“Pudo haber sido una masacre”: Francia Márquez

El sábado, hombres armados abrieron fuego contra varios líderes que estaban reunidos en la vereda Lomitas, de Santander de Quilichao, entre los que estaba Francia Márquez, ganadora en 2018 del Premio Goldman. Exigen el refuerzo de los esquemas individuales y colectivos de protección.

Francia Márquez resultó ilesa del atentado, pero uno de sus escoltas terminó herido, quien fue trasladado a un hospital de Santander de Quilichao. / Goldman Environmental Prize

El 24 de abril de 2018, la fotografía de Francia Márquez Mina fue la portada de los periódicos en el país. El día anterior, la líder social del Cauca había sido galardonada con el Premio Goldman, considerado como el “Nobel del Medioambiente”, por la incansable lucha que lidera desde su territorio en contra de la minería ilegal y los intereses económicos reflejados en licencias mineras entregadas sin consulta previa. El reconocimiento, además, ratificaba su trabajo constante durante más de dos décadas a favor de la tierra, las mujeres y las comunidades negras. Un año y dos semanas después el nombre Márquez regresó a los medios, pero esta vez como víctima de un atentado que dejó a dos personas heridas, pero que pudo terminar convertido en una masacre.

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“Hola, buenas tardes, habla Francia Márquez. Les escribo porque hace más o menos media hora estábamos en una reunión y llegaron unas personas armadas (…), empezaron a disparar, tiraron una granada. A nosotros no nos pasó nada, gracias a Dios, pero tenemos a uno de mis escoltas y el de otro compañero heridos. Necesitamos que eleven esta situación a nivel nacional. Nosotros estamos acá en el norte del Cauca, en la comunidad de Lomitas, en una de las fincas de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc)”. Ese fue el mensaje de voz que llegó en la tarde del sábado y que dejó en evidencia que los esfuerzos por la protección de los líderes sociales en el país aún no son suficientes.

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Las versiones conocidas señalan que Márquez y más de una decena de líderes estaban reunidos desde las ocho de la mañana del sábado en la vereda de Lomitas, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, ultimando los detalles que llevarían a un encuentro con el Gobierno Nacional el próximo 8 de mayo. Sobre las 5:30 de la tarde, sujetos desconocidos llegaron al lugar y abrieron fuego. Por fortuna, además del de Márquez, estaban presentes los esquemas de seguridad de Víctor Hugo Moreno, consejero de Aconc, y Clemencia Carabalí, directora de la Asociación de Mujeres de Buenos Aires (Cauca), lo que evitó un desenlace peor. En el cruce de balas resultaron heridos Luis Alexánder Becerra Asprilla y Gildardo Ramírez, escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que fueron trasladados a un hospital de Quilichao. Las fotos que circularon tras el atentado dejaban ver los agujeros ocasionados a la camioneta en la que se transporta la lideresa.

La Fiscalía General informó, en la noche del sábado, que la investigación del atentado había quedado en manos de un fiscal de derechos humanos, con apoyo de la Policía Nacional. La Defensoría del Pueblo rechazó la acción violenta y exigió las garantías para que los defensores de derechos humanos puedan reunirse libremente y trabajar por sus comunidades. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien encabeza el Plan de Acción Oportuna (PAO), expresó en su cuenta de Twitter que se tomarán las medidas para proteger a los líderes sociales. La UNP aseguró que “los protegidos están a salvo y custodiados”. El presidente Iván Duque, sobre las 10 de la noche, informó que el Gobierno ya había activado los protocolos del PAO.

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Sin embargo, la sensación de zozobra se hace evidente en la voz de Francia Márquez. En diálogo con El Espectador, comentó que en la mañana de ayer recibió la llamada del ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien le consultó si era cierto que ella se había negado al reforzamiento del esquema de seguridad. “Eso no es cierto y no sé de dónde sacaron esa información. Le dije que, por el contrario, requería un refuerzo del esquema y que brindaran protección colectiva a las comunidades del norte del Cauca. Me dijo que estaban haciendo los mayores esfuerzos, pero que había cinco mil líderes que tenían protección y eso había que tenerlos en cuenta”, señala Márquez.

De no ser por la reacción de los hombres de la UNP, y de la casualidad de que otros líderes que estaban reunidos contaban con protección, Márquez expresa que “pudo haber sido una masacre que el país estuviera lamentando”. En todo caso, considera que la situación económica o técnica no se puede convertir en un obstáculo para salvaguardar la vida de los ciudadanos y que desde el Gobierno se deben empezar a fortalecer mecanismos comunitarios de la protección ante la insuficiencia de la institucionalidad (ver página 16). “Uno de esos es la guardia cimarrona. En 2014 presentamos un sistema de protección comunitaria al Gobierno Nacional y ya hay un compromiso para su fortalecimiento”, dice la lideresa caucana.

Otra de sus peticiones tiene que ver con la rotación de las personas de su esquema de seguridad, pues expresa no sentirse tranquila cuando, ante los días de descanso de sus escoltas principales, llegan funcionarios desconocidos de la UNP. “Queremos que se establezca un esquema en el que se roten los mismos y no tener que recibir personas que no sabemos quiénes son y así evitar riesgos”. Una situación preocupa aún más a Márquez: si bien ella y otros líderes cuentan con seguridad, son más los que están desprotegidos.

Lo ocurrido el sábado reafirma una realidad que es innegable. Cauca está bajo fuego y, junto con otros departamentos del suroccidente, la imposibilidad institucional para recuperar los territorios que antes ocupaban las extintas Farc sigue siendo un factor crucial que aprovechan los armados ilegales para tener a la población en la mitad de sus disputas. En Cauca, de acuerdo con los datos recolectados en el “Gran atlas del conflicto”, publicado por El Espectador, hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (Enl), el Ejército Popular de Liberación (Epl), las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y otros grupos armados, y es uno de los siete departamentos, después de Antioquia, Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Meta, en donde se han registrado más atentados en el país entre 2012 y 2018, con 204 en total.

La grave situación de ese departamento, en el que confluyen disidencias de las Farc y grupos como Guerrillas Unidas del Pacífico, La gente del orden y Los comuneros, también quedó registrada en una alerta temprana que había expedido la Defensoría en febrero de 2018. En ella se registró el recrudecimiento de la confrontación “en los municipios del norte del Cauca, como Miranda, Caloto, Corinto, Buenos Aries y Morales, así como en zonas limítrofes del sur del Valle del Cauca, como Jamundí, Pradera y Florida”.

 

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