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Cuando Deyler Escalante empezó a trabajar en la radio comunitaria en el municipio de Tame (Arauca), a finales de la década de 1990, los cilindros bomba eran noticia todos los días. La emisora en la que trabajaba quedaba justo al frente de la estación de Policía del municipio y por eso más de uno de esos artefactos explosivos cayó cerca al estudio donde él estaba al frente del máster.
De hecho, cuenta, pudo ingresar a la radio porque en ese momento no había muchos que después de las 6 de la tarde manejaran el máster y en su afán por entrar a las cabinas fue de los pocos que se arriesgó. Su trabajo en la comunicación comunitaria lo hizo blanco de constantes amenazas durante la época de la violencia paramilitar en la región. “Uno tenía que averiguar muy bien a quién le enviaba mensajes a través de la emisora. Una vez me llegó una nota que, si seguía complaciendo a equis persona, iba a amanecer con la boca llena de moscas”, cuenta.
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Fernando Jaramillo, también trabajador de la radio comunitaria, fue por su parte víctima de la violencia en tiempos más recientes. Estando al frente de la emisora Manantial Estéreo del municipio de Convención, en la subregión del Catatumbo (Norte de Santander), sintió el impacto de la violencia en los primeros meses de 2018.
Luego de varias llamadas amenazantes, se vio obligado a leer a través de su emisora un comunicado del Epl en el que le declaraba la guerra en esa región al Eln. Un comunicado que tuvieron que leer muchas otras emisoras de la zona. Se trató de una disputa armada que azotó al Catatumbo durante todo el año 2018 y cuyas consecuencias se sienten aún hoy.
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Como ellos, en los territorios más afectados por la violencia los comunicadores comunitarios se convirtieron en testigos del horror. Sin embargo, han visto también nacer iniciativas de construcción de paz locales, de las que en muchas ocasiones han sido, de hecho, los protagonistas.
Una de ellas empezó a tomar forma en agosto de 2018, cuando empezaron a juntarse para construir una red nacional de comunicadores comunitarios. Se trata de una iniciativa liderada por la Agencia de Renovación del territorio (ART) que busca capacitar a reporteros locales en diferentes plataformas para que sean ellos los que cuenten la transformación de sus territorios hacia la paz.
La estrategia tiene un propósito claro. Que los reporteros comunitarios se conviertan en los responsables de monitorear la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que estipuló el Acuerdo Final de La Habana para acelerar el desarrollo rural en 170 municipios – agrupados en 16 regiones – priorizados por haber sufrido de manera especial las consecuencias del conflicto armado.
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El proyecto inició su primera fase en agosto del año pasado con más de 600 reporteros de los municipios de las regiones PDET de Arauca, Putumayo y Norte de Santander que recibieron capacitaciones en radio y en formulación y gestión de proyectos. De ese proceso surgió la Red de Reporteros Comunitarios de Colombia, con una página en Facebook en la que han venido publicando sus trabajos desde los distintos territorios involucrados en la estrategia.
En enero de 2019 inició la segunda etapa de la iniciativa, en la que los reporteros vinieron a Bogotá a capacitarse en marketing digital, video y producción multimedia con el fin de narrar el proceso de implementación de las obras plasmadas en los PDET, cuyo proceso participativo ya culminó y se espera que se empiecen a ejecutar en las próximas semanas.
“Hay mucha expectativa en la región alrededor de la universidad rural, en tema de vías, en el sector de la salud, la gente está muy pendiente. Estamos esperando que despeguen, nuestra misión como reporteros es hacerles seguimiento, ver que todo eso se cumpla para que el Gobierno empiece a tener credibilidad entre la gente, porque aquí cuando piensan en Gobierno piensan en corrupción”, explica Escalante, quien desde Arauca integra la red de reporteros.
Aunque la violencia no se ha ido de su territorio, dice que ve lejos la violencia que sintió a principios de la década del 2000, y de la que pudo haber sido víctima, según se enteró años después. Tras la desmovilización paramilitar de 2005, uno de ellos le confesó entre cervezas que su nombre estuvo en la lista negra de la organización armada. Sin embargo, el veredicto nunca se cumplió.
Jaramillo integra la red de reporteros desde uno de los focos actuales de la violencia en el país: el Catatumbo. Sin embargo, dice, la implementación de los PDET ha estado en marcha y los habitantes de la región están empezando a creer en el proceso, teniendo en cuenta que es una de las regiones en donde históricamente ha habido menor presencia institucional. “Es la primera vez que estamos viendo la presencia del Estado en el territorio”, asegura.
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Escalante y Jaramillo son claros en marcar distancia con la ART. Aunque es una iniciativa promovida por una agencia estatal, aseguran que en ningún momento la red de reporteros servirá de canal de difusión para dicha entidad. "En el momento en que haya incumplimiento ahí estaremos para denunciarlo", dice Jaramillo.
Para Escalante, una garantía de la transparencia de la información es el vínculo que se ha construido durante años con la comunidad. "No denunciar incumplimientos generaría una desconfianza con el canal de comunicación que ha estado abierto. Además, si estamos muy alineados con los intereses del Gobierno podemos convertirnos en blanco también de los actores armados".