Balance a dos años del desarme de las Farc

“‘Santrich’ es un pésimo ejemplo que nadie está siguendo”: Emilio Archila

El alto consejero para la Estabilización asegura que la reincorporación de excombatientes va a un ritmo fenomenal y llama a los empresarios a vincularse al proceso ofreciendo más mercados para sus productos.

Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, dice que alcaldes vecinos a los espacios de reincorporación quieren que los excombatientes se queden. / Cristian Garavito - El Espectador.

La primera frase que suelta el consejero Emilio Archila cuando se le pregunta por el estado actual del proceso de reincorporación es un dato que está en el más reciente censo de exguerrilleros de las Farc que dejaron sus armas hace dos años, tras la firma del Acuerdo Final: el 75 % de los excombatientes ven su propio futuro con optimismo. Y recalca con una exclamación que esa cifra está por encima del nivel de optimismo del país.

El alto consejero para la estabilización se ha convertido en el pararrayos de los críticos del gobierno y, en algunas ocasiones, del nuevo partido Farc, por lo que consideran lento avance en este punto del acuerdo. “Es una cuestión de percepciones”, dice cuando se le citan declaraciones, estudios y análisis que señalan las falencias del Estado en este proceso. En esta conversación, previa al encuentro que realizará Colombia 2020 mañana para hacer un balance de la reincorporación, Archila asegura que el Gobierno está tratando de mantener en los excombatientes el entusiasmo de volver a la vida civil.

Su balance

En 10 meses logramos muchísimo más que en los 20 meses anteriores. Tenemos una planeación robusta, hemos mantenido y fortalecido la cooperación internacional. El presidente Duque ha estado en Europa y en Estados Unidos y en ambos escenarios ha logrado que el proceso de paz con legalidad genere confianza y que ocurran dos cosas: que se incrementen las cifras de apoyo y que esos apoyos estén alineados con la forma como el Gobierno ve la implementación. Por ejemplo, el Peace Building Fund tiene tres millones de dólares y las prioridades son las que determinó el gobierno: proyectos productivos, fortalecer el componente de mujeres y el del cuidado de los niños. Logramos, con nuestros lineamientos, que tres unidades de Naciones Unidades trabajaran coordinadamente.

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Son muchas las críticas sobre el lento avance de la implementación, lo dicen los excombatientes, los estudios como el de la Fundación Ideas para la Paz, hasta los obispos católicos, ¿qué decir?

Recibimos dos proyectos productivos aprobados y tenemos 24. Y para poner esta cifra en su dimensión, hay que entender que un proyecto productivo es una empresa completa. Significa que hemos creado una empresa cada 15 días y la ruta de aquí en adelante es más ambiciosa. A 10 mil familias les armamos empresas completas, con estudios de mercado, con provisiones, con proveedores. Tienen el mismo estándar de los emprendedores naranja, gracias a un convenio que hicimos con iNNpulsa (programa gubernamental de fomento a la innovación y el emprendimiento). Recibimos cero proyectos individuales y ahora tenemos 216 proyectos que benefician a 249 excombatientes. Con el censo sabemos cuántos quieren proyectos individuales y cuántos colectivos, y tenemos un cronograma de aquí a diciembre para aprobar. Gracias a un acuerdo con el Sena se está dando capacitación a aquellos que quieren estar empleados.

Los excombatientes dicen que el Estado es demorado, que ellos mismos han tenido que gestionar sus proyectos y que funcionan porque la comunidad internacional los apoya.

Eso no es así. La comunidad internacional no llegó porque el Estado no funciona; la comunidad internacional llegó porque yo la llamé. Siempre se pensó que para que entrara debía haber una articulación guiada por el Estado. Cuando fui a Europa no me dijeron “usted está fracasando y le pongo más plata”. Así conseguimos 20 millones de euros más, que quedaron en los mismos lineamientos.

Usted ya anunció que la alimentación, la renta mensual y la atención en salud se extenderán más allá del 15 de agosto, fecha en la que termina la figura jurídica de los Espacios Territoriales de Capacitación.Los excombatientes reclaman tierras para vivienda y para proyectos productivos. ¿Qué decirles?

En los Acuerdos no está previsto ese punto, pero entendemos que se necesita, por eso incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo que los bienes de extinción de dominio sean entregados para ese fin. Tenemos la instrucción del presidente de trabajar para brindar soluciones de vivienda, pero hay que entender las dimensiones: entre mejoramientos y viviendas nuevas, son cerca de 10.500. ¡Es mucho! Estamos trabajando con los ministerios de Agricultura y Vivienda; esperamos entregar algunos cientos este año y tener una planeación más larga para los siguientes.

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¿Cómo va la evaluación de permanencia de los ETCR?

Hicimos un estudio mirando aspectos como conectividad, estado legal del terreno, seguridad y la posibilidad de incorporarlos al ordenamiento territorial. Con base en ese análisis sugerimos que de 24 espacios, 13 se quedaran y 11 se desplazaran. Para esos 11 ya tenemos terrenos, en lugares cercanos a donde están y en mejores condiciones. Compartimos eso con los alcaldes y todos dijeron que querían que se quedaran. Ahora estamos yendo uno a uno para explicar por qué creemos que se deben mantener o por qué mover. Por ejemplo, el alcalde de Tibú quiere que se mantenga el espacio, consiguieron un lote para moverse cerca y seguir con su proyecto de ganadería.

¿Y el tratamiento legal a futuro?

El compromiso es darles tratamiento de asentamientos definitivos. Eso se puede demorar año y medio, porque estamos hablando de llegar con carreteras, electricidad, acueducto, alcantarillado e internet a 24 lugares que no siempre están en las mejores ubicaciones. Le introdujimos además el tema del cuidado de los niños.

Un tema pendiente es la vinculación del sector empresarial para apoyar con mercados a los excombatientes.

Pastor Alape dijo que yo molestaba mucho porque metimos a iNNpulsa, pero se hizo para bajarles el nivel de riesgo a los proyectos, para que tengan probabilidades razonables de éxito. El presidente llevó a empresarios a los ETCR y nos dio la directriz de vincular más. Hay un trabajo por hacer.

Su mensaje para los empresarios

Necesitamos que apoyen la comercialización de los productos.

¿Cómo es el apoyo para los excombatientes que están en las ciudades?

La política de apoyo es para todos, con pensión, vinculación al sistema de salud, cobertura de proyectos productivos. Le doy un ejemplo, uno de los proyectos es un restaurante en Chapinero, en Bogotá.

¿Qué mensaje darle al país en este momento político, cuando pareciera que “Santrich” incumplió?

Santrich es un pésimo ejemplo que no está siguiendo nadie. Hay más de 10 mil excombatientes que están respondiéndole al país y a la justicia.

La seguridad para los excombatientes

El presidente ha sido explícito en que tenemos que proteger a los excombatientes. Hay unos 3.000 en los ETCR, y allí la seguridad ha funcionado, pero más de 8.000 están repartidos por todo el país y no tenemos la obligación ni el derecho de hacerles un seguimiento. La Fiscalía dice que el 70 % de ellos han sido asesinados en zonas donde hay combates territoriales por rutas de narcotráfico, casi la totalidad han sido asesinados por narcotraficantes, los primeros son las disidencias, después Eln, Caparrapos, Clan del Golfo, Puntilleros y Pelusos. La mayoría ha muerto en condiciones en las que ningún esquema de protección hubiera sido suficiente. En el tema de protección están el Ejército, dos cuerpos especiales de Policía; el presidente pidió que se vinculara el alto comisionado para la paz, la agencia de inteligencia y el Defensor del Pueblo.

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Adoptamos más de 20 medidas, entre las que están 25 nuevos investigadores para la policía, la reubicación de fiscales, y en el caso de las amenazas, se llevan a una mesa técnica distinta de la UNP que presido yo, la valoración de riesgos la hacen excombatientes capacitados. La Fiscalía tiene un 50 % más de efectividad que en otros casos, el Estado está respondiendo.

En el caso de Dimar Torres, hay que decir que eso no debió haber pasado nunca, no corresponde a ninguna indicación del Gobierno ni una entidad del Estado, no hubo algo que lo hubiera incentivado. El día que sucedió, yo estuve en Norte de Santander, al día siguiente llegó el Inspector General del Ejército, al día siguiente llegó la fiscal Mancera. La persona que presuntamente cometió el crimen está en la cárcel investigado; a un superior que supuestamente ayudó a encubrir, lo están investigando y lo sacaron del Ejército. La reacción del Estado fue contundente.

Se habla del esclarecimiento en el 50 % de los casos, pero de los 108 asesinatos reconocidos por el Cuerpo Élite, apenas 13 están en etapa de juicio, eso no muestra esclarecimiento.

Depende de los tiempos. Lo que hay que comparar es qué tan eficientes somos en estos casos, frente al promedio de combate al resto de crímenes.

Es muy difícil llegar a esas conclusiones cuando apenas 13 casos están en etapa de juicio.

Estas cifras son de la Fiscalía, no soy ente investigador.

¿Y la seguridad para candidatos de FARC en las próximas elecciones?

Habrá un esquema de protección especial para candidatos del partido FARC, montados sobre la información que ellos mismos dan. Y eso no fue por iniciativa de ellos, fue por iniciativa mía. El año pasado les dije que había que prever, no puedo esperar hasta que estén los candidatos, hay que diseñar y montar el esquema por anticipado y después hacer ajustes.

 

 

 

 

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