“No podemos enterrar todos los días a un colombiano”: Carlos Alfonso Negret

Desde el pasado lunes hasta el sábado, el defensor del Pueblo recorrió por trochas y ríos algunas poblaciones de Arauca, Vichada y Casanare. / Óscar Pérez – El Espectador

Durante su recorrido por Arauca, Vichada y Casanare, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, recibió la noticia de las dos masacres en el norte del Cauca, con un balance de nueve indígenas asesinados, y la estrategia del Gobierno de 2.500 uniformados para reforzar la seguridad en la zona. El Espectador acompañó la misión por algunos territorios de los Llanos y le preguntó sobre la grave situación en el departamento del Cauca. 

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¿Cómo explicarles a los ciudadanos lo que está pasando en el Cauca?

Desde el mes de febrero nosotros visibilizamos la situación que se venía viviendo en Cauca. El 10 de agosto cité una a reunión en Santander de Quilichao con la comunidad indígena y los afros, y ahí, llegando a Santander, nos dimos cuenta de la masacre de El Tierrero. Ahí estuvimos, hicimos una reunión y ese mismo día subimos a hablar con la comunidad, a pesar de que nos habían dicho que no subiéramos porque estaba minado. Llegamos a darle las condolencias a la comunidad. Desde hace tres semanas vengo trabajando con un mecanismo que hemos denominado “Carpa blanca”, para reunirnos y atender cualquier requerimiento, y desde esa fecha nos reunimos en las oficinas de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y les pregunté si las autoridades indígenas aceptaban la “Carpa blanca”.

Puntualmente, ¿cuáles son los factores de violencia que están en esa región?

Ahí hay una guerra por el control territorial de dos negocios. En las zonas pegadas a la cordillera hay cultivos de uso ilícito, de hoja de coca y de marihuana. Del otro lado hay minería ilegal, y por eso los grupos armados quieren controlar ese negocio lucrativo. El secuestro y la extorsión están en niveles muy bajos, pero todo ese negocio es más importante que cualquier otra cosa. Me preocupan las declaraciones de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez,  y Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional. Hay que sentarse a escuchar a las comunidades para  saber cómo coordinamos la entrada de la ONU, Gobernación del Cauca, alcaldes, Procuraduría, Congreso. La figura de la “Carpa blanca” no tiene otro fin que evitar el asesinato de personas en el norte del Cauca.

Veíamos en las últimas horas un comunicado de las disidencias de Farc que decía que los cultivos legales estaban muy baratos y no daban para subsistir, y que lo único rentable era el cultivo de drogas...

Pero es ilegal, por eso hemos hablado desde la Defensoría de que debe haber garantías de producción. Cuando usted va a esas zonas, en la puerta de la casa les compran la hoja de coca. Nosotros tenemos que tener la inteligencia para que haya esas garantías, y si alguien produce piña, café o uchuva, ahí mismo se lo compren, porque la gente no va a dejarse morir de hambre. El negocio no es del que tiene una hectárea sembrada de coca, sino los que tienen muchas. Ante esa complejidad, el Gobierno debe lograr un modelo económico que permita que los productos sean comprados. 

¿Cuál es la posición de la Defensoría frente a la propuesta de militarizar el Cauca?

Esto es un negocio que debe parar el Ejército y la Policía. En el Cauca hay una fuerza Apolo, con batallones de montaña que tienen hoy 2.000 hombres. Esa fuerza tuvo 5.700 hombres. Entonces, el Gobierno no está haciendo nada distinto de volver a poner la tropa que había antes, no para perseguir a los ciudadanos, en mi concepto, sino para controlar ese negocio, porque con los 2.000 no alcanza para controlar la cantidad de marihuana creepy y cocaína que bajan de las montañas del Cauca. La militarización per se no es ni buena ni mala, pero esta debe llegar con inversión social. 

Se han hecho alertas tempranas, se avisó, por ejemplo, lo de Karina García, en Suárez. ¿Cree que el Gobierno no está atendiendo las alertas de la Defensoría?

El Gobierno atiende las recomendaciones que hacemos, pero desafortunadamente no alcanza a cubrir todas puntualmente. Necesitamos en los organismos mayor inteligencia para saber quiénes están detrás del asesinato de estos ciudadanos, no podemos enterrar todos los días a un colombiano. 

¿Considera que el Gobierno es más reaccionario que preventivo en toda esta situación del Cauca?

El problema del Cauca no es de ahora. El Gobierno necesita actuar con mayor rapidez y aspiramos, como Defensoría, que la llegada de tropa y la inversión, en estas zonas de conflicto que han sido amparadas por el Acuerdo de Paz, tengan la inversión requerida para que esto no vuelva a pasar. Vamos a cumplir tres años de la firma del Acuerdo y la gente se quedó esperando los proyectos productivos. Se requiere, y hemos sido reiterativos, inversión social.

¿Cuál es el balance de la última misión por Arauca, Vichada y Casanare?

Es positivo porque escuchamos a las personas, nos llevamos mucho trabajo. En esta zona la problemática principal son las vías, si se soluciona es, como mucha gente nos los dijo, los temas de salud, educación, el campo, sacar el ganado, las cosechas, todo será más fácil. Mientras no tengamos vías en Arauca, Vichada y Casanare, va ser muy difícil que aquí llegue el progreso. Y si no llega el progreso, esta zona seguriá siendo un nido para el cultivo de grupos irregulares, como AUC, disidencias de las Farc, Eln. 

¿Qué pasará con toda la información que se pudo recolectar en el campo?

Se lo llevaremos al Gobierno Nacional. Lo que encontramos aquí en Yopal, por ejemplo, es que hay unos negocios con la necesidad de la gente en lo que tiene que ver con la vivienda digna. hay que hacer un gran llamado para que la gente no siga accediendo a viviendas sin servicios públicos. La gente lo hace porque quiere evitarse el pago de arrendamiento, pero estamos plagados de asentamientos sobre los que no sabemos cuándo el gobierno local les brindará todos los servicios. 

Con este tema de vías, mencionó varias veces que le gustaría tener la orden de gastos sobre el Ministerio de Transporte, por ejemplo, para destinar recursos... ¿Cuál es la incidencia real que tendrá?

Hay que ponerlo en contexto. Le vamos a contar el Gobierno lo que hemos vivido, cómo fue la trocha, por ejemplo, que recorrimos desde Orocué a Yopal. Le vamos a preguntar al Gobierno cuánto hay para invertir en esa vía, que es prioritaria. Lógicamente quisiera tener el instrumento de presupuesto que puede tener la ministra de Transporte y el director del Invías para invertir en su mejoramiento. ¿Se imagina la esa vía o la de Arauca-Cravo Norte pavimentada? Incluso la gente, por necesidad, no pide ni el pavimento, sino que le hagan un "lomo de perro", que es una vía más angosta. La gente lo que necesita es una oportunidad para transitar tranquilamente. 

Sin embargo, lo que vimos tampoco es nuevo. De esos problemas se vienen escuchando desde hace mucho, el Acuerdo de Paz contempla muchas obras de vías terciarias. ¿Por qué ha sido tan difícil con los gobiernos?

Estos municipios tienen algo adicional y es que son petroleros, es decir, han tenido recursos por décadas para invertir en la vía. El Acuerdo de Paz se dio para priorizar algunos municipios. Nosotros aspiramos que en el presupuesto de 2020, con la oficina de Emilio Archila, se siga con la tarea de hacer inversiones. Cuando se hizo el proceso de paz no era que las Farc dejaban las armas y se acababa, no, nosotros teníamos que ir las zonas vulnerables donde estaba las Farc y hoy están otros grupos para visibilizar que no hay colegios, no hay vías y el resto de falencias. 

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