Fiscalía pide que el caso de la masacre de El Tandil vuelva a justicia ordinaria

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En respuesta a una petición de las víctimas, el ente investigador pidió a los juzgados penales militares, donde actualmente está el caso, que le concedan la competencia para investigar los hechos en los que murieron siete campesinos en esa vereda de Tumaco por balas disparadas por la Fuerza Pública.

Exactamente tres años y un mes después de que ocurriera la masacre de El Tandil, en la que siete campesinos murieron por balas disparadas por miembros de la Policía Antinarcóticos el 5 de octubre de 2017 en Tumaco (Nariño), los familiares de las víctimas recibieron una noticia alentadora. Tal como lo habían solicitado hace un mes, en el tercer aniversario de la masacre, la Fiscalía pidió que ese caso vuelva a ser investigado en la justicia ordinaria, luego de que en agosto de 2019 pasara a la justicia penal militar.

Contexto: ‘Masacre de El Tandil debe ser investigada en justicia ordinaria’: víctimas

La Corporación Jurídica Yira Castro y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), representantes de las víctimas de esa masacre, informaron que la Dirección Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía General emitió un concepto en el cual apoyó la solicitud que esos colectivos le habían elevado. En dicho concepto estableció que la investigación del caso “debe ser nuevamente asumida por la justicia ordinaria en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, y, si se considera pertinente, por un fiscal de la dirección especializada contra las violaciones a los derechos humanos”.

En ese sentido, la Fiscalía envió la petición del caso a los juzgados 91 y 182 de la Justicia Penal Militar, en los que actualmente se lleva esa investigación. En caso de que haya una respuesta negativa de esos juzgados penales militares a que la Fiscalía asuma el proceso, se generaría un conflicto positivo de competencias que entraría a resolver el Consejo Superior de la Judicatura.

Esto quiere decir que no es seguro aún que el caso regrese efectivamente a la justicia ordinaria, pero según explica la abogada Lucía Aldana, directora de la Corporación Yira Castro, es el primer paso para que eso suceda. Por eso, para las víctimas es un avance en materia de justicia.

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La decisión de la Fiscalía llegó luego de que el pasado 8 de octubre, algunos representantes de las víctimas de la masacre llegaran hasta Bogotá y junto con el Cajar, la corporación Yira Castro y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) hicieran un plantón frente al ente investigador. Ese día se radicó allí la solicitud para que la Fiscalía pidiera el caso, tal como lo ha hecho hoy.

¿Por qué las víctimas le pidieron a la Fiscalía que reclamara el caso? Porque en agosto de 2019, en una audiencia a la que no fueron convocadas las víctimas, el caso de la masacre de El Tandil fue remitido a la justicia penal militar, incluso por recomendación de la Procuraduría. El argumento de las víctimas y sus representantes es que en esos hechos la Fuerza Pública excedió el marco de sus funciones y de las órdenes recibidas, por lo cual lo sucedido no está cubierto por el fuero penal militar.

La masacre de El Tandil es conocida hoy como la primera masacre ocurrida luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las antiguas Farc. El 5 de octubre de 2017, en la vereda que lleva ese nombre, campesinos llevaban a cabo una protesta contra la erradicación forzada de cultivos de coca. Los uniformados que desarrollaban el operativo de erradicación, por su parte, accionaron sus fusiles y como resultado siete pobladores murieron por balas disparadas por la Fuerza Pública. Los agentes dijeron después que habían sido atacados por un grupo disidente de las Farc.

Antes de que el caso pasara a la justicia penal militar, la Fiscalía había vinculado al capitán de la Policía Javier Enrique Soto García y al mayor del Ejército Luis Fernando González Ramírez, quienes estaban al mando de las tropas que ese día hacían el operativo de erradicación forzada. Pero en ese momento la Fiscalía que llevaba el caso era especializada en bandas criminales, por lo cual la nueva decisión favorece aún más a las víctimas pues, como lo han pedido, sería una fiscalía de derechos humanos quien eventualmente asuma el caso.

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