“No hay una causa política en la decisión de volver a las armas”: Rodrigo Londoño

El presidente del partido Farc dijo que es triste la decisión que tomaron sus excompañeros y advirtió que se hace urgente acelerar la implementación del acuerdo para evitar que Iván Márquez y otros de sus excompañeros logren convencer a otros militantes a retomar las armas.

Rodrigo Londoño reafirma su compromiso con el Acuerdo de Paz

En una cumbre convocada por las personas de la sociedad civil que participan en diferentes instancias de la implementación del Acuerdo de Paz, Rodrigo Londoño, presidente del partido FARC, dijo que el anuncio de Iván Márquez y otros excomandantes de la extinta guerrilla fue fruto de actuaciones de tipo personal que tuvieron como consecuencia que se les cerraran los caminos. “No hay una causa política real. Tenemos que evitar que logren convencer a más compañeros de salirse del proceso y retomar las armas”, afirmó.

Londoño insistió en que el anuncio del rearme de sus excompañeros es desafortunado, pero hizo un llamado a no maximizar los efectos de este hecho. Y recordó que cuando estaban negociando en La Habana, él había expresado que el acuerdo de paz era un punto de partida y no de llegada, para construir unas condiciones que permitieran erradicar la violencia de la política.

A renglón seguido, insistió en la denuncia que había hecho días atrás sobre el retiro de algunas armas a su esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Y señaló que la subdirección creada en esta entidad para atender los requerimientos de seguridad de los excombatientes debía tener 120 personas de planta y hoy tiene apenas 60. Eso implica la restricción de las actividades previstas. “No hay duda, quieren destruir lo que se ha hecho”.

La cumbre fue convocada ante los incumplimientos del gobierno al Acuerdo Final, a casi tres años de la firma, según señaló Camilo González Posso, uno de los representantes de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), una de las instancias creadas en virtud del acuerdo.

González Posso dijo que el acuerdo creó cerca de 30 instancias en las que participan la sociedad civil y el partido Farc para hacerle seguimiento a la efectiva implementación del Acuerdo. De ellas, el 85% tiene fallas o no están funcionando. Y citó como ejemplo la CNGS y recordó que durante este año de gobierno del presidente Iván Duque solo ha sido convocada dos veces y solo a modo de consulta.

Rodrigo Granda, integrante del partido FARC, dijo que uno de los puntos del acuerdo en los que menos se ha cumplido es el de tierras, previsto en el punto 1 del acuerdo titulado Reforma Rural Integral. “A tres años de la firma del Acuerdo se deberían estar entregando 3 millones de hectáreas de tierras a los campesinos y 7 millones de hectáreas deberían estar en proceso de titulación; en este tema no se ven avances, un promedio de 40 millones de hectáreas están en manos de ganaderos y terratenientes”, señaló.

Van 150 exguerrilleros y 47 de sus familiares asesinados, además de los 700 líderes y lideresas en dos años. Las garantías deben ser para todos los ciudadanos, no solo para nosotros”, dijo Granda.

Y sobre la falta de efectividad en la convocatoria de las instancias creadas con la participación de la sociedad civil y los miembros del partido Farc señaló: “le tienen (el gobierno) un susto terrible a hacer una coordinación efectiva con los excombatientes. Los pocos avances que hemos tenido han sido con la financiación de la cooperación internacional. Estos asuntos no están entre las prioridades del gobierno”, concluyó.

En un panel de discusión en el que se hizo un balance de la implementación, la congresista Juanita Goebertus, calificó como grave la crisis por la que atraviesa el proceso de paz. “No hay que perder la perspectiva, el anuncio de Iván Márquez de rearmarse es un factor determinante en la desestabilización de los territorios que ya venía presentándose por la presencia de otros grupos armados ilegales. “Hay que ver esta coyuntura como una oportunidad y tomar en serio las fallas en la implementación del Acuerdo”, señaló.

Para Goebertus, “un avance importante son los 9.8 billones de pesos anuales que entraron al presupuesto de los próximos años de gobierno para para temas de paz, pero el gran problema es que solo el 6% de este presupuesto va para los municipios priorizados en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

También mencionó que para el próximo año hay un recorte sustancial de presupuesto en algunas de las agencias más importantes para la implementación del Acuerdo. “Se plantea una reducción del 19% en la Agencia Nacional de Tierras, del 13 % en la Agencia de Desarrollo Rural, del 10% en la Agencia de Renovación Territorial y una reducción de 7% para la Agencia de Reincorporación. La situación presupuestal para la implementación es muy grave”.

Por su parte, Raúl Rosende, Jefe de Verificación de la Misión de Verificación de la ONU, rechazó enfáticamente la decisión de quienes anunciaron su regreso a las armas y dijo que lo importante era hacer énfasis en que el 90% de los excombatientes están registrados, están comprometidos con el Acuerdo y el gobierno tiene clara su ubicación. El otro 10% no necesariamente están en las disidencias, aclaró. Y destacó como avance que el gobierno ha adelantado una planificación seria del futuro de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, aunque falta el decreto que formaliza la transformación de esos espacios a otra figura jurídica.

Otro aspecto positivo de los ETCR que poco se tiene en cuenta, según el diplomático, es que la existencia de esos espacios significó que el Estado llegara a lugares donde antes no llegaba o llegaba parcialmente. Y destacó que las comunidades vecinas a los excombatientes se han visto beneficiadas con obras de infraestructura que de otra manera no hubieran llegado.

Sobre el tema de seguridad, Rosende dijo que era importante que las investigaciones por el asesinato de excombatientes deben ir a fondo para identificar los autores materiales e intelectuales de los crímenes y así cerrar la brecha a la impunidad. Recordó que en el acuerdo está pactado el desmantelamiento de las estructuras criminales que atacan a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Jairo Estrada, representante del partido Farc, dijo que el gobierno se ha dedicado a simular el cumplimiento del acuerdo de paz. “En el discurso se dice que cumplen, pero al revisar la minucia en el Plan de Desarrollo o las asignaciones al presupuesto, se descubre que no hay tal”. Y llamó la atención para cambiar la manera en la que se hace seguimiento a la implementación.

Destacó que el acuerdo está en una paradoja, ya que el actual gobierno tiene que implementar un acuerdo de paz que considera es una anomalía, no tiene la fuerza política necesaria para hacerlo trizas, pero tampoco hay suficiente fuerza política para hacer que se cumpla. “El gobierno tiene pretensiones de reinterpretarlo y reducirlo a aspectos como el desarme, la desmovilización y la reincorporación, desestimando los otros puntos”, concluyó.

Silva Becerra, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos señaló que, ante la imposibilidad de cambiar el acuerdo, el gobierno hace reinterpretaciones. Y citó como ejemplo que la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito ha sido reemplazada por una política de erradicación forzada.

Ella llamó la atención porque el gobierno no tiene metas claras de reducción de pobreza en los municipios PDTEs, lo que significa condenar a estos territorios más afectados por la violencia a seguir en la misma situación.

Al final, los participantes hicieron recomendaciones concretas para agilizar la implementación del Acuerdo. Rosende dijo que el Estado colombiano debía renunciar a la posibilidad de imponer cambios que signifiquen retroactividad en la seguridad jurídica para los excombatientes e hizo un llamando a rodear a la JEP, de la que destacó que haber logrado grandes avances en muy poco tiempo. La congresista Goebertus pidió enfocar los esfuerzos y los recursos económicos en los 170 municipios PDTEs y propuso llamar de manera distinta al partido Farc para evitar que el actuar de las disidencias le haga más daño, mientras sus militantes de manera autónoma deciden sobre si lo cambian o no. “Yo lo llamaré el partido de la Fuerza Alternativa”.

Los panelistas coincidieron en ver la implementación del acuerdo con integralidad. El PNIS depende de la implementación de los PDETs y la reincorporación de los excombatientes no se puede ver de manera aislada a la reforma rural integral, explicaron.  

 

 

 

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Daniela Callejas Delgado [email protected]_danicallejasd

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