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Las vidas de muchos niños y niñas en Colombia están marcadas por la falta de oportunidades. La precaria situación económica de muchas familias y la desigualdad generalizada truncan la posibilidad de los más pequeños de acceder a una educación de calidad y de vivir una vida en condiciones dignas.
Esta injusta situación, que se vive en todos los rincones de nuestro país, es aprovechada por grupos armados al margen de la ley y por estructuras del crimen organizado que, a través de engaños y coacción, obligan a niños y niñas a ingresar a sus filas y a realizar actividades ilícitas.
El reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una realidad en Colombia que, lejos de eliminarse, se ha reconfigurado en función de las nuevas dinámicas de la violencia armada.
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¡No podemos permitir que estos grupos sigan poniendo en juego el futuro de niños y niñas! Como Estado y sociedad tenemos una importante responsabilidad en la prevención del reclutamiento, no solo frente a la investigación y juzgamiento de los responsables de este crimen, sino también en el aseguramiento de condiciones mínimas para garantizar el desarrollo integral de todos los niños y niñas que habitan el territorio nacional.
Como Defensor del Pueblo, hago un llamado a la empatía frente a la muy difícil situación que enfrentan los niños y niñas que son reclutados, quienes muchas veces no tienen un camino diferente al que les han impuesto sus reclutadores. Ellos y ellas son víctimas y no victimarios; víctimas de una conducta que afecta gravemente sus derechos humanos. Ningún niño o niña decide de manera libre y voluntaria unirse a un grupo armado ilegal.
Me conmueve profundamente la situación de aquellos pequeños que son usados como escudos humanos. Estos grupos armados, de manera cobarde, usan a niños en los frentes de combate, en una clara afrenta a nuestra institucionalidad y al orden legal. Este tipo de “estrategias” contrarían las disposiciones más básicas del Derecho Internacional Humanitario y de los acuerdos fundamentales sobre los que se erige la comunidad internacional.
Los niños y niñas rurales, LGBTI, de pertenencia étnica, los que habitan en zonas urbanas marginadas y, más recientemente, los niños migrantes, están expuestos a riesgos particulares de reclutamiento forzado, pues sus condiciones específicas los hacen especialmente vulnerables a las acciones de los grupos armados.
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El actual contexto de nuestro país plantea retos para la protección de la infancia. La pandemia generada por el COVID-19 y las medidas de cierre de colegios y virtualización de las clases han aumentado las cifras de reclutamiento forzado. Las aulas de clase, para muchos niños y niñas, son la única garantía de protección frente al reclutamiento.
Hago un llamado a los gobiernos nacional, departamentales y municipales para que implementen con prontitud, siempre que la situación de contagios lo permita, un plan de alternancia y de retorno a colegios bioseguros que permita la plena realización de los derechos de niños y niñas. Es nuestra responsabilidad colectiva abordar los efectos diferenciados que ha tenido la pandemia en niños y niñas.
Como Defensor del Pueblo, he hecho un compromiso con la defensa de los derechos de todos los colombianos y colombianas. El pasado 13 de febrero, con la firme convicción de que es necesario luchar contra los horrores del reclutamiento forzado, la Defensoría del Pueblo lanzó la “Estrategia Defensorial contra el Reclutamiento Forzado de niños, niñas y adolescentes”, una apuesta institucional para luchar contra este crimen a través de la prevención de casos de reclutamiento y en análisis de las causas y dinámicas de esta conducta.
Es necesario que de manera conjunta adoptemos soluciones a esta problemática. No permitiremos que la violencia se siga llevando a los niños y niñas de Colombia y la posibilidad de vivir en un país en paz.