Piden al presidente Duque convocar de inmediato la Comisión Nacional de Garantías

La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el Acuerdo de Paz, debe contar mensualmente con la presencia del presidente Iván Duque.

En 38 meses de gobierno del presidente Iván Duque, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, órgano creado por el Acuerdo de Paz para desmantelar los grupos herederos del paramilitarismo y que debería sesionar una vez al mes, solo se ha reunido en seis ocasiones. Y, según los miembros de la sociedad civil y plataformas de Derechos Humanos en esa comisión, en ninguno de esos encuentros ha abordado la política pública para el desmantelamiento de esos grupos, que es en realidad su objetivo.

Por eso, este lunes los representantes de las plataformas de DD.HH. y la sociedad civil en ese órgano le enviaron una misiva al presidente Duque y al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en la que les piden convocar de forma inmediata a esa comisión, encabezada por el propio presidente de la República. En el documento, llaman la atención sobre el hecho de que la crisis humanitaria en varias regiones del país es ya insostenible, y en particular, lo que sucede con los asesinatos de excombatientes de las Farc. Sólo en las últimas dos semanas, han sido asesinados a siete de ellos.

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“Han continuado las amenazas de muerte, la estigmatización y el asesinato de líderes y personas defensoras de derechos humanos; la ola de violencia armada ha multiplicado el desplazamiento y confinamiento de comunidades étnicas en varias regiones del país. De la misma manera se han multiplicado las agresiones a la población civil en áreas de economía de la coca y de influencia del narcotráfico, minería ilegal y megaproyectos que disputan territorio a comunidades étnicas y campesinas”, se lee en el documento. Allí se alerta en particular por lo que ocurre en Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Córdoba, Meta y Caquetá.

En el mismo documento piden que la comisión actúe respecto a la que llamaron detención irregular, por parte de la Fuerza Pública, de varios dirigentes campesinos de la coordinación Pupsoc Marcha Patriótica, en el Cauca. En particular, se refirieron a los casos ocurridos en Páez, de Juan Clímico Guachime, Jaime Sánchez, Consuelo Sun y Mardy Sun, entre el 22 y 23 de abril pasados.

Y a lo anterior le suman en la misiva las declaraciones que la canciller, Claudia Blum, entregó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según las cuales debe considerarse a las disidencias de las Farc como un incumplimiento de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político. “Dicha declaración deber ser objeto de análisis por parte de la CNGS, para lo cual es indispensable una explicación previa y detallada por parte del Gobierno acerca del fundamento que tenga para hacer dicha afirmación, y la manera como ello incide en la política pública y criminal de desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra las y los defensores de derechos humanos, líderes sociales y personas que participen en la implementación de los Acuerdos y construcción de la paz”.

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El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, ha dicho que esa comisión ha sesionado con mayor frecuencia a lo que reclaman los miembros de la sociedad civil y recientemente entregó los lineamientos de la política pública de desmantelamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ello pues esa justicia así se lo había ordenado en medio del trámite que adelanta de medidas cautelares para los excombatientes.

De hecho, en el documento se reconoce que ante el requerimiento de la JEP se han realizado reuniones de comisiones técnicas y dos sesiones de la comisión para evaluar los avances en la construcción de esos lineamientos. Sobre lo señalado por el Gobierno en relación con las sesiones convocadas de la comisión, la misiva dice que “se ha pretendido sustituir el funcionamiento regular de la comisión por reuniones de trabajo de la secretaría técnica, delegadas a funcionarios sin capacidad de decidir sobre asunto alguno”.

En la misiva, firmada por Franklin Castañeda, Gustavo Gallón, Camilo González, Jaime Caycedo, Rosa Emilia Salamanca, Linda Cabrera Cifuentes, Armando Valbuena Wouriyú y Marino Córdoba, piden que a las reuniones de abril, mayo y junio asistan todos los integrantes de la comisión y desde allí se pueda responder a la situación que atraviesan los excombatientes de las Farc, líderes sociales y comunidades rurales.

Esta misiva se suma al pronunciamiento este mismo lunes del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, en el que llamó la atención por los asesinatos de excombatientes y por la situación que atraviesa el departamento del Cauca. “Ante esta preocupante situación, es de la mayor importancia asegurar la presencia integral de la institucionalidad en los territorios, incluyendo de las personerías que tienen la responsabilidad de la promoción y protección de los derechos humanos”, dijeron las agencias de la ONU.