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Dos interpretaciones distintas de lo sucedido quedaron el martes luego del encuentro fallido entre el presidente Iván Duque y los líderes de la Minga Nacional en el municipio de Caldono, Cauca. Aunque estaban a menos de 200 metros de distancia, las partes no pudieron acordar si el tan esperado diálogo se iba a realizar en la casa lúdica -en donde por cuestiones de seguridad esperaba el primer mandatario reunirse con un reducido grupo de delegados- o en la plaza central, en donde miles de mingueros insistían que el jefe de Estado asistiera a un diálogo político abierto y lo suficientemente amplio para que las comunidades pudieran participar.
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Al final nadie dio el brazo a torcer, la cita se frustró y tanto Gobierno como mingueros terminaron lanzando señalamientos en la búsqueda de responsables: el presidente dejó claro que había tenido toda la disposición para el diálogo a pesar de los obstáculos y las informaciones sobre amenazas en su contra, mientras que las comunidades insistieron en que el incumplimiento había sido del Gobierno y del presidente que faltó a su palabra y le falló a quienes lo esperaban para debatir con él.
En todo caso, al término de la jornada quedaron más dudas que certezas sobre el futuro de las conversaciones entre las partes y lo que pasará con los acuerdos previos que se lograron en las mesas de concertación y que llevaron a que, después de más de 20 días de cierre, se levantara el bloqueo de la vía Panamericana. La minga se declaró en asamblea permanente para evaluar la situación y, sobre todo, avanzar en los preparativos de lo que será su participación en el paro nacional convocado desde múltiples sectores para el próximo 25 de abril.
Una movilización que promete un gran respaldo nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que la minga, aunque poco se ha visto así, cuenta con la participación activa de miles de campesinos de distintas regiones del país. De hecho, el trabajo desde las organizaciones campesinas se viene cocinando desde finales del año pasado en el orden nacional y regional con la premisa de que, si bien comparten muchos de los reclamos hechos por las comunidades indígenas, también tienen peticiones y requerimientos propios que son el resultado de incumplimientos a acuerdos previamente pactados con el Gobierno.
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Desde que empezaron a construir la agenda con la mirada del campesinado, se establecieron cinco ejes centrales alrededor de los cuales girarían las discusiones con el Gobierno: el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la inclusión de un capítulo campesino en el Plan Nacional de Desarrollo, la revisión de la decisión del Gobierno de no firmar la Declaración Universal de los Derechos del Campesinado aprobada por Naciones Unidas, las garantías de seguridad para los líderes y el respeto y la promoción de los territorios campesinos.
Esos fueron precisamente los temas que llevaron a las mesas de diálogo y negociación que se dieron con el Gobierno durante la minga, y en las que las discusiones se centraron sobre todo en temas que requerían atención inmediata, como el del Plan Nacional de Desarrollo que ya está en trámite en el Congreso. “Nosotros hicimos el proceso desde octubre y trabajamos la propuesta para incluir un capítulo campesino en el PND. Fuimos al Consejo Nacional de Planeación, radicamos nuestro capítulo y lo sustentamos el 20 de diciembre. Y aunque en enero salió un concepto de ese Consejo avalando el capítulo y recomendándole al Gobierno que lo incluyera, finalmente quedó por fuera y el proyecto se radicó sin tenernos en cuenta”, explica César Morales, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano.
La propuesta presentada al Consejo contenía el trabajo de organizaciones, como la Mesa Campesina del Cauca, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, la Red Nacional de Agricultura Familiar y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, y planteaba ocho líneas estratégicas que iban desde el acceso y la formalización de tierras y los derechos de la mujer campesina, hasta el fortalecimiento de la economía y el espinoso tema de la erradicación de cultivos de coca, marihuana y amapola.
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“Cuando supimos que no habían incluido nuestra propuesta nos dimos cuenta de que nuevamente había un proceso discriminatorio, de exclusión. Agotamos todas las rutas de participación política y no nos quedó otra opción que el ejercicio de la movilización y la protesta para poder incidir en eso. Fue cuando decidimos que este tema tenía que estar en la jornada de la minga”, detalla Morales.
Y fue precisamente la discusión de ese tema en las mesas de diálogo en el marco de la minga nacional lo que derivó en un preacuerdo para que las comunidades pudieran concretar una cita el pasado viernes con delegados del Gobierno en Planeación Nacional para presentar sus proposiciones frente al Plan de Desarrollo. “Esa reunión surgió de un encuentro que tuvimos con el Ministerio y la cumbre, y un acuerdo que se hizo en el marco de la negociación con la minga en el Cauca. Ese acuerdo lo que busca es que miremos la posibilidad de construir unas proposiciones para trabajar de manera conjunta en la proyección del capítulo campesino”, asegura Jimmy Moreno, vocero nacional de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
La propuesta general, que ya fue presentada, denominada “Pacto por la Equidad Rural y el Bienestar de la Población Campesina”, sigue teniendo los mismos ocho lineamientos que ya fueron avalados por el Consejo Nacional de Planeación en enero pasado: acceso, formalización y territorialidades campesinas; fortalecimiento de la economía campesina; acceso a derechos; infraestructura productiva; cultivos de coca, marihuana y amapola; campesinado, ambiente y cambio climático; mujer campesina, y jurisdicción agraria.
El pacto plantea temas tan básicos como la realización por parte del Estado de mediciones estadísticas que den cuenta de la situación de la población campesina del país y sus condiciones socioeconómicas teniendo en cuenta que, según datos de la Misión para al Transformación del Campo, por lo menos el 89 % de la población rural del país es pobre o vulnerable.
“Presentamos el capítulo campesino, y aunque hay acuerdo sobre su inclusión, la discusión se ha dado alrededor de las condiciones. Tenemos ocho estrategias y estamos contrastando los argumentos del Gobierno, que dice que varias de esas estrategias ya están integradas. Si no está lo que buscamos, es que tenga rubros para una asignación presupuestal específica”, asegura Morales.
Otra de las proposiciones presentadas esta semana, resultado de un acuerdo puntual de la minga del Cauca con un enfoque más regional, fue la de la adición de un artículo al texto del proyecto de ley del PND para crear el Fondo Especial de Desarrollo para el Fortalecimiento de los Planes de Vida y Planes de Desarrollo Sostenible de las comunidades campesinas del departamento del Cauca, con el objetivo de promover y contribuir con el desarrollo integral de los territorios a través de la financiación de proyectos.
El articulado, conocido por El Espectador, detalla en el parágrafo 4 que el Fondo se crearía con recursos aprobados entre el Gobierno y la minga provenientes principalmente del Presupuesto General de la Nación, además de los aportes del gobierno departamental, donaciones y recursos de cooperación nacional o internacional.
Pero si bien es cierto que el estudio de las proposiciones por parte del Gobierno plantea un avance importante en los temas reivindicativos del campesinado, pues mantiene abierta la puerta a la posibilidad de fortalecer la inclusión del capítulo campesino, también es cierto que existen varios temas de carácter político que las comunidades aún no han podido abordar a la espera de ser escuchadas directamente por el presidente Iván Duque.
“La minga ayudó a que se generaran hojas de ruta, pero el presidente al incumplir la cita con la minga planteó un escenario de seguir movilizando las comunidades”, puntualiza Jimmy Moreno.
En igual sentido se pronuncia César Morales, para quien es claro que con el episodio de Caldono el jefe de Estado ya incumplió los compromisos que había adquirido el Gobierno con la minga: “El presidente se dejó llevar de consejas, de falsos positivos, incluso de montajes que estigmatizan el movimiento social. Aun así nos movilizaremos de nuevo el 25 de abril, y aunque desde ya sabemos cuándo iniciamos, no sabemos cuándo acabaremos”.