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El general Álvaro Pico Malaver está por estos días celebrando los dos años de creación de la Unipep, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, que nació el 22 de abril de 2016, en virtud del Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las Farc. Lo paradójico es que cuando se creó ni siquiera se había firmado el Acuerdo de Paz. En ese momento apenas se habían acordado los borradores de los puntos de reforma agraria integral, participación política y solución para el narcotráfico.
Cuando este general, que integró el grupo de altos oficiales que estuvo en la negociación en La Habana, llegó a Bogotá con la idea de que la Policía se adelantara a cumplir las responsabilidades que tendría en el posconflicto, pocos le creyeron. Y se ríe contando que todavía guarda como recuerdo un concepto jurídico negativo para la creación de la Unipep. Admirado y respetado por algunos (comunidad internacional, excombatientes y un sector del Gobierno), criticado y apalaeado por otros, incluso dentro de un sector de la Fuerza Pública que lo tilda de traidor, no teme hablar de su convencimiento de las ventajas que trae la paz. Además de proteger al mecanismo tripartito que verificaba el cese del fuego, el general Pico les ha prestado seguridad a líderes de la Farc y es el encargado de mantener a buen recaudo las armas, ya inutilizadas, que dejó esa exguerrilla con las que se construirán los tres monumentos.
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¿Cómo nació la idea de crear la Unipep?
Cuando estábamos en La Habana nos dimos cuenta de que a la Policía se le asignaban responsabilidades en la implementación y en la dejación de armas y cese del fuego. Fue una propuesta nuestra, porque no queríamos que vinieran cuerpos de paz a garantizar la separación de fuerzas. Dijimos que esa seguridad de los observadores de la ONU debería darla la Policía; hubiera sido penoso que tuvieran que venir de otros países a protegerlos.
¿Cómo logró que aprobaran esa unidad cuando no había acuerdo?
Le explicamos al general Nieto los enormes desafíos que se venían para la Policía, que el acuerdo era irreversible y que había que actuar. No fue fácil. Se trataba de crear un área de operaciones para el cese del fuego, pero no teníamos cese del fuego; de crear un área de implementación de los acuerdos, ¿pero cuáles acuerdos?, me dijeron.
El acuerdo y su implementación están en entredicho hoy. ¿Cómo los ve usted?
Para nosotros el acuerdo no es letra muerta. La Constitución Política en su artículo 2 dice que la convivencia pacífica es el fin esencial del Estado; el artículo 22 dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y el 218 dice que a la Policía le corresponde garantizar que los ciudadanos hagan uso de sus derechos y libertades, y agrega que el fin último de la Policía es garantizar que los colombianos convivan en paz.
Pie de foto: Durante el cese al fuego y la dejación de armas, la Policía trabajó en conjunto con la ONU y las Farc en el proceso de Monitoreo y Verificación.
¿Por qué tan convencido de algo que hoy produce incertidumbre y polarización?
Me convencieron las estadísticas de los policías que dejaron de morir, y de los colombianos en general. De las 8 millones 600 mil víctimas que dejó el conflicto, 49.700 son policías; de los 240.000 muertos, 4.000 eran policías, tuvimos 818 secuestrados y aún tenemos 125 desaparecidos. La disminución de ataques y muertos es evidente; no hay forma de refutarlos. El que diga que eso no ha servido, está jodido. Antes de ir a La Habana fui director de la regional 7 que cubre Meta, Casanare, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés. En esa región veía a mis policías metidos en trincheras, con un chaleco antibalas, con un casco que les quedaba grande; estaban ahí cuidándose, y no cuidando a la comunidad. Lo digo sin cálculos, no importa si conviene o no: soy un convencido de las bondades de la paz.
¿Qué ha sido lo mejor de la Unipep en estos dos años?
El trabajo formidable de los carabineros en las 26 zonas veredales, hoy espacios territoriales. En Caño Indio, en Tibú, ellos son los profesores de la escuela. En diciembre se dieron cuenta de que los niños no llegaban a la escuela, entonces hicieron un trabajo con unos empresarios y les consiguieron bicicletas todoterreno a los 51 niños, hijos de excombatientes y de la comunidad. Son acciones pequeñas con impactos fuertes, imagínese eso en el Catatumbo. En Pondores están trabajando en los proyectos productivos con la comunidad y los excombatientes; en Mesetas, una policía enseña inglés. En Tumaco, la gente tiene angustia de que otra vez la policía se ponga casco, se arme y se atrinchere a cuidarse entre ellos mismos.
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La gran crítica al Estado es que no ha logrado copar espacios que dejaron las Farc, ¿qué han hecho ustedes?
Fuimos los encargados de llegar a las zonas de altísima influencia de las Farc, donde ni siquiera había llegado la institución. Teníamos una misión con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación para la dejación de armas y el cese del fuego. Se supone que esas zonas se acababan y nosotros salíamos, pero el Gobierno decidió que se convirtieran en espacios territoriales. Es imposible retirar a los policías, ya ganamos un espacio con la comunidad.
¿Qué labor cumplen ahora?
Ya no es la protección a la zona veredal, sino a la comunidad, porque esos espacios no son una cárcel para los excombatientes. Con el trabajo comunitario que hacemos en la vereda, y en las comunidades aledañas, ganamos confianza; en esas zonas es donde menos delictividad existe.
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Ahora hay 33 nuevos puntos de reagrupamiento de las Farc, ¿qué hacen ustedes ahí?
Se está evaluando esa situación, ellos piden que nos movamos, pero no alcanzaríamos. Nuestros comandantes consideran que debemos llevar una oferta no fija. Estoy convencido de que la solución no es más presencia militar y policial. La oferta del Estado debe ser más integral y debemos contar con la corresponsabilidad de la sociedad.
Pie de foto: La Policía ha llegado hasta los puntos que antes del acuerdo de paz estaban dominados por las Farc. "Los exmiembros de esa guerrilla nos han pedido que no les retiremos la protección de las autoridades", indica el general Pico Malaver.
¿Cómo les ha ido prestando protección a los líderes de las Farc?
Empezamos prestando protección para las salidas de los miembros de las Farc en las zonas veredales, pero lo seguimos haciendo porque había que garantizarles la seguridad mientras entraba la Unidad Nacional de Protección y mientras los excombatientes se capacitaban. Los acuerdos dicen que toda la protección pasará a la UNP. Pero la realidad ha sido diferente. Los jefes de las Farc han pedido que no les retiremos los policías. Se sienten seguros con nosotros, confían en nuestro profesionalismo. Todos los esquemas de protección tienen un enlace de la Policía.
¿Cuántos policías trabajan en la protección de las Farc?
En esquemas colectivos 26, en esquemas individuales 164, tenemos 226 beneficiarios, hay 338 contratistas (hombres de confianza) y 556 excombatientes. Hay un curso ahora de 259 de ellos.
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¿Cómo así que los jefes de las Farc prefieren que los cuide la Policía?
Al comienzo dijeron que no necesitaban nada, que ellos solos se cuidaban, hoy nos piden que no les retiremos los policías. Le doy un dato: el acuerdo creó una mesa técnica de garantías de seguridad en la que no estábamos nosotros; hoy la presidimos. Y fueron los jefes de las Farc los que decidieron dejar bajo nuestra custodia las armas después de la inutilización mientras se hacen los monumentos. Para nosotros ellos son una población especial objeto de protección. Estamos en las sedes, en las residencias. Ellos son obedientes y disciplinados.
Pero ya van más de 50 excombatientes asesinados...
Ninguno de los que tiene esquema nuestro ha sido asesinados. Nosotros creamos un cuerpo élite para adelantar esas investigaciones.
¿Qué proyectos tiene la Unipep en el tema de género?
Revisamos la ruta de atención de la Policía en violencias basadas en género y nos dimos cuenta de que somos revictimizadores, que no sabemos del tema, que no entendemos esas dinámicas, que estamos lejos de las víctimas. Y ni le cuento lo que encontramos si nos miramos por dentro. Por eso, con el Fondo Multidonante e Interpeace, arrancamos un proyecto en siete municipios que coinciden con las zonas veredales en La Guajira, Cesar, Cauca, Antioquia, Meta y Nariño para identificar y mejorar los canales de comunicación y la ruta para atender violencias basadas en género, específicamente en la ruralidad. Nuestro objetivo es aumentar la denuncia, mejorar nuestros currículos de formación y mejorar la movilidad en los territorios. Allá no se puede andar en la 4x4 con aire acondicionado. Vamos a incorporar carros multiterreno. Tenemos que llevar la oferta de atención a las víctimas. También haremos una revisión interna. Vamos a hacer lo que la Constitución indica y que no habíamos podido hacer por atender el conflicto.