Las deudas del Estado con las comunidades afro e indígenas II parte

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En la segunda entrega de este balance sobre la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, presentamos un panorama del cumplimiento en tres temas: participación política, enfoque de género y el punto de víctimas. Hay más organizaciones étnicas, se aprobó un enfoque de género, pero no se aprobaron las curules para las víctimas.

El punto dos del Acuerdo Final firmado por el Estado y la exguerrilla de las Farc en noviembre de 2016 plantea la apertura democrática, el pluralismo y la inclusión. Sobre estos aspectos, la Contraloría de la República resalta en el Tercer Informe de seguimiento sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento del Posconflicto, la ampliación en número de organizaciones indígenas, de comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales; del pueblo Rom y de organizaciones en defensa de los derechos de la mujer.

Se destaca también como un avance la inclusión del enfoque de género en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. “Lo primero que se hizo fue precisamente avanzar en el diseño y en la realización de una consulta sobre la normativa ya expedida, que rige a la jurisdicción, para consultar con los pueblos indígenas, con los pueblos afrodescendientes y con las comunidades Rom, cómo se debe implementar esa normativa que aplica la jurisdicción”, señala Mirtha Patricia Linares Prieto, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Para Diego Restrepo, analista de Pares, la reforma política terminó siendo un fracaso en materia de participación. “Fue grave no aprobar las circunscripciones de paz que potenciaban la voz de las comunidades excluidas. Este gobierno tiene enfoque represivo. Desactivó la Comisión de Garantías de Seguridad que contaba con representación de la sociedad civil y de víctimas, activó el Plan de Acción Oportuna -PAO-, pero con el agravante que excluyó a la sociedad civil e incluyó a las Fuerzas Militares en la participación de la protección, reafirmando el enfoque militarista. Es un retroceso enorme normativo, político, en derechos económicos, colectivos y culturales”, explicó.

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Sobre el enfoque de género, indica Restrepo, “hay que decir que tiene una perspectiva homogenizante, que busca que las mujeres entren al mercado social global, contrario a lo que se aspiraba, algo más complejo y diferencial, que tomara en cuenta las particularidades y necesidades diferenciadas”.

En palabras de las mujeres de los territorios, “la participación de las mujeres indígenas en el territorio del Chocó es deficiente, ni siquiera conocen la agenda de paz que se convocó a nivel nacional”, advierte Alba Quintana Hachito, indígena Emberá Dobidá, lideresa del Programa de Mujeres de la Mesa Indígena del Chocó, y quien hace parte de la Red de Abogadas.

En cuanto al punto cinco, dedicado a las víctimas y a la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, hay opiniones variadas. Rocío Caballero Culma, indígena del Pueblo Pijao y abogada de la Comunidad de Juristas Akubadaura explica que en los talleres que realizado con las mujeres indígenas del Chocó, ellas manifestaron la necesidad de socializar los componentes del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y no Repetición, ya que estas comunidades han sido fuertemente afectadas por los grupos armados.

“Las comunidades manifiestan que todavía hay muchos hechos que no se han denunciado, como masacres, desapariciones, actos de abuso sexual contra las mujeres indígenas, reclutamiento forzado. Además, el conflicto armado persiste en sus territorios y eso ha dificultado su participación, sumado a que las instituciones no han logrado llegar a todos los territorios debido al recorte presupuestal y a que se requiere todavía seguir profundizando y esclareciendo esas violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en regiones como el Chocó”, señala Rocío Caballero.

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De manera que, invisibilizados en una discusión abierta en la sociedad sobre el tema, sin una intención real de parte del Estado para que funcione, con recursos insuficientes que garanticen su implementación, el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz debe superar retos importantes para que se materialice en el goce de derechos y autonomía para los pueblos étnicos.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, asegura que “debe ser una prioridad para el Gobierno Nacional, para las autoridades estatales, para los gobernadores y los alcaldes, la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz”.

Por su parte, Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas -ACNUDH- sostiene que “al capítulo étnico le falta mucho por implementar, en particular el consentimiento previo, libre, informado que todavía sigue siendo un reto y no se implementa a cabalidad”.

Es muy importante brindar las garantías a la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, IEANPE, que hace seguimiento a la implementación de los acuerdos, brindarle unos apoyos para que puedan continuar, con sus equipos técnicos, precisando las metas e indicadores que aún requieren ajustes para que las entidades puedan realizar una asignación presupuestal y puedan incorporarlos en sus esquemas de planeación y así darle un alcance real a la fase de implementación del Capítulo Étnico, precisa Rocío Caballero.

Vea aquí el texto completo de esta investigación.

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