“No hay voluntad del Gobierno para someter a los gaitanistas”: obispo de Apartadó

Hugo Alberto Torres, obispo del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, ha sido un firme impulsor de la paz territorial. Estuvo en los acercamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el gobierno de Juan Manuel Santos y sigue desde la Iglesia Católica rodeando la necesidad de este sometimiento que ponga fin a la violencia en Urabá, Antioquia y Chocó.

Hugo Alberto Torres, obispo del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Archivo Particular

Su trayectoria en Urabá desde 2014 coincide primero con los diálogos de paz, después con los acuerdos de La Habana y ahora con la implementación. Pero en 2017 se reactivó el conflicto armado con nuevos y viejos actores, hábleme de ese proceso...

Cuando llegué a la zona había una ambivalencia de fuerzas. La serranía del Abibe era territorio de las Farc, uno se los encontraba en las veredas, en las casas, había letreros que decían que era territorio de ellos. Para donde uno se moviera había Farc o grupos paramilitares. Después hubo la desmovilización y la concentración, el territorio ganó en tranquilidad, especialmente la zona del Chocó, donde estaba el más fuerte dominio de las Farc: el sector de Bajirá, Riosucio. Al ellos incorporarse a la vida civil se vio el ambiente de calma, de tranquilidad, de confianza, era más fácil convivir con un solo grupo que con dos. Ese cambio fue real e impactó a la comunidad. Ya no volvimos a ver tanto ejército entre Chigorodó, Mutatá, Dabeiba. Ya uno podía entrar a las cuencas de los ríos sin ningún problema, el único control lo hacía el Ejército que vigila el río Atrato. Pero cuando se incrementa un poco más el narcotráfico, volvió el problema y el miedo al territorio, comenzaron las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, llamadas por el gobierno como Clan del Golfo) a invadir los territorios, a imponer sus normas, sus condiciones, a obligar a la gente a sembrar la coca y vendérselas a ellos y todo el tema de las vacunas. Por los ríos uno tiene que pedir permiso para entrar. En este momento hay una zona en el Chocó, por los lados de Jilgal, Acandí, Ungía, en que uno tiene que avisar que va porque si no lo devuelven. Ellos imponen las condiciones.

¿Cómo ha sido la disputa de las AGC con el ELN en esos territorios?

El año pasado hubo una escaramuza porque el ELN comenzó a bajar del Baudó y el Atrato medio a dominar los ríos. Llegaron casi hasta Bajirá por el río Jiguamiandó, muchos indígenas fueron desplazados, nosotros fuimos a verificar por el río Truandó y confirmamos que había una disputa. Poco a poco las Autodefensas fueron corriéndolos y copando el espacio, ellos tuvieron que irse para el lado de Vigía del Fuerte, por allá se acomodaron, pero hubo momentos de tensión bastante fuertes. En este momento el territorio lo ocupa todo las AGC, ellos son los amos y señores.

Hablemos de la violencia urbana y la delincuencia organizada. Urabá es como una gran área metropolitana y ahora hay presencia de bandas y pandillas que se disputan barrios y pueblos. ¿Ellos están con las AGC o es un fenómeno aparte?

Uno pensaría que es un fenómeno muy propio de pueblos y ciudades, pequeñas bandas que se adueñan de un vecindario o barrio o sector, todo con el ánimo de vender y expandir la droga. Yo pensaba que había unos señores expendedores que dispersaban muchachos por una zona para que controlaran, y por eso a finales de 2018 y en 2019 eran muy frecuente que en Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa las bandas se enfrentaran entre ellas porque algún grupo invadía terrenos copados por otros. Después vimos que detrás de esos pequeños grupos lo que hay son estructuras de las Autodefensas que les entregan la mercancía y son dueños del poder en esos barrios: no admiten que estos muchachos consigan la droga en otro lado, si se quieren salir de ahí hay muerte, o hay desplazamiento, al muchacho lo amedrentan y le dicen desocupe y le dan un plazo. Como ha habido a veces tanta dificultad de sacar la droga al exterior, da la impresión que la metodología es venderla adentro.

¿Eso ha generado un incremento de la violencia?

Aunque la policía dio un dato alentador que en 2019 habían bajado los homicidios, en 2018 murieron muchos jóvenes. Cada ocho días mataban pelados o los hacían ir del barrio, ahora parece que ha disminuido un poco. Uno diría que hay un poco de tranquilidad en los barrios, pero los expendios siguen siendo igual de desastrosos.

Hace un par de años usted y otros obispos mediaron con los Gaitanistas, llamados por el gobierno “Clan del Golfo”, para un posible sometimiento. ¿Por qué fracasó esa iniciativa?

Tuvimos entrevistas con los delegados del Clan para anunciar que eso estaba a punto, pero creo que influyó mucho el cambio de gobierno, que tiró al traste esa norma, esa ley, esa voluntad (la ley 1908 de sometimiento de bandas criminales impulsada durante el mandato de Juan Manuel Santos). Y mientras este Gobierno se va reacomodando la expectativa se hace cada vez más incierta. Hoy el Clan del Golfo está es fortaleciéndose y rearmándose. Uno escucha por ahí que ellos no tienen intención de seguir insistiendo, no encontraron voluntad de parte del Gobierno para seguir el análisis de la propuesta de sometimiento, ellos tenían buena intención y la perseverancia en el acercamiento, pero en 2019 dejaron de hacerlo, no sé si fue desencanto. Mientras no haya un primer paso con el ELN creo que es muy difícil que lo haya con estos tipos. ¿Por qué? El ELN es enemigo del Estado, tajante. Yo no creo que estos aparezcan tanto como enemigos del Estado, uno pensaría que las AGC no están matando policías, ni volando oleoductos, ni acabando con la infraestructura, son unos actores con los que el Gobierno no se resiente, en cambio a los otros sí dice que hay que eliminarlos, entonces mientras lo uno no se dé, es muy difícil pensar en lo otro. Yo sí pienso que es hora de pararle la caña a eso, porque realmente hay gente muy cansada de estarse escondiendo, de ser perseguidos.

Ustedes rodearon a los reincorporados de las Farc y entre tanto pesimismo este es un ejemplo muy positivo de construcción de paz. ¿Cómo los han apoyado?

Sí, hemos venido acompañando con la diócesis y la Comisión de Conciliación a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de San José de León en Mutatá, y al de la Floresta-Brisa en Bajirá. Los hemos acompañado en formación con seminarios de paz, muchos de ellos se certificaron. Desde que llegaron el párroco de Bajirá ha sido muy cercano. También hicimos campañas con ellos, en Brisa tuvieron la visita del Nuncio Apostólico. En San José de León a través de la fundación de la diócesis los apoyamos con un profesor para la escuela y se ha hecho con ellos agendas de formación y capacitación, ahora queremos llevarles un proyecto que se llama “Futbol y deporte con valores”.

¿Cómo ve este proceso de reincorporación?

Vemos como muy positivo todo lo que han logrado los reincorporados en San José de León. Ellos mismos tomaron la iniciativa, ellos compraron la tierra y la están desarrollando, la alcaldía ha venido colaborándoles, pero la gobernación les ha incumplido con las tierras. Es decir, han crecido porque ellos mismos son los gestores de ese desarrollo, son un modelo de lo que debe ser la reinserción. Falta que la institucionalidad los acompañe más, sé que la policía y el ejército los han apoyado y los protegen, pero esta comunidad empresarial todavía los ve con mucho recelo, pero poco a poco van ganándole la pelea a la indiferencia: las comunidades vecinas los asumieron con parte de ellos, hay una integración muy bonita.

¿Y en Brisas?

En el ETCR de la Floresta-Brisa no ha sido tan bueno porque no han conseguido tierra propia y lo que tienen para producir es muy poco, entonces por eso ha habido deserción en ese espacio. Ellos se sostienen y se mantienen en su voluntad, la comunidad ha tomado la iniciativa y les ha dicho “nosotros les damos sesenta hectáreas pa’ que las trabajen”, no sé hasta donde han logrado hacerlo. Ese ETCR necesita una mano amiga. Sin embargo, la permanencia de ellos ahí y la integración con la comunidad me parece que ya es una experiencia que se está consolidando, a pesar del peligro que viven porque están rodeados de paramilitares. Ojalá el Gobierno cumpla con entregarles tierras, que es lo que necesitan, no ha habido el más mínimo interés por eso. Si uno viera un poco más de voluntad política de parte del Estado podrían entregarles las fincas confiscadas a narcotraficantes que hay en la región, ¿por qué no pensar en una finca para esta gente y que la monten? Falta voluntad política y eso es un tema de Estado.

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Camilo Alzate

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