nacional como director del plan de protección para líderes sociales y periodistas, a pesar de las acusaciones que pesan sobre él por intentar obstruir investigaciones sobre falsos positivos. Plataformas de Derechos Humanos lo vetan. La ministra del Interior lo defiende.

El general (r) Leonardo Barrero es el actual director del plan para proteger a los líderes sociales. / Óscar Pérez

Algunas de las principales plataformas de derechos humanos del país anunciaron que no reconocen al general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo como director del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas (PAO), designado por el Ministerio del Interior, y que no tendrán ningún tipo de interlocución con él. La razón: lo consideran moralmente impedido para ejercer el cargo por sus antecedentes de supuesta obstrucción a las investigaciones penales por falsos positivos y por estigmatizar a los campesinos.

“Es una persona impedida ética y moralmente para ejercer el cargo encomendado, porque tiene que contribuir a proteger al liderazgo social y personas defensoras de DH, a quienes ha combatido y estigmatizado. Ya existen antecedentes al respecto que lo vician para actuar transparentemente, pues el movimiento popular Marcha Patriótica lo acusó públicamente en 2013 por señalar a los campesinos de pertenecer a la guerrilla e impedir la captura de presuntos milicianos”, reza el comunicado firmado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de DH, Democracia y Desarrollo, la Cumbre Agraria, la Coordinación Social y Política, Marcha Patriótica, Movice, la ONIC, entre otros.

Al respecto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó a El Espectador que “la hoja de vida del general Leonardo Barrero no tiene tacha, estuvo en las Fuerzas Militares por 40 años, llegó al máximo cargo, comandante general de las Fuerzas Militares, 2013. Conoce todo el país, estuvo en las zonas más delicadas de orden público donde entregó resultados. Fue reconocido como un oficial que tenía un buen diálogo con las comunidades y alto sentido social. Sobre el general no pesa ninguna condena”.

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Es importante recordar que el general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo fue relevado del cargo de comandante de las Fuerzas Militares a principios de 2014 por el presidente Juan Manuel Santos, a raíz de una conversación que sostuvo en 2012 con el polémico coronel Róbinson González del Río, condenado por un falso positivo cometido en Caldas.

En ese momento, el presidente Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, advirtieron que la salida de Barrero se debía a las expresiones utilizadas al hablar con González del Río, grabación que fue divulgada por la revista Semana: “Aprovechen y únanse, hijueputa. Eso tiene uno que ser inteligente. Yo no lo puedo hacer, pero ustedes sí porque ustedes son los afectados (...) Hagan una mafia para denunciar fiscales y toda esa güevonada”, expresó Barrero durante una llamada telefónica.

Hasta ahí, Barrero no figuraba en escándalos ante la opinión pública y poco se sabía de sus actuaciones como comandante de la Brigada XVI del Ejército, con sede en Casanare, entre enero de 2004 y diciembre de 2005. No obstante, en agosto del año pasado el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos presentó en Yopal, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el informe titulado Ni delincuentes, ni combatientes, el cual detalla 12 casos que recogen a 20 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes de la XVI Brigada del Ejército Nacional entre 2005 y junio de 2007.

Facsímil del informe que presentaron las víctimas, a través del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en agosto de 2018 ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). En él mencionan la presunta responsabilidad del general Barrero.  

Según el documento, el hoy general retirado Barrero Gordillo debe rendir versión voluntaria ante la JEP, toda vez que bajo la orden de operaciones “Espada III”, firmada por él, dio la orden “de ejecutar una operación ofensiva sostenida de ocupación y destrucción, en las áreas bases de las cuadrillas 38 y 56 de las Farc”, dice el documento de esa brigada del 14 de junio de 2005.

Facsímil de la orden de operaciones llamada “Espada III”, la cual fue firmada en junio de 2005 por el general Barrero y sobre que la se soporta el pedido de las víctimas para declarar por su pregunta responsabilidad ante la JEP.

En dicha maniobra, el 24 de diciembre de ese año, en la vereda Moniquirá de Pisba (Boyacá), resultaron muertos los campesinos Carlos Julio Maldonado García, coordinador de deportes de la Junta Comunal de la vereda; Euclides Maldonado Tabaco, adulto mayor de 63 años, y Ruht Emilce Tabaco Socha, en ese momento en estado de embarazo, a manos de soldados del Batallón de Contraguerrilla N.° 29 de la Brigada XVI.

El proceso contra tres soldados se desarrolló en la Justicia Penal Militar (juez 45), la cual cesó el procedimiento en mayo de 2010. Sin embargo, el 2 de octubre de 2009, el fiscal general de la Nación asignó el caso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Posteriormente, la Fiscalía 7 de esa unidad ordenó en octubre de 2009 a la Fiscalía 15 de la Justicia Penal Militar allegar la investigación, “debido a que existían serias dudas respecto a la existencia del presunto combate en que resultaron muertas las tres personas mencionadas”.

La última actuación de la Fiscalía en este caso se dio el 16 de septiembre de 2016, cuando ordenó la práctica de nuevas diligencias para impulsar el proceso. Los familiares de las víctimas insisten en que el general Barrero se presente a la JEP a rendir su versión sobre estos hechos, a pesar de que él no esté involucrado en la investigación penal.

Sobre este punto específico, la ministra del Interior señaló: “El general Barrero, a la fecha, no tiene ningún proceso abierto por las afirmaciones que ustedes hacen, me dice que nunca lo han llamado o lo han notificado sobre el caso en mención”.

Pero esta no es la única actuación polémica del general. En una investigación publicada en este medio en noviembre de 2015 se reveló que Barrero, en ese momento candidato a la Gobernación del Cauca por el Centro Democrático, había visitado las oficinas de los empresarios Alexánder y Mauricio Duque, quienes fueron denunciados por la comunidad de Buenos Aires (Cauca) como presuntos responsables de lavado de activos a través de la minería ilegal.

Luego, como consta en los documentos publicados en Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, figura una contribución de la empresa minera Giraldo y Duque por $10 millones para dicha campaña. La misma comunidad de Buenos Aires denunció ante la Fiscalía General de la Nación a los empresarios y el ente investigador inició indagación preliminar en 2017 por el presunto blanqueo de oro proveniente de la extracción ilegal del metal precioso en el norte del Cauca.

Facsímil de la contribución que hizo la empresa Giraldo y Duque, de los empresarios Alexander y Mauricio Duque, a la campaña a la Gobernación del Cauca del general (r) Leonardo Barrero.

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La ministra Gutiérrez afirmó no tener conocimiento sobre el particular. “El Gobierno considera que al frente del PAO debe haber una persona con amplia experiencia en fenómenos criminales y conocimiento del país”, argumentó.

Por otro lado, la ministra indicó que desde hace cinco meses el general Barrero ha trabajado en el PAO y ha visitado regiones como Ricaurte (Nariño), Cúcuta (Norte de Santander), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Caucasia (Antioquia) y que ninguna organización nacional o internacional ha manifestado reparos al desempeño de su trabajo.

Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, explicó al respecto: “las plataformas firmantes de este comunicado no sabíamos del nombramiento del general Barrero y somos nosotros los que hemos venido trabajando en un proceso nacional de garantías que empezó en el gobierno anterior. Ese trabajo tiene unos acumulados importantes que este gobierno desconoció”.

El Espectador intentó comunicarse con el general Barrero para conocer su opinión, pero él no contestó.

El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruíz Massieu, durante el último Consejo de Seguridad del organismo multilateral destacó que el presidente Iván Duque haya creado en noviembre de 2018 el Plan de Acción Oportuna (PAO) para prevenir y proteger a los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Textualmente señaló: “La ola de asesinatos de líderes sociales en los primeros días del nuevo año refuerza la profunda preocupación sobre estos asesinatos expresada por el Secretario General en repetidas ocasiones”. Según la Defensoría del Pueblo, desde el 1° de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018 ya registra 431 homicidios.

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Edinson Arley Bolaños / @eabolanos

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