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Guachal está muy lejos de las oficinas donde se dictan las leyes y definen presupuestos. En Guachal hay dos docenas de casas y un par de trapiches rústicos que se levantan sobre una pequeña explanada que las protege de las inundaciones del Copomá, un río traslúcido que vierte sus aguas al San Juan. Uno de los trapiches está averiado, según cuenta el líder local Álvaro Granados, el otro funciona a duras penas cuando hay combustible para encender el motor. En este pequeño y remoto caserío del sur del Chocó las comunidades han formulado un proyecto piloto de producción de derivados de la caña con el que buscan abandonar los cultivos de coca, que tanto daño han traído a sus territorios.
“Hemos pedido proyectos encaminados a comercialización de arroz, porque en la región se da mucho el arroz. Nuestra proyección es colocar un molino en Cucurrupí para que abarque a todas las comunidades, tener la maquinaria suficiente: secadora, empacadora, y así tener nuestra propia marca” aclara Elizabeth Moreno Barco, representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan. “Y en Guachal se hizo un piloto con los derivados de la caña: para sacar el viche, la miel, que podamos patentar esos productos. Somos cultivadores de coca ¿por qué? Porque no tenemos otra opción” concluye Moreno.
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En Guachal sueñan con sostenerse a partir de la caña, en Cucurrupí quieren tener su propia marca de arroz y en el medio San Juan la gente anhela vivir de las siembras de achiote que han emprendido con recursos propios de las organizaciones locales. Todos estos proyectos comparten un propósito común con otros similares a lo largo de miles de poblaciones y veredas en 170 municipios del país: se formularon y articularon en función de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (más conocidos como PDET) que surgieron como parte de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno colombiano.
En su sentido original los PDET contemplaban una ambiciosa estrategia de alianzas e inversiones durante diez años con la promesa de transformar los municipios y regiones más golpeados por el conflicto armado. En esa vía se diseñaron 16 grandes planes en igual número de subregiones que abarcan 170 municipios donde, además de la guerra, han confluido factores históricos como mayores índices de pobreza, débil presencia institucional, y cultivos de uso ilícito u otras economías ilegales. En otras palabras, los PDET debían convertirse en la estrategia institucional para erradicar las causas estructurales de la violencia, por eso son la parte más costosa y ambiciosa de la implementación de los acuerdos de paz.
Pero según el último informe del Instituto Kroc, la organización que monitorea los avances en la implementación del acuerdo de paz, hay incertidumbre en cuanto a la financiación de los proyectos y retrasos en su formulación e implementación. Hasta el momento se ha llevado a cabo la “firma de los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR). A lo largo del proceso han asistido 147.515 personas” señala el Instituto en su último informe publicado a comienzos de 2019.
Es por ello por lo que Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó en su informe al Consejo de Seguridad de la ONU, el 10 de octubre pasado, que “en la coyuntura actual, es más importante que nunca acelerar y profundizar la implementación del Acuerdo de Paz en su conjunto”.
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No obstante, lo logrado hasta el momento es considerado como un gran avance. David Huey, representante del Instituto Kroc en Colombia, asegura que ha significado “una movilización sin precedentes entre el Estado y las comunidades, han participado cerca de 200.000 personas en ese ejercicio con más de 33.000 iniciativas consignadas en los 16 planes de acción. Ahora lo que falta es plasmar eso en hojas de ruta de viabilización y priorización”. David Huey señala, a pesar del optimismo, que existen riesgos: “son zonas que han sido golpeadas por décadas de conflicto armado y realmente no han tenido ningún desarrollo. Esto no es reconstrucción sino construcción, el mayor obstáculo es que los procesos estatales toman tiempo y la gente espera resultados rápidos”.
Desde las regiones también hay múltiples actores que valoran y respaldan este proceso. “Las comunidades acogieron este proceso a la luz de lo que se avanzó en los acuerdos de paz de La Habana. Ven este ejercicio como algo importante porque les permite participar en la planeación de sus territorios y generar propuestas que nazcan fruto de su trabajo, de su observación, de su día a día, lo que ellos consideran necesario” asegura Emilse Romero Álvarez, subdirectora de la Pastoral Social de Palmira, quién actualmente acompaña a varias comunidades campesinas de Florida y Pradera (Valle del Cauca) en la formulación de proyectos específicos para el PDET de la subregión del Alto Patía y Norte del Cauca.
En la vereda La Diana de Florida, por ejemplo, la comunidad le apuesta a una iniciativa de turismo agroecológico compartido, con un enfoque solidario y de sostenibilidad. “Evidentemente, no están garantizados los recursos desde las administraciones locales” apunta Emilse Romero, por ello es necesaria “gran voluntad desde lo nacional, lo regional y lo local. Hay mucha esperanza de que se desarrollen las cosas como se plantearon” agrega, mientras destaca que los beneficios de la paz ya son una realidad en la región: “la mitigación en temas de violencia fue grande en la zona rural de Florida y Pradera, disminuyeron los secuestros, las tomas, pero se mantienen las amenazas a líderes y líderesas, eso puede seguir generando ruido en la lógica de la implementación” concluye.
Y aunque en algunos lugares, como en el caso citado de Florida y Pradera, ya se ha incursionado en la formulación de proyectos locales, el panorama no es igual para todo el país. Hasta el momento se ha consolidado la formulación de los planes regionales y municipales. Pero falta arrancar la implementación, que necesita recursos y voluntad política del Estado. “Otros actores más ágiles que el Estado están ofreciendo apoyo para ayudar a construir confianza” señala David Huey. Este ha sido el caso de la Fundación Buffet que ya donó 46 millones de dólares en una iniciativa articulada al PDET de Catatumbo para el mejoramiento de las vías rurales y la infraestructura local.
A pesar de los retrasos, las dilaciones y la desconfianza histórica hacia el Estado, en términos generales las comunidades han cifrado sus esperanzas en este proceso y confían en que pueda llevarse a cabo. “Desarrollamos toda la metodología como lo mandaba el acuerdo, todo está formulado y aprobado ya por los alcaldes del Chocó. Hay propuestas de mejorar seguridad alimentaria, el saneamiento básico y agua potable, las energías renovables” explica el sacerdote Albeiro Parra, uno de los animadores de este proceso en el departamento del Chocó, “las comunidades están esperando lo que siempre han esperado: que los proyectos se den”.
En medio de la crisis generada por el COVID-19 resulta más urgente que nunca comenzar la implementación de los PDET, que podrían convertirse en la oportunidad del Estado para dinamizar y soportar la economía en las zonas rurales más golpeadas por el conflicto y la desigualdad y que sean más autosostenibles, en tiempos en que los recursos escasean en las ciudades. El gobierno nacional ya empezó a tomar medidas en ese sentido con el decreto 434 del 19 de marzo, ampliando plazos hasta junio para la renovación de matrículas y registros para organizaciones, asociaciones y microempresarios que trabajan en el marco de los PDET.
Muy lejos de donde se toman las decisiones hay un pueblo llamado Guachal, a orillas del río Copomá, en el Chocó profundo. Allí permanecen dos modestos trapiches que no funcionan, uno porque está averiado y otro porque le falta combustible. Tal vez la verdadera paz sea conseguir que ambos trapiches comiencen a funcionar.
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