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Si hay algo de lo que no se tienen muchas certezas con la llegada del gobierno de Iván Duque es el futuro de la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz de La Habana y la continuidad de los programas que se derivan de lo pactado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde el día de su posesión, Duque anunció que hará las “correcciones” necesarias en la materia, aunque no dijo en qué puntos específicos. Uno de ellos, y quizá el que más preocupa en los territorios, es el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, eje central del capítulo de la lucha contra las drogas y del desarrollo rural y un tema clave en la agenda nacional, sobre todo si se tiene en cuenta que las últimas cifras de monitoreo en el país dan cuenta de un alarmante incremento en las hectáreas cultivadas con coca. Mientras en 2016 el número de hectáreas cultivadas llegaba a 146.000, en 2017 alcanzó la cifra histórica de 209.000, lo que representa un incremento de cerca del 43 %, según cálculos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca.
De ahí que desde distintas organizaciones sociales se esté planteando la preocupación frente a la posibilidad de que en el nuevo gobierno no le den continuidad al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
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Y fueron los recientes pronunciamientos del ministro de Defensa, Guillermo Botero, los que detonaron la incertidumbre que reina en las organizaciones que participan en el programa, del cual ya hacen parte 124.745 familias de 14 departamentos del país. De acuerdo con Botero, la erradicación de este tipo de cultivos ya no será voluntaria sino obligatoria.
“Se acaba la erradicación voluntaria y se volverá obligatoria (...) las fumigaciones seguramente tendrán que hacerse, hay que leer claramente una sentencia de la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato (...) nos vamos a dedicar con tesón a la erradicación de cultivos ilícitos”, aseguró.
Por eso, diez organizaciones sociales que durante el gobierno Santos habían fungido como interlocutoras en temas de sustitución de cultivos, enviaron esta semana una carta al presidente Iván Duque para solicitarle mantener y acompañar el PNIS.
“Para nosotros resulta importante manifestarle que vemos con buenos ojos el PNIS, queremos que continúe y consideramos que ha contribuido a la reconciliación nacional, que, si el programa se implementara tal y como lo define el punto cuatro del Acuerdo, las comunidades rurales podrán por fin realizar el tránsito a otro tipo de economías lícitas”, señala la misiva que firman, entre otras organizaciones, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), la ONIC, Anzorc y la ANUC.
Sara Guarín, secretaria técnica de la Coccam, aseguró a El Espectador que existe gran incertidumbre sobre el futuro que el programa de sustitución de cultivos pueda tener en el nuevo gobierno, pues aún no tienen conocimiento, siquiera, sobre quién va a estar al frente de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, luego de que en días pasados Eduardo Díaz Uribe dejara el cargo.
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Aunque el PNIS tiene grandes dificultades en su ejecución y presenta fuertes rezagos frente a lo que en principio se proponía, las organizaciones vinculadas a él consideran que esta debe ser la ruta para continuar con la erradicación de cultivos de uso ilícito, es decir, de coca, marihuana y amapola.
Según cifras de la Dirección de Sustitución, de las 124.745 familias involucradas en el programa de sustitución, es decir, las que ya han surtido el primer paso de firmar acuerdos colectivos, 77.659 avanzaron hacia la firma de acuerdos individuales en los que declaran cuántas hectáreas tienen y se comprometen a su erradicación. De esas, 47.910 familias ya sustituyeron sus cultivos y, depende del departamento, están recibiendo los pagos que se habían acordado, los cuales son de $1’200.000.
Sin embargo, una de las grandes limitaciones del PNIS ha sido llevar la asistencia técnica a los territorios para apoyar los nuevos cultivos lícitos que siembren los campesinos. De hecho, de acuerdo con un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que ha hecho seguimiento al programa desde su inicio, a 31 de marzo pasado, sólo el 11 % de las familias que habían firmado acuerdos individuales contaban con asistencia técnica.
A eso se suma que la meta que había sido propuesta por el programa, de 50.000 hectáreas erradicadas en el primer año, se encuentra todavía lejana: a 31 de marzo, el proceso iba en el 44 %, es decir, 22.025 hectáreas en proceso de sustitución.
Otro gran problema del programa ha sido que parece no estar bien articulado con otras agencias estatales involucradas en el desarrollo rural, como es el caso de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según el Acuerdo de La Habana, el PNIS debía estar articulado además con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que también están avanzando en los territorios más afectados por el conflicto y el abandono estatal.
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De acuerdo con las organizaciones sociales involucradas con el programa de sustitución, si éste se implementa según lo pactado en el Acuerdo, en conjunto con los otros programas orientados al desarrollo rural, el problema de los cultivos de uso ilícito se vería reducido enormemente.
En caso de que el Gobierno Nacional tome la decisión de no mantener el programa, las organizaciones sociales han manifestado que probablemente los campesinos van a rechazar la erradicación obligatoria, pues no viene acompañada de las medidas necesarias para garantizar el tránsito hacia economías lícitas. Entretanto, las comunidades continúan en vilo, pues hasta el momento el gobierno Duque no se ha pronunciado frente a los reclamos de las organizaciones que piden continuar con la sustitución voluntaria de cultivos.