Los desafíos que tiene Colombia para seguir cumpliendo con la Convención de Ottawa

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Este es un tratado global para que los países limpien sus territorios de minas antipersonal y se comprometan a no producirlas, usarlas o comercializarlas. Colombia pedirá un prórroga para cumplirlo. En esta entrevista, Juan Carlos Ruan, delegado de la Convención de Ottawa, explica cómo será este proceso y que retos tendrá el país en adelante.

Esta semana llegó a Colombia Juan Carlos Ruan, director de la Unidad de Apoyo a la Implementación de la Convención de Ottawa, la cual prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas antipersonal e insta a distintos países a destruir los artefactos de este tipo que tengan en sus territorio.

Colombia hace parte de los 164 Estados que firmaron este tratado en 1997, y que entró en vigor solo hasta el 1 de marzo de 2001 en este país. Desde esa fecha, el país se comprometió a proteger a las comunidades afectadas por la presencia de minas y a cumplir con el plazo de diez años para liberar los territorios de estos artefactos.

(Lea: En 2019 hubo 344 víctimas de minas antipersonales y artefactos explosivos)

El próximo 31 de marzo de este año, será la segunda vez que el Estado colombiano pida una prórroga para cumplir con este tratado. Esta es la razón de que Juan Carlos Ruan esté en el país. Será quien asesore al gobierno actual en el diseño de esta prórroga y en el plan de desminado humanitario que cumplirá en adelante. 

Además, a propósito de su visita, participará con distintas entidades nacionales e internacionales en el evento “Convención de Ottawa y Acción contra las Minas”, desde las 9 a.m. en Bogotá. Estará junto a representantes de la Oficinal del Alto Comisionado para la Paz, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y un representante de la cooperación internacional en la Universidad Católica (Diagonal. 46a # 15-10, Sala Fundadores) para hablar sobre el cumplimiento de la Convención de Ottawa en el país.

Colombia2020 habló con él sobre el proceso de la prórroga y la situación del país con respecto a la atención a víctimas de minas antipersonal y su desminado en un escenario de “posacuerdo” tras la firma de la paz con las Farc. 

¿Cómo será el proceso para que le den la prórroga a Colombia?

Esta misión tiene que ver con el artículo 5 de la Convención, que es específicamente sobre la destrucción de minas antipersonal en áreas minadas. Cuando llego la primera fecha límite para este país, en 2011, tuvo que presentar una prórroga hasta el 31 de marzo de 2021. Ahora va a presentar una prórroga nueva que va a ser considerada por los 164 Estados partes en una reunión en noviembre. Pero antes, le tendrá que entregar esa prórroga el 31 de marzo de este año al comité de implementación del artículo 5, que lo lidera Canadá, con Austria y Noruega. Ellos analizarán el esfuerzo que está haciendo Colombia en este aspecto, harán preguntas y dará un análisis a los demás Estados partes. Sobre este, se aceptará o no. Es un debate que se dará en noviembre en Ginebra (Suiza).

Ese documento que tendrá información sobre los logros y desafíos para Colombia en materia de desminado. No se tocará el tema de acceso de atención para las víctimas, aunque sí contendrá datos sobre el impacto socioeconómico que tienen las minas antipersonal en las comunidades. 

No es algo negativo pedir más prórroga. Es un derecho de los Estados. Hay tantas circunstancias que a veces es necesaria. Por ejemplo, la situaciones de conflicto en Yemen, Afganistán, Irak, Nigeria. Es una situación que está un poco fuera de las manos del Estado que hace lo que puede, pero hay un límite, por la presencia de grupos armados. 

Colombia ha venido juiciosamente implementado la Convención. En la primera prórroga lograron desminar todas las bases militares que tenían minas antipersonal y ahora queda la situación de siembra de minas en distintos territorios. 

¿Cómo será su asesoría en este proceso?

Vamos a tener una reunión el jueves 23 de enero para hablar sobre el desarrollo del plan, qué debe contener y el proceso de prórroga. Yo vengo más como un portavoz de los Estados miembros, de las decisiones que se han tomado en otros países y en sus procesos de prórrogas, para desarrollar mejor el proceso en Colombia. 

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¿Qué retos plantea la extensión de los plazos para desminar en Colombia bajo la Convención de Ottawa?

La situación en Colombia puede cambiar en términos de seguridad en los territorios. Entonces un plan de más de tres años puede ser muy complicado y puede que pierda validez. El plan tiene que abrir espacio para poder actualizarse varias veces, depende de cuánto tiempo de prórroga vaya a pedir Colombia. 

Además de eso, está la complejidad de llevar a cabo desminado humanitario donde no hay espacios humanitarios, es decir, donde no se puede trabajar con imparcialidad y salvaguardando a las comunidades. Hay zonas donde no se puede hacer el desminado y se tienen que encontrar soluciones para la protección de civiles en esas áreas. 

A partir de los otros Estados miembros que están desminando, ¿qué recomendaciones le daría a Colombia para logre hacer un desminado humanitario en contextos de violencia? 

Yo espero que haya una solución innovadora. En algunos sitios lo único que se puede hacer son los "spot clears" o puntos despejados. Es decir, si se encuentra algo, ir a limpiarlo, pero no hacer el desminado humanitario en sí, solamente se remueve el artefacto que está poniendo en riesgo a la población y se deja hasta ahí mientras baja la situación de violencia. Pero hay que mirar el contexto de cada comunidad. 

Con respecto a la protección de las comunidades, el Ejército anunció el 13 de enero que hará "desminado asistido" en Pogue, un corregimiento en Bojayá (Chocó). Le pedirán colaboración a las comunidades para que les ayuden a localizar los lugares con sospecha de minas. ¿No cree que esto los puede poner en riesgo, teniendo en cuenta que hay presencia de grupos armados ilegales que amenazan a la gente en estas zonas por dar esa información? 

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Es muy difícil dar una respuesta de la situación, porque todo tiene que examinarse dentro del contexto específico. En muchos países el Ejército hace desminado humanitario, entonces eso no es raro, pero sí hay que ver muy bien el contexto. Creo que siempre está presente la idea de no hacerle daño a la comunidad. El análisis muy concreto del área donde se va a desplegar personas para hacer el desminado se tiene que hacer. 

El acercamiento a organizaciones civiles que están en el área es importante para involucrarlos en esa planificación. Abrir espacios humanitarios. Es un tema que saldrá en las reuniones de esta semana con el gobierno. 

En 2019, se presentaron 153 casos de minas antipersonal según el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Considera que el país está haciendo los esfuerzos necesarios para evitar estos accidentes?

Colombia tiene un esfuerzo muy grande de educación en el riesgo contra minas, que es lo mínimo que se puede hacer, creo yo, en zonas donde no existen las condiciones de seguridad para hacer el desminado. Esto es vital para que ellos mismos se puedan proteger. 

Colombia tiene retos también como la diversidad de su población. Es muy importante ver los contextos de cada comunidades, asegurar que protegemos a los civiles de caer en estas minas. Lo principal es que la gente sepa como practicar comportamientos seguros. Un ejemplo sería que los Estados tomen en cuenta el contexto específico donde va a hacerse la educación el riesgo, que considere la diversidad y la necesidad de las comunidades y que se considere el género también. 

¿Por qué la importancia de incluir la visión de género en el desminado humanitario?

Por ejemplo, si usted aparece para hacer los talleres de educación en el riesgo a las 10 a.m. entre semana, quizás no estén los hombres porque están en el campo. O quizás su equipo de desminado no tiene una mujer, entonces no está pensando en cómo hablarle a un grupo más amplio y diverso. Es analizar, por ejemplo, las costumbres que tienen las mujeres y los hombres en sus territorios. Usualmente realizan distintas actividades y cogerán por distintos caminos, en los cuales encontrarán minas, así que es muy importante considerar el género en cada etapa del desminado humanitario. 

En términos de la afectación, los impactos son muy diferentes para una mujer, un hombre o un niño. La asistencia no puede ser igual para todos. Los niños van a necesitar cambios de prótesis a medida que vayan creciendo, entonces el país debe pensar cómo se va a asegurar que esos niños tengan esos ajustes en sus prótesis. 

Ahora hay muchas mujeres que trabajan como desminadoras. Eso es muy importante porque les ha dado oportunidades a las mujeres en un trabajo que normalmente había sido muy masculino y militar. Abrir ese espacio tiene un impacto en las comunidades. 

¿Cómo ve, a la luz de la Convención de Ottawa, la posibilidad de que las Farc haya conformado el grupo Humanicemos DH, para realizar el desminado de las minas que ellos mismos sembraron durante la guerra?

Se ha visto la importancia de la reincorporación de excombatientes, no solo para darles una nueva bandera, sino también para sacar provecho de ese conocimiento técnico de cómo plantaban las minas o dónde. Es una noticia muy buena. El desminado humanitario es una herramienta muy importante para construir confianza y seguridad entre países, así como en el mismo país con los excombatientes. 

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