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En el acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Farc, más exactamente en el punto que trata sobre la implementación, se estableció un componente de verificación internacional, con dos instancias: la misión de verificación de Naciones Unidas y la Comisión de notables, representada por los expresidentes Felipe González y Pepe Mujica de Uruguay.
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Con el fin de mantener informado a estos notables sobre cómo va el pacto de paz, la Comisión de Seguimiento, impulso y verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI) acordó la creación de una secretaría técnica que le diera los insumos necesarios a estos expresidentes para su análisis y verificación.
Para este trabajo, la CSIVI designó al Centro de Estudios y Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac) y al Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), así como definió que sería el Instituto Kroc el encargado de hacer el seguimiento minucioso del acuerdo. En esta entrevista, Consuelo Corredor, vocera por el Cinep de esta secretaría técnica señala algunas de las preocupaciones que tienen sobre la implementación de lo acordado: reincorporación colectiva, participación política y justicia especial.
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¿Por qué cree que el trabajo de la Secretaría Técnica ha sido tan invisible?
La razón fundamental es que nuestra función principal es realizar unos informes trimestrales sobre la implementación del acuerdo y nuestros principales destinatarios son los expresidentes González y Mujica. A ellos les preparamos también los pronunciamientos. Los protagonistas realmente son ellos. Lo que se ha visto con el correr de los meses, porque nosotros iniciamos formalmente nuestro trabajo el 1 de noviembre del 2017, es la necesidad de compartir con muchos actores, también del orden nacional, regional y local, este esfuerzo y este conocimiento que nosotros estamos haciendo, y por eso, desde diciembre le solicitamos a la CSIVI que hiciéramos públicos estos informes. Aunque primero están en manos de los verificadores internacionales. Esa es la razón por la que hasta hace poco pusimos estos informes en nuestra página web.
Uno de estos informes es sobre el enfoque de género, ¿qué ha pasado con su implementación?
Hay que recordar que la incorporación de un enfoque de género en un acuerdo de paz es inédita en el mundo. Creemos que se ha avanzado de manera importante en varias normas, pero a la fecha hay una ausencia de políticas afirmativas que puedan aterrizar la normatividad con enfoque de género que ha salido de la implementación del acuerdo de paz.
¿Qué otros desafíos existen con relación a la implementación de lo acordado hoy?
Uno de los problemas más importantes es en materia de reincorporación, porque las personas y los excombatientes dejan las armas en un tiempo récord a siete meses de firmar el acuerdo y en el caso colombiano se entregaron más armas por combatiente que en otros procesos de paz internacionales. En nuestra opinión, y en la de otros analistas, es que en materia de reincorporación no se logró crear una infraestructura social, física y de oportunidades en los territorios que les muestre a los excombatientes que es posible que participen legalmente en la sociedad. Es decir, que valió la pena la dejación de armas. Hay espacios territoriales que no se acabaron ni siquiera de construir. Hay dos patas muy cojas de ese proceso, una es la participación política y otra, las oportunidades económicas en materia de proyectos productivos.
¿Por qué los proyectos productivos?
Porque, realmente son muy pocos los proyectos productivos de reincorporación que están financiados y están andando. Entonces estas personas no pueden estar indefinidamente en esos espacios de reincorporación. Y mientras los proyectos estén tan crudos la inestabilidad y la incertidumbre es lo que acompaña a los excombatientes.
En cuanto a la participación en política, ¿cuál es su diagnóstico?
Eso es algo sumamente complejo, porque la idea era que se iba a dar una reincorporación colectiva que les permitiera tener una base para seguir haciendo política. Esa era la diferencia con otros procesos de paz. Los numerosos inconvenientes que han tenido para este asunto contribuyen a esa incertidumbre y esa inestabilidad que tienen muchos excombatientes que dejaron las armas. Ahora, las modificaciones que se hicieron recientemente en el Congreso, por iniciativa del Centro Democrático, significan una alerta muy importante en materia de los acuerdos porque modifican la ecuación de la participación en política que se pactó en La Habana. Se está diciendo que hasta que sean juzgados por la JEP no pueden ocupar curules, cuando se definió que el sometimiento a la JEP sería simultáneo a la participación política. Eso es tan grave que el presidente Juan Manuel Santos ha explicado públicamente que el Gobierno se vio casi obligado a pasar estas cuestiones en la ley de procedimiento pero que espera que la Corte Constitucional las desestime en su revisión. Y no solo es ese tema sino también el de la sala especial para juzgar militares que fue aprobada y desbalancea el acuerdo.
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¿Cuál es el mayor problema de la reincorporación colectiva?
Creo que el mayor problema está en la formulación de proyectos, su trámite, apoyo y financiamiento. El punto que desde la secretaría técnica creemos que está más quedado es el de reforma rural. Y eso tiene explicaciones, algunas justificables y otras no.
¿Cuáles no se justifican?
El corazón del conflicto siempre ha sido la tierra, la informalidad y la tenencia, por eso fue el primer punto que se acordó teniendo en cuenta que esta era una guerrilla agraria. A nivel de la formulación se logró un acuerdo de tierras muy interesante, pero adoptar esos cambios significa una reformulación de las relaciones de poder de este país. Relaciones de poder políticas y económicas. Por eso sin un catastro multipropósito, por ejemplo, no podemos avanzar en la formalización de la tierra. Y sin eso el despojo puede seguir. Por eso es muy importante sentar las bases normativas para que eso avance, y eso es algo a lo que el Congreso se ha negado desde siempre. Son muchas dificultades las que hay en materia rural.
Parece que hay un sector de la sociedad que solo buscaba con el acuerdo que se dejaran las armas, pero no se ven tan entusiasmados con los demás compromisos…
Sí, esa es una visión que existe. Creen que como la guerrilla dejó las armas, los homicidios bajaron y se tuvieron las elecciones más pacíficas eso ya es suficiente, pero no. Hay unos compromisos de cambios y de reordenamiento de la sociedad que se necesitan para que la guerra no se recicle. Si bien el acuerdo es muy ambicioso, constituye una oportunidad real para avanzar en ampliar la ciudadanía y la democracia. No podemos echar marcha atrás.
Por lo que veo, cree que el panorama es grave..
Yo no diría grave, diría complejo. Y la opción democrática que se escogió hace más complicado ese panorama porque nos pone unas alertas de cómo vamos a seguir para cumplir con la implementación de los acuerdos de paz. El Gobierno saliente ha hecho muchas cosas, pero no todas han sido efectivas, como lo hemos visto con el asesinato de líderes sociales. Hay una serie de falencias que vienen del mismo proceso de implementación, como no copar por parte del Estado los territorios que las Farc dejaron. Así como las declaraciones del presidente electo no contribuyen a afianzar los acuerdos sino que crean un clima de incertidumbre sobre la continuidad de su implementación y esto sería un costo enorme para el país y, claro, para los reincoporados.
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¿Cuál es entonces su llamado desde la Secretaría Técnica?
El llamado es que hay que tomar con mucha responsabilidad el camino que se ha recorrido para seguir construyendo hacia delante, no podemos perder esta oportunidad. Si este país fracasa, ¿cuántos años de guerra podemos volver a tener?