Un café producido por las víctimas de Mistrató (Risaralda)

La asociación de caficultores Asojardín, que congrega a 150 familias del municipio y sus veredas, de las cuales el 70 por ciento son víctimas del conflicto, se ha convertido en ese velón en el que han depositado la fe no solo el campesino, sino también las mujeres y los jóvenes, que sienten que con el café de la región el futuro tiene buen aroma.

Asojardín reúne a 150 familias, de las cuales el 70 por ciento son víctimas del conflicto. / Fotos: Cortesía Unidad para las Víctimas

Cuando se va llegando a Mistrató, en Risaralda, provoca hurtar ese paisaje que fluye ante la mirada. Con una pintura es insuficiente, con una polaroid, también. Lo más aconsejable es enhebrar en el alma algo de su ambiente. El raja yoga, el taichi o el qi gong serían aconsejables. No obstante, un café al borde de un balcón en alguna de sus veredas es una instantánea perdurable. Nadie creería que ese pueblo que semeja el croquis de una cruz en medio de una sucesión de montañas y cultivos hubiera sido mancillado por las correrías de las Farc-Ep y los paramilitares. Pero 7.672 personas en el Registro Único de Víctimas, de un total de 16.595 pobladores, hace pensar en el amargo café que durante varios años debieron tomarse en la región.

Desapariciones forzadas (63 víctimas), amenazas (263), homicidios (498 víctimas) y desplazamiento forzado (1.902), fueron algunos de los hechos victimizantes en el ocaso del siglo XX y en los albores del XXI, que evidencian el reino, casi inmarcesible, del terror en Mistrató y en las veredas aledañas, a saber, El Caucho, Pinar del Río, Génova, Dosquebradas, La Estrella, El Progreso, Bellavista, Miraflores, El Vergel, La Villada, La María, Río Arriba, Parte Bajo, Mampay, Playa Bonita, Nacederos, San Isidro, Barcinal, La Argentina, Quebrada Arriba, La Linda, Alto de Pueblo Rico, El Naranjo, El Terrero, Saquias, Jardín, Jardincito, La Esmeralda y la Aldea.

Para el 2011, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el casco urbano tenía 4.133 habitantes y la zona rural, 11.569. Es decir, casi el triple. Bien podría suponerse que esa diferencia se reproduce en cuanto al número de víctimas del conflicto armado. Y como en muchos lugares de la geografía nacional, el señalamiento como colaboracionista de la facción enemiga alimentó muchas cifras y estigmas.

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“Mi mamá trabajaba con el hospital, y como promotora de salud tenía un mayor margen de actuar, por lo que cualquier persona que llegara a la casa tenía que ser atendida fuera campesina, del Ejército o de la guerrilla, pero la gente no entendía, entonces las acusaciones venían de los dos bandos; por eso nos vimos en la necesidad de trasladarnos”, dice Wilton Mejía, víctima caficultora, de la vereda de Mampay, de la cual estuvo alejado nueve años.

 
 

También se ajusticiaba con la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, o mejor dicho, con la justicia retributiva de la guerrilla y su propia ley del monte: hombre por hombre, bando por bando: “Fui víctima de desplazamiento por haber prestado servicio militar, y si había estado dos años con el Ejército también debía estar dos años con la guerrilla, así que me dio miedo y me fui con mi familia por los lados de Medellín”, cuenta Edilson de Jesús Medina, caficultor que en realidad cumplió su servicio militar en el programa Soldados Campesinos, cuya finalidad estatal, según aclara, era reclutar los campesinos del mismo pueblo para que reconocieran a los subversivos.

Con la exigencia a Edilson se cumplía la mitad de esa ley: el bando por bando, pero la otra fracción, hombre por hombre, es tal vez más siniestra: si un hijo prestaba servicio militar, era obligatorio que otro hijo de la misma familia se incorporara a sus huestes clandestinas. Pero algunos tuvieron la osadía de enfrentar esta norma. “Mi tío se quedó en su finca a pesar de que tenía unos hijos a los que amenazaron de incorporarlos a las filas de la guerrilla que operaba allí, pero es que ellos consideraron que es mejor arriesgar que moverse, porque entenderá que desplazarse de un lugar a otro, construir una nueva vida y el sustento de la familia no es fácil”, confiesa Wilton.

Los agravios infligidos por estas hordas, en Mistrató y sus veredas, fueron de conocimiento periodístico: el frente Cacique Calarcá, del Eln, hostigó la estación de Polícía del municipio, en 1999; al año siguiente, las Farc copiaron el mismo accionar; en el 2001, las Farc y el Eln se valieron de invitaciones a jugar fútbol para reclutar a niños, niñas y adolescentes; en el 2002, pusieron una bomba en el Banco Agrario; entre el 2002 y el 2004, según cifras del Observatorio de DDHH de la Presidencia se registraron tasas superiores al promedio nacional; en el 2004, las Farc masacraron a cuatro civiles y un año después mataron a cinco soldados en un ataque a un pelotón; en el 2006, el Eln quemó una buseta en la vereda Nacederos; en el 2007, doce personas fueron privadas de su libertad por el Eln, acusadas de rebelión, pero la comunidad prefiere apostar a que eran falsos positivos y en el 2014, el comandante de la Policía resultó herido por un artefacto explosivo.

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Desterrados de los titulares quedaron las afectaciones colectivas que conllevó este accionar: la interrupción de las actividades económicas y agropecuarias por el desplazamiento masivo derivó en el deterioro de los ingresos familiares y de la seguridad alimentaria de la población, es decir, la ausencia de cosechas estropeó la comercialización de alimentos que se requerían en las mesas.

Y qué decir de la imposibilidad de transitar libremente por el territorio, de los homicidios y amenazas de los líderes políticos, de la ruptura del tejido social, de la pérdida de costumbres y de los cambios de las prácticas cotidianas.

A sembrar se dijo

No obstante, cuando la violencia y sus traumas mermaron, el caficultor no dudó en resucitar su tierra. Comprendió rápidamente que la mejor forma era en compañía, y por eso en Mistrató, en el 2011, nueve campesinos decidieron crear Asojardín, una sociedad cuyo propósito era mejorar la comercialización del café producido en la región. “Ahora somos 150 campesinos, lo que significa que somos 150 familias, de las cuales el 70 por ciento son víctimas del conflicto, que se reúnen bajo una sola marca”, comenta Edilson.

Debido a las violaciones a los derechos políticos, sociales y culturales de la población fueron reconocidos por la Unidad para las Víctimas como Sujetos de Reparación Colectiva (SRC), razón por la que gracias a un convenio entre la Unidad y las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se les entregó a la comunidad de Mistrató, en el 2018, el equipamiento completo de un laboratorio, un centro de almacenamiento de tostión y empaque de café, se realizó la adecuación de la Casa Campesina, en cabeza de la alcaldía municipal, y la entrega de equipos de cómputo y oficina para su adecuado funcionamiento.

 
 

Esta medida no solo beneficia directamente a las víctimas del conflicto, sus bondades se extienden a todo el municipio, y fortaleció a Asojardín, que produce la marca Arrayanes, cuyo nombre significa pueblo de loras, que ya comercializan con el apoyo del Fondo para la Reparación a Víctimas de la Unidad y la Federación Nacional de Cafeteros. “El proyecto ha tenido un impacto social con la posibilidad de que las personas que están ahí tengan como sentido de pertenencia y una esperanza en invertir allí su futuro”, declara Milton.

¡A comité!

Esa sensación de un mañana no fue solo patrimonio del campesino común y corriente, la percibieron los jóvenes y las mujeres, que con los ánimos erguidos se han convertido en cimientos sobre los que en el presente se forja ese porvenir.

“Surgió el comité de mujeres, con el que queríamos empoderarnos más que todo para poder sentirnos útiles, no depender de nadie, pues el esposo aunque ayuda mucho no le alcanza para sostenernos en todo; en cambio, con el trabajo de nosotras podemos ayudar al sostenimiento de nuestra familia, y también con la intención de sacar el café tostado para otros países”, afirma Omaira Cardona, a quien le asesinaron a su esposo, en 1991, cuando hacía un recorrido nocturno llevando campesinos a sus fincas, una muerte que nunca intuyeron porque no habían recibido ninguna amenaza de luto.

Para los jóvenes la cuestión presenta otro cariz, si bien algunos han preferido marcharse para la urbe, otros no soportan la turba citadina, y el futuro, tan incierto como el presente, se ha ido despejando gracias a la labor de Rodrigo Antonio Muñoz, de 26 años, muchacho desplazado del municipio El Dovio, en norte del Valle del Cauca, por las amenazas que recibió su padre, un tendero cuyo pecado fue vender bien sin mirar a quien.

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En un congreso nacional de jóvenes, un representante adulto de un gremio cafetero le reveló que había incentivos económicos para invertir en proyectos con la juventud, pero que infortunadamente esta no estaba organizada. Así que con este anuncio persuadió a varios coetáneos para formar parte del comité de jóvenes de Asojardín. “Les dije que había la oportunidad de realizar los proyectos con esas ayudas. Y la idea es tener nuestras fincas tecnificadas, y que esa es la oportunidad”.

Aunque el relevo generacional preocupa, el comité de jóvenes da parte de tranquilidad. Enumerar aquí las capacitaciones, los aprendizajes y los esfuerzos de Asojardín sería muy extenso. Lo más destacado en su proceso de producción y comercialización de café quizá es el valor que se le está dando a las mujeres, que han demostrado tener las faldas bien puestas. “Un campesino sin su apoyo en las labores del campo tiene menos productividad, y hay fincas administradas solo por mujeres o en las que ellas están a la vanguardia;”, destaca Wilton. Y si esa asociación piensa y trabaja de esa manera, su futuro tiene buen sabor y, al contrario del verso del poeta colombiano Juan Manuel Roca, esos hombres y mujeres desplazados poblarán las mesas de café.

*Periodista de la Unidad para las Víctimas.

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Érick González G.*

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